Crean primera unidad de justicia laboral en Los Ángeles
El fiscal del condado de LA buscan acabar con el robo de salario contra comunidades vulnerables
El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció este miércoles la primera unidad de justicia laboral del condado en una conferencia de prensa, donde aseguró que se contará con personal que se ha esforzado para ponerle un fin al robo de salario y a la explotación laboral.
Gascón destacó que el robo de salarios es un problema internacional y que afecta a toda la comunidad. Aunque la gente más afectada son los trabajadores que reciben pagos y beneficios muy bajos, dijo que todos los miembros de la comunidad sufren las consecuencias porque no se recaudan los impuestos sobre la nómina. El fiscal explicó que algunas de estas consecuencias incluyen el no tener suficiente dinero para nuevas infraestructuras, compensaciones laborales, servicios médicos y otras desigualdades.
Un comunicado de La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles dijo que, según los estudios, más de 8 billones de dólares son robados de los trabajadores cada año, lo que lo convierte en una preocupación económica significativa. Explicó que el robo de salarios puede ocurrir en formas distintas como el no pagar las horas extras, violar el salario mínimo, negar beneficios y otras irregularidades.
“Los Ángeles sigue siendo la capital del robo de salarios en todo el país”, resaltó el fiscal. “Esta unidad histórica va a permitir que la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles tome acción en contra de los crímenes financieros que afectan a los angelinos trabajadores y a sus familias”.
Tras ser implementada, el fiscal anunció que la unidad logró identificar dos dueños de negocios de prendas en el sur de Los Ángeles, Soon Ae Park y Lawrence Gi Lee, que fueron acusados de robar el salario de sus empleados. Gascón agregó que Park es acusado de robarles el salario a dos empleados, mientras que Lee tiene tres cargos de perjurio.
Según La Oficina del Fiscal, los empleados de Park y Lee no recibían un salario mínimo, enfatizaron que, aunque los trabajadores cumplían con 55 horas de trabajo a la semana, no recibían un pago extra por sus horas de labor.
Después de pagar un acuerdo a los trabajadores por el robo de sus salarios, la oficina del fiscal dijo que Park y Lee falsificaron un documento que aseguraba que nunca habían sido acusados por violar las leyes laborales del Departamento de Relaciones Industriales.
“Los dueños de estos negocios sabían lo que estaban haciendo e intencionalmente les negaron a sus trabajadores el salario que les corresponde”, dijo la comisaria de labor del estado, Lilia García-Brower. “Les pagaban hasta seis dólares la hora. Estos empresarios actuaron mal, abusaron de sus trabajadores, defraudaron el sistema y no deberían seguir al frente de un negocio”.
La comisaria explicó que Los Ángeles es el centro para la industria de la moda y que hay más de 30,000 personas trabajando en ese sector. Sin embargo, es un área donde existen violaciones de leyes laborales. “La mayoría de la gente que trabaja en esta área son mujeres, migrantes que no hablan inglés –la mayoría hablan español o algún idioma asiático o indígena”, agregó García-Brower.
Según la oficina del fiscal, la diversidad de trabajadores en el condado de Los Ángeles la convierte en un lugar vulnerable para que sucedan estos crímenes, ya que la mayoría de los trabajadores hablan otro idioma, no conocen sus derechos laborales o temen ser rechazados por sus empleadores.
El no hablar inglés crea una barrera para los trabajadores ya que puede ser complicado para ellos entender sus derechos como trabajadores, dijo la comisaria. Agregó que su oficina va a trabajar en unión con La Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles para defender los derechos de la gente trabajadora.
“El estado de California necesita más persecuciones criminales por la violación de leyes laborales para proteger a los trabajadores del robo de sus salarios y a los dueños de negocios honestos de competencias injustas”, enfatizó García-Brower. “Mi oficina y la oficina del fiscal trabajaron juntas para hacer que los perpetradores se hagan responsables”.