Negar vivienda a quienes salen de prisión se ha convertido en una forma de racismo

Hasta ahora en California las personas que cumplen sentencias enfrentan el obstáculo adicional de que se les niegue a ellas y a sus familias el derecho de rentar o comprar vivienda, una medida que, de acuerdo con la asambleísta Tina McKinnor, los propietarios han usado como una medida racista contra personas de color, principalmente latinos y afroamericanos.

“Es un racismo sistémico; es una forma de excluir a las personas de color para que no vivan en sus edificios de apartamentos, para que no vivan en sus en sus comunidades”, dijo el asambleísta McKinnor.

“La crisis de vivienda de California se ha visto agravada por políticas que marginan aún más a los residentes negros y morenos”, agregó.

Por un lado las personas liberadas enfrentan la falta de documentos básicos, pero, por otro, la medida que prohíbe rentar a ex convictos hace obligatorio que las personas desalojen vivienda, tanto quienes cumplieron sentencia como sus familias.

De acuerdo con una investigación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, los inquilinos negros tenían casi cuatro veces más probabilidades, y los inquilinos latinos tenían un 29 por ciento más de probabilidades de ser desalojados obligatoriamente bajo vecindarios libres de crimen en el área de Hesperia que los inquilinos blancos.

Curtis pasó 30 años en prisión en California y platicó que los problemas para conseguir vivienda comienzan mucho antes de salir en libertad.

El hombre afroamericano dijo que “la única identificación que tenía en el momento de mi liberación era una tarjeta de identificación de la prisión. También me proporcionaron documentos de mi agente de libertad condicional que prueban mi identidad, pero el DMV me negó una identificación”.

“Me tomó aproximadamente nueve meses poder obtener una identificación de California. Mientras tanto, al no tener una identificación, perdí numerosas oportunidades de trabajo, no pude abrir una cuenta bancaria y mi oficina de libertad condicional me impidió viajar para ver a familiares”, dijo Curtis a quien ayudó la organización, Root & Rebound.

Pero carecer de posibilidades de vivienda extiende el castigo que ya pagó Curtis, de acuerdo con la legisladora McKinnor.

Dijo que la medida que impide a las personas de color rentar al salir libres simplemente ha sido mal redactada, voluntaria o accidentalmente, y. como está ahora, niega vivienda a ex convictos de ambos grupos étnicos y sus familias bajo la excusa de establecer vecindarios ‘libres de delincuencia”.

“Todos los californianos queremos vivir en un vecindarios seguros, sin embargo, durante demasiados años, la aplicación de vivienda ‘libres de delincuencia’ no han reducido la delincuencia, ni aumentado la disponibilidad de viviendas, ni aumentado las ha hecho más accesibles”, dijo la legisladora.

McKinnor presentó su propuesta de ley AB1418, que de aprobarse eliminará la medida de presuntos vecindarios “libres de delincuencia”.

Carmen García, la directora ejecutiva de Root & Rebound, explicó que muchos de los problemas que enfrentan las personas al salir de prisión se deben a que no tienen acceso a documentos básicos como el registro de nacimiento, para que el sistema de prisiones les entregue al liberarlos uno identificación que confirma que ya pagaron su sentencia.

Sin esa identificación de prisiones, las personas liberadas no pueden encontrar vivienda, trabajo o servicios básicos. Pero la medida que más les afecta es la de vecindarios “libres de crimen”, dijo García.

La activista dijo que otros estados han aprobado leyes que permiten a las personas que salen de prisión llevar lo mejor que puedan una vida normal, entre ellos Illinois, Oregón, Michigan y Nueva Jersey.

La propuesta de la asambleísta McKinnor será presentada en la legislatura en la primavera y desde ahora promueve el apoyo de otros legisladores.

La AB1418 propone que los gobiernos locales en California dejen de alentar la medida de vecindarios “libres de crimen”, que solo afecta directamente a las personas que sentencias en prisión.

“El proyecto de ley prohibiría que un gobierno local exija o aliente a un propietario a realizar una verificación de antecedentes penales de un inquilino o posible inquilino, o que desaloje o sancione a un inquilino debido a la asociación del inquilino con otro inquilino o miembro del hogar que tiene una condena penal”, dice el texto de la propuesta AB1418.

McKinnor quiere que lo que rija la disposición de renta o compra de viviendas para personas ex convictas sea una norma estatal, para que los gobiernos locales dejen de aplicar vecindarios “libres de crimen”.

“Al imponer nuevos deberes a los gobiernos locales, este proyecto de ley impondría un programa local exigido por el estado”, dice el texto.