Cuestionan participación de LAPD con agencias de immigración

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lanzaron gases lacrimógenos en un departamento del sur centro de Los Ángeles donde dormían al menos cinco niños, miembros de una familia de Guatemala. 

Supuestamente, los agentes buscaban arrestar un hombre que participaba en actividades de tráfico humano. Al final, se llevaron a un hombre equivocado, según el testimonio de familiares de “Ricardo”. 

En este operativo, que forma parte del arresto para deportación de personas con historial delictivo, según las ordenes ejecutivas del presidente Donald Trump, fue evidente la participación de agentes y patrullas de la Estación Newton, del Departamento de Policia de Los Ángeles. 

Este hecho provocó que de inmediato los concejales Eunisses Hernández y Curren Price Jr. hayan solicitado una explicación al jefe de policía, Jim McDonnell, y emitieron una moción para que el LAPD emita un reporte sobre los protocolos y procesos sobre los derechos de los constituyentes de todos los sucesos acontecidos el 28 de febrero de 2025. 

“Es profundamente preocupante escuchar que una familia en mi distrito fue tratada con tal desprecio y falta de respeto”, declaró a La Opinión, el concejal Price Jr. “Nadie debería tener que soportar este tipo de trauma e impotencia; es completamente inaceptable. Para muchos, esta es una realidad dolorosa y refuerza la necesidad urgente de que nuestra ciudad haga más. Ahora más que nunca, debemos fortalecer nuestro compromiso con las comunidades de inmigrantes ampliando el apoyo legal, educativo y financiero”. 

“En el distrito 9, continuaremos apoyando a nuestras familias y asegurándonos de que se sientan seguras, valoradas y protegidas”. 

Violencia inusitada de HSI 

La señora “Gaby” era presa de un ataque de pánico; su cuerpo temblaba de miedo ya que, por la mañana del viernes, agentes federales de HSI entraron con lujo de violencia a su hogar. 

Los agentes rompieron el candado de la casa, se metieron a la fuerza, no le mostraron una orden de cateo legal, forzaron y despedazaron la puerta de entrada y rompieron los vidrios de las ventanas. 

Como nadie abrió la puerta de la casa, los agentes rompieron el candado de la cerca con herramientas especiales 

“Solamente traían un papel en blanco, con la dirección, pero el documento no tenía ningún nombre”, dijo a La Opinión, “Ricardo”, un familiar de “Alex”, a quien los agentes federales confundieron con “Elmer”, un presunto colaborador de una red de tráfico humano. 

La Opinión pudo constatar que los agentes arrasaron el interior del departamento; destruyeron la puerta principal e hicieron añicos las ventanas. Había vidrios esparcidos por todas partes.  

Los niños y familiares de “Alex” tenían rostros llenos de pánico. 

“Cuando [activistas de la Coalición Comunitaria de Autodefensa] comenzaron a grabar la presunta redada de inmigración se fueron”, dijo “Ricardo”, un inmigrante originario de Totonicapán, Guatemala, cuya esposa es prima del hombre que fue arrestado por agentes de HSI  

Como reguero de pólvora corrió el rumor de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaban realizando una redada de personas, en el vecindario de la calle 41 y Avalon, en el sur centro de Los Ángeles. Habían llegado al barrio desde las 4:00 a.m. 

Según el video que dirigentes de la organización Unión del Barrio publicaron en su cuenta de Facebook, patrulleros y agentes del LAPD bloquearon el tráfico vehicular, corrieron del área a los activistas comunitarios y acordonaron la zona. 

“Todo el operativo fue protegido en colaboración con la policía”, dijo Ron Góchez, director ejecutivo de Unión del Barrio. “Fue más que obvio que están coludidos. Eso ya lo sabíamos. A nosotros nos sacaron del área y uno de los policías me encaró cuando yo le decía a la familia que no firmara ningún papel a nadie”. 

El hombre que buscaban está en Guatemala 

De acuerdo con el relato de “Ricardo”, “aunque se cuentan muchas cosas”, en la casa marcada con el número 466 de la calle 41, dejaban gente que era traficada desde Guatemala. 

“A los que vienen de allá [de Guatemala], los dejan por estas áreas del sur centro”, declaró a La Opinión. “Creo que, más o menos lo que [“Elmer’] hacía era mantenerlos en la casa, y los ayudaba para se reunieran con sus familias, pero él no es un traficante de personas”. 

“Ricardo” explicó que a “Elmer” ya le habían advertido “dos o tres veces” que no ayudara a nadie. En consecuencia, decidió irse a su país para evitar problemas. 

“A veces venían a vigilarlo, pero él ya está allá [en Guatemala]”, afirmó. “Por eso digo que se equivocaron y arrestaron a la persona incorrecta”. 

Pánico entre los niños mientras dormían 

El inmigrante centroamericano manifestó sentirse sorprendido “por la brutalidad” con la que actuaron los agentes de HSI. 

“Obviamente que nos sorprende a todos, porque los niños estaban dormidos cuando se escuchó el boom [estruendo] del gas lacrimógeno que lanzaron”, describió “Ricardo”, quien informó que el hombre de 35 años que fue arrestado es padre de tres niños, pero en la casa había otros dos, y ahora todos están traumatizados completamente”. 

En efecto, los menores temblaban de miedo cada vez que una persona extraña ingresaba a su departamento. Algunos eran entretenidos con juegos de video en celulares de los adultos. 

La familia de Guatemala estaría en contacto con un abogado para tomar acción legal en contra de las autoridades que arrestaron al hombre presuntamente equivocado y por el terror que causaron en los menores. 

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, entre el 20 de enero y el 8 de febrero han sido arrestadas 11,791 personas, en comparación con 4,969 del mismo periodo, durante la administración del expresidente Joe Biden. 

¿Traición a la confianza de los inmigrantes? 

“Nuestra oficina está al tanto de informes de actividad generalizada de ICE en Los Ángeles. También hemos escuchado informes de que se ha visto a LAPD en las cercanías de las operaciones de ICE”, declaró el concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los proponentes de la “Ciudad santuario” para Los Ángeles. 

Soto-Martínez (Distrito 13) indicó que tanto la Ley de Ciudad Santuario de Los Ángeles como la Orden Especial 40 del LAPD prohíben al personal de la ciudad, incluido el LAPD, coordinar [cualquier participación] con las autoridades federales de inmigración.  

“Cualquier violación de estas políticas no sólo violaría la ley, sino que también traicionaría la confianza de nuestras comunidades de inmigrantes. 

El concejal respaldo una moción que presentaron sus homólogos, Eunisses Hernández (Distrito 1) y Curren Price Jr. (Distrito 9), solicitando un informe completo sobre cualquier participación del LAPD en los operativos de agentes federales. 

Zachary Seidl, portavoz de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió la siguiente declaración: “LAPD estuvo presente debido a una orden de arresto relacionada con un sospechoso buscado por trata de personas. La Ciudad de Los Ángeles, incluida LAPD, no asiste a ICE ni a ninguna agencia federal en la ejecución de medidas de inmigración civil y no lo ha hecho durante décadas bajo la Orden Especial 40”. 

“Nadie debe vivir con miedo debido a su estatus migratorio, y Los Ángeles continuará uniéndose en solidaridad”, añadió. “La oficina de la alcaldesa está en coordinación con grupos comunitarios locales y socios para garantizar que se brinde apoyo a las comunidades vulnerables. Cualquier pregunta relacionada con un asunto de inmigración civil relacionado con esa operación debe ser dirigida al Departamento de Seguridad Nacional”. 

Precisamente, el DHS ni ICE respondieron al uso de gases lacrimógenos lanzados al interior del departamento de la familia guatemaltecas. 

“Abuso contra la comunidad inmigrante” 

Eunisses Hernández, una de las más fuertes defensoras de los inmigrantes en el Ayuntamiento de Los Ángeles, reconoció que la comunidad debe tomar acción y resistir los embates de las redadas que han aumentado en todos los distritos de la ciudad, 

“Es importante levantarnos, pero la gente también debe conocer sus derechos, y ese es el trabajo que estamos haciendo”, dijo Hernández a La Opinión, quien el jueves por la noche tuvo una sesión informativa en el Distrito 1 con más de un centenar de personas, incluyendo jóvenes padres de familia. 

Aunque ella no tuvo detalles sobre el operativo de HSI ocurrido en la calle 41 y Avalon, donde los agentes lanzaron gases lacrimógenos, cuando en el interior del del departamento había niños, respondió que, “como ser humano, esa situación no me parece correcta”. 

“Hay leyes que gobiernan esos tipos de acción, pero lo que estamos viendo ahorita es que las reglas y las leyes no están ahí para proteger a nuestras comunidades migrantes y estamos viendo que no importa si dicen que van a empezar con un grupo de migrantes [con historial delictivo]”, dijo. “La gente tiene que entender que están diciendo que van a venir por un grupo, pero lo que van a hacer es venir por todos, [sobre todo] cuando se están administrando estas operaciones de esta manera. Para mí, es un abuso contra la comunidad migrante”. 

La moción de los concejales Hernández y Price Jr. 

En la búsqueda de respuestas a la participación de agentes y patrullas del LAPD en los operativos de HSI o de ICE, la concejal Eunisses Hernández presentó una moción, cuyo coautor es su colega, el concejal Curren Price Jr. 

La moción indica que, en diciembre de 2024, Los Ángeles se convirtió en Ciudad Santuario. 

“Esta política importante se dispuso con el propósito de limitar significativamente el uso de recursos de la ciudad para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración, incluyendo el apoyo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP)”. 

Añade que el 28 de febrero de 2025, reportes de la prensa y miembros de la comunidad ensenaron que LAPD estuvo presente en múltiples operaciones federales en todo Los Ángeles, incluyendo los Distritos 1 y 9. 

“Estos reportes incluyen fotografías de agencias federales, incluyendo [oficiales de] Investigación de Seguridad Nacional (HSI), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)”, muestra la ordenanza. 

“Mientras que se amplía la aplicación federal de inmigración, es imperativo que personal de la ciudad tenga una clara guía y entendimiento acerca de sus responsabilidades bajo la Ordenanza de Ciudad santuario. Asimismo, es responsabilidad del Consejo de la ciudad y de otros lideres reducir la confusión y el pánico en nuestras comunidades cuando se presentan estas agencias federales, y ser capaces de proporcionar claridad en los derechos de los constituyentes, así como los recursos disponibles para ellos”. 

De esa forma, la concejal Hernández y el concejal Price Jr. solicitaron un reporte del LAPD con respecto a los protocolos y procesos empleados durante todos los incidentes ocurridos el 28 de febrero de 2025. 

En la moción también pidieron al Consejo de la ciudad que solicite a la fiscal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto un reporte en los próximos 15 días con los protocolos detallados de la Ordenanza de Ciudad Santuario y que describa las interacciones permitidas y no permitidas con las diferentes agencias federales que participan en cualquier aplicación de las leyes de inmigración. 

“Estos reportes deben incluir definiciones y jurisdicciones de cada agencia federal, cómo operan históricamente en la práctica, dentro de la ciudad de Los Ángeles y cómo cualquier agencia del orden de la Ciudad de Los Ángeles puede o no puede interactuar con cada una de esas agencias, especialmente cuando múltiples agencias están presentes en un operativo”. 

La moción ha sido enviada al Comité de Seguridad de la ciudad, que presidente el concejal John Lee (Distrito 12) , y que está compuesto, además, por los concejales Curren Price Jr. (Distrito 9), Tim McCosker (Distrito 15), Hugo Soto-Martinez (Distrito 13) y Tracy Park (Distrito 11). Un voto en el pleno del Ayuntamiento podría darse en algunas semanas.