3 preguntas para entender la inédita denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo de Perú y las dudas sobre si es legal
El presidente Pedro Castillo ha denunciado que es víctima de una "nueva modalidad de golpe de Estado", pero la Fiscalía asegura que trata de hacer justicia tras un uso ilícito de las facultades presidenciales.
Pedro Castillo, presidente de Perú. Crédito: Getty Images
Perú atraviesa una nueva crisis política, después de que la fiscal general del país, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por liderar una supuesta organización criminal, entre otros cargos.
Castillo ha negado “rotundamente” las acusaciones presentadas al Congreso y acusó a la Fiscalía de actuar “políticamente”, alegando que no tienen pruebas en su contra.
Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo ni abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de “persecución política”.
El presidente incluso fue más allá y tildó de “nueva modalidad de golpe de Estado” la denuncia, que también va contra los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
Pero la fiscalía la defiende y afirma que está tratando de hacer justicia tras un uso ilícito de las facultades presidenciales.
Al margen de si Castillo es o no culpable de los delitos que se le imputan, diversas voces, entre ellos destacados juristas, han cuestionado la legalidad del proceso que sigue ahora y por el que el Congreso pueda apartar a Castillo del poder.
El politólogo peruano Omar Awapara califica la situación que vive su país como delicada e inédita.
“Es inédito que un presidente en función tenga seis investigaciones abiertas y también es inédito que se haya presentado una denuncia constitucional contra un presidente en funciones”, afirma.
“Todo lo que estamos viviendo es relativamente inédito. Especialmente en lo que se refiere a la judicialización de la política y la participación más activa de órganos judiciales en un conflicto de este tipo”.
Aquí te resumimos en 3 claves la nueva crisis política que vive el país sudamericano.
1. ¿Qué es una acusación constitucional?
Según la Fiscalía, una denuncia constitucional es un procedimiento que permite determinar si personas con inmunidad (como el presidente y los congresistas) han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones, como abuso de autoridad o corrupción.
Se trata de la primera vez en Perú que se utiliza la figura contra un presidente en función.
Pero el gobierno peruano asegura que la iniciativa actual va contra la Constitución.
El ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Félix Chero, denunció que hay un “plan sistemático para sacar al presidente Pedro Castillo del cargo”.
Chero citó el artículo 117 de la Constitución peruana para explicar que las investigaciones a las que Castillo ha sido sometido no son causales suficientes para acusar al presidente.
El politólogo peruano Omar Awapara defiende este punto. “La Fiscalía puede investigar, pero no puede acusar al presidente salvo por casos muy puntuales, que no se cumplen ahora”, asegura.
El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de Perú solo puede ser acusado durante su periodo por estos causales: traición a la patria, impedir elecciones de cualquier tipo y disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el artículo 134.
Según la Carta Magna peruana, el presidente también podría ser acusado por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Los juristas consultados por BBC Mundo coincidieron en que la Constitución impide acusar a Castillo de delitos que no están contemplados en el artículo 117.
Para Domingo García Belaúnde, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión Constitucional del Congreso peruano, “lo más probable es que este denuncia se archive hasta que el presidente deje de serlo”.
En la misma línea se manifestó Omar Cairo, profesor del Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Política del Perú, para quien “la denuncia es inconstitucional porque la Fiscalía está buscando que se enjuicie al presidente por delitos que no se contemplan en el artículo 117”.
Pero la Fiscalía argumenta que la denuncia está amparada por el artículo 99 de la Constitución peruana, que faculta al Congreso para acusar al presidente y otros altos funcionarios de “todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”, y por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Fiscalía y los detractores de Castillo afirman que la protección constitucional del presidente no puede servir para amparar prácticas de corrupción.
García Belaúnde cree que, aunque no prospere en el Congreso, la denuncia presentada por la fiscal “tiene un impacto político tremendo porque cada vez hay más indicios de una corrupción generalizada”.
2. ¿Por qué se usa ahora?
La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo, que van desde ascensos en las fuerzas armadas hasta obras presuntamente adjudicadas de manera ilícita.
El presidente peruano y sus defensores insisten en que no hay pruebas.
Pero la Fiscalía dice haber encontrado “muy graves y reveladores indicios” de la existencia de una red criminal liderada por Castillo en el gobierno y acusa a sus supuestos integrantes de llevar a cabo “una feroz obstrucción a la justicia”.
Castillo fue criticado a finales de agosto por reemplazar la cúpula de la Policía Nacional, después de que efectivos anticorrupción y fiscales allanaran la sede de gobierno en búsqueda de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, acusada por el Ministerio Público de formar parte de la red de corrupción supuestamente liderada por el propio presidente y su esposa, Lilia Paredes.
“Los intentos del gobierno de que esto no avance y las acciones de obstrucción a la justicia han servido un poco como pretexto para acusar al presidente ahora”, explica el politólogo Omar Awapara.
3. ¿Qué sigue ahora?
Tras la presentación de la denuncia constitucional por la Fiscalía, esta deberá ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá abrir una investigación y elaborar un informe.
Si la Subcomisión admite la acusación contra el presidente, se iniciará un proceso en el que será convocado a la cámara legislativa para que presente su defensa. La Fiscalía, como denunciante, así como los peritos y testigos también participarán.
El informe emitido por el Congreso deberá posteriormente ser sometido a votación y para que avance tendría que obtener más de la mitad de los votos de los congresistas.
De resultar aprobado, la fiscal podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Awapara duda que la denuncia llegue a ser votada en el Congreso y si llega a ese punto, no cree que la aprueben.
“Es un intento de darle un golpe fuerte y efectivo contra el presidente para lograr convencer a los congresistas que hasta ahora no han votado por la vacancia presidencial a que lo hagan. Pero no creo que haya funcionado“, asegura.
Sin embargo, el profesor Cairo señala una tercera vía que podría conducir a la caída de Castillo sin implicar necesariamente una acusación penal.
“El artículo 100 de la Constitución permite abrir un juicio político al presidente, no por un delito, sino por una infracción constitucional, como por ejemplo no cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, como le manda la Carta Magna.
La Fiscalía sostiene que Castillo ha entorpecido las investigaciones, pero para que una iniciativa de este cariz prosperara se requeriría que votaran a favor dos tercios de los congresistas, mientras que la vía iniciada por la denuncia de la Fiscalía solo precisa del voto de la mitad más uno.
En el último año, el Congreso peruano ha iniciado dos procesos de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, quien asumió el cargo hace apenas un año y tres meses.
En ninguno de los dos procesos se ha logrado reunir la mayoría calificada correspondiente a dos tercios del total de 130 congresistas, o 87 votos a favor, para destituir al presidente.
“La Constitución defiende al presidente, pero muchos creen que quizá esto se trate de una jugada política de la oposición para acumular votos para una vacancia”, opina Awapara.
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