Administradora asistente demanda a la Ciudad de Montebello por represalias

Arlene Salazar, administradora asistente de Montebello demandó a esta ciudad por abuso de poder, represalias y discriminación de género en su contra. Como consecuencia de las quejas interpuestas, fue colocada en una suspensión administrativa desde junio.

De acuerdo a la demanda, en agosto de 2019, Salazar fue contratada por la Ciudad de Montebello, y con regularidad recibía evaluaciones excelentes sobre su trabajo.  

Sin embargo, establece que la Ciudad se ha propuesto dañar la carrera de la demandante porque ella se enfrentó al abuso de poder, rechazó propuestas que habrían constituido un gran desperdicio de fondos municipales, se opuso a la discriminación de género y la discriminación racial contra los empleados.

La querella indica que los problemas comenzaron cuando se negó a recibir órdenes del concejal David Torres ya que los reglamentos de la Ciudad señalan que los empleados no pueden atender instrucciones directas de los concejales sino de los jefes de los departamentos.

“A pesar de la claridad en el lenguaje, en numerosas ocasiones entre 2019 y 2021, Torres intentó pasar por encima del administrador René Bobadilla para darle órdenes o requerirles instrucciones a Salazar lo que repetidamente la ponía en una situación difícil”.

Por tanto, se menciona que la demandante se negó a cooperar con el concejal Torres, ya que esto habría resultado en una violación de las regulaciones, reglas y estatus de la ciudad de Montebello.

Como resultado de esta conducta y otras quejas contra Torres, la Ciudad de Montebello se vio obligada a comisionar una investigación.

“Los investigadores encontraron múltiples acusaciones de mala conducta contra Torres y los resultados de una amplia investigación fueron presentados en mayo de 2022 en una junta pública del Concejo en la que Torres estaba presente”, se indica en el documento.

Según la demanda, después de esa fecha, el concejal se dedicó a humillar y reprender a Martínez en infinidad de ocasiones.

Algo que le causó conflictos adicionales fue que alrededor de 2023, la demandada informó al Concejo que hacer un contrato con la empresa Infraestructure Engineers resultaría en una pérdida de fondos públicos debido a sus pobres antecedentes.

Como resultado, el 26 de junio, el abogado de la ciudad, Arnold Glasman y el administrador Raúl Álvarez le dieron una suspensión administrativa a Salazar, y lo hicieron durante una reunión de Zoom donde estaban presentes funcionarios municipales y del condado. 

Además en noviembre de 2023, Michael Chee, quien era el director de asuntos públicos e información tecnológica presentó una queja contra la Ciudad por haber sido despedido, luego de que los concejales Torres, Scarlet Peralta y Georgina Tamayo votaron para eliminarlo de su puesto. Chee en su momento alegó que dicha acción era una represalia bajo el Código de Trabajo de California. 

Cabe decir que Martínez era testigo en la queja de Chee, y se pensaba que podía declarar a su favor.

En noviembre de 2023, Raúl Álvarez se convirtió en el administrador de Montebello.

“En sus primeros meses, Álvarez tomó acciones para marginar y expulsar a muchas mujeres en posiciones ejecutivas incluyendo a la demandante”, dice la querella.

A partir de enero de este año, Salazar fue progresivamente echa a un lado de sus funciones, lo que incluyo no permitirle el acceso a las juntas,  lo que dificultaba cumplir con sus responsabilidades.

Con base en la demanda, la funcionaria también expresó sus preocupaciones por su trabajo luego de que en marzo, dos empleadas ejecutivas fueron eliminadas de sus cargos, una despedida y la otra puesta en suspensión administrativa. Ambas son afroamericanas.

También el gerente de la ciudad le notificó a Salazar y a otros empleados que no podían participar en clubes de servicio comunitario como el Club Rotario a menos que tuvieran su permiso.

“El momento para darle la suspensión administrativa a (la demandante) fue orquestado cuidadosamente para humillarla y dañar su reputación fuera de la ciudad”, indica la querella.

Desde entonces, la Ciudad – se indica – ha estado activamente buscando pretextos para justificar la suspensión administrativa e intentar despedir a Salazar.

“Muchas mujeres no están trabajando en puestos ejecutivos ahora. Todas han sido despedidas. Yo empecé a sentirme incómoda en un ambiente laboral muy hostil, a partir de las acciones del nuevo administrador por alienarme, pero quién estaba detrás es el concejal Torres”, dijo Salazar a La Opinión. 

Afirmó que se quejó al Departamento de Recursos Humanos, porque era el único recurso para poner una queja.

“Yo he trabajado en gobiernos locales por 30 años. Tengo mucha experiencia y terminar mi carrera así, es muy difícil para mi. Yo lo que quiero es que las mujeres trabajen a gusto en Montebello, y estoy esperando qué va a pasar conmigo”.

Agregó que esta clase de abusos pasan en todo California, pero en Montebello ha sido histórico ver a muchos empleados que han sido separados de sus cargos cuando denuncian alguna irregularidad.

La Opinión ha pedido un comentario al abogado de la Ciudad sobre la querella así como al concejal Torres involucrado en la demanda.

En una publicación en Instagram, el concejal publicó en septiembre que las quejas habían expirado. 

“¿OMG escuchaste? 17 testigos, 8 quejas de acoso y 0 demandas”.