Por qué la ley SB 1718 no sólo afecta a los inmigrantes, sino a cualquiera en Florida

La SB 1718, la dura ley antiinmigrante que promulgó el gobernador de Florida Ron DeSantis y que entrará en vigor el próximo 1 de julio en ese estado, no solamente penaliza a los inmigrantes indocumentados, sino a cualquier residente del estado que viole las restricciones que impone, señaló la American Immigration Lawyers Association (AILA) en un reciente artículo.

La estricta legislación estatal que es la Ley SB 1718, entre otras disposiciones, limita los servicios sociales para inmigrantes indocumentados, asigna millones de dólares de impuestos adicionales para ampliar el programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis, invalida las licencias de conducir emitidas por otros estados a personas indocumentadas y exige que los hospitales que reciben dólares de Medicaid soliciten el estatus migratorio de un paciente, además de imponer el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de cualquier trabajador.

Pero las medidas más preocupantes, tanto para las empresas como para los inmigrantes indocumentados, son las sanciones para quienes violen los nuevos mandatos de la SB 1718.

Hacer cumplir la regla de contratación

Para tomar medidas enérgicas contra las empresas que contratan trabajadores indocumentados, la SB 1718 requerirá que los empleadores privados con 25 o más empleados que contraten a nuevos empleados usen E-Verify, la base de datos federal en línea que los empleadores usan para confirmar si alguien es elegible para trabajar en EE.UU.

El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida será responsable de hacer cumplir el requisito de E-Verify y DeSantis ha implementado sanciones nuevas y severas para los empleadores que lo violen.

Un gráfico en el sitio web del gobernador indica que los empleadores que no usen E-Verify serán multados con $1,000 dólares por día. Para los trabajadores, será un delito grave usar una identificación falsa para conseguir un trabajo.

Otras sanciones son: exigir el reembolso de cualquier incentivo de desarrollo económico; colocar a un empleador en período de prueba por un período de un año con informes trimestrales requeridos para demostrar el cumplimiento; o si se produce una infracción dentro de los 24 meses posteriores a una infracción anterior, la revocación o suspensión de las licencias estatales correspondientes.

Redefine el tráfico de personas

Según la nueva ley, una persona que transporta a Florida a alguien que sabe (o debería haber sabido) que es un inmigrante indocumentado, podría ser acusada de un delito grave de tráfico de personas.

Una persona que se encuentre transportando a menos de cinco inmigrantes en su primera ofensa podría ser acusada de un delito grave de tercer grado. Esto implica que pueden ser sentenciados a hasta cinco años de prisión por persona o pagar una multa de $5,000 dólares por cada persona indocumentada que transporten, con penas que aumentan dramáticamente por una ofensa posterior o por transportar a más personas o niños.

Pero, una implicación mucho más seria es que la SB 1718 amplía el alcance del estatuto RICO de Florida (Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos) para incluir el “tráfico de personas” como “una actividad de crimen organizado” que podría convertirse en la base para un delito de crimen organizado (requiere un patrón de actividad de crimen organizado) que es un delito grave de primer grado que puede sancionarse con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000 dólares, según AILA.

Declara ilegales las licencias de conducción para indocumentados

La nueva ley SB 1718 declara que las licencias de conducción de fuera de Florida son “inválidas” si se emiten “exclusivamente a inmigrantes indocumentados que no pueden demostrar su presencia legal en los Estados Unidos cuando se emiten las licencias”.

Los tipos de licencias que no son válidas según la ley también incluyen aquellas que son similares a las licencias de conducir de residentes legales y ciudadanos, como las tarjetas de identificación estatales si “tienen marcas que establecen que el titular de la licencia no ejerció la opción de proporcionar prueba de presencia legal”, lo cual implica que sólo serían legales con los estándares de seguridad como tarjetas de identificación establecidos por la Ley REAL ID.

Si la policía detiene a alguien con una de esas licencias, la ley instruye a los oficiales a emitir una citación por conducir sin licencia.

Ese es un delito menor de segundo grado en Florida, que se castiga con una multa de hasta $500 dólares o hasta 60 días de cárcel.

Diecinueve estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que permiten a los inmigrantes conducir legalmente, incluso si no están autorizados a estar en el país, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Cuál será el impacto en Florida

Aunque no se puede aún cuantificar aún el impacto total que tendrá la SB 1718 en los residentes de Florida puesto que aún no ha entrado en vigor, expertos estiman que es probable que su impacto en la economía del estado sea devastador.

Un informe de 2019 del Instituto de Política Migratoria estimó que hay más de 700,000 personas indocumentadas en la fuerza laboral de Florida y que casi uno de cada cuatro trabajadores en la industria de la construcción son indocumentados.

De manera similar, un informe de 2021 del New American Economy Research Fund indicó que aproximadamente el 42% de los trabajadores agrícolas de Florida son indocumentados.

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