Departamento de Justicia demanda a Kentucky por matrícula reducida para inmigrantes indocumentados

A dos semanas de que un juez invalidó una ley que permitía a estudiantes universitarios en Texas pagar su matrícula con la misma tarifa que los residentes del estado, ahora el Departamento de Justicia pone en la mira a Kentucky.

Según información oficial, el DOJ presentó una demanda en el Distrito Este de Kentucky, afirmando que la ley “discrimina inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses, a quienes no se les otorga el mismo privilegio, en conflicto directo con la ley federal”, pues otorga una matrícula reducida para inmigrantes indocumentados.

“Esta ley discrimina inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses, quienes no gozan del mismo privilegio, en directa contradicción con la ley federal. El Departamento de Justicia ha presentado la demanda en el Distrito Este de Kentucky. Esta impugnación se basa en una demanda reciente, exitosa, contra el estado de Texas por una ley similar”, sentenció la dependencia.

“Ningún estado puede permitir que trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios financieros a inmigrantes indocumentados”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“El Departamento de Justicia acaba de ganar en este mismo asunto en Texas, y esperamos luchar en Kentucky para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses”, continuó.

En la demanda, Estados Unidos busca prohibir la aplicación de una normativa de Kentucky que exige a las universidades públicas ofrecer tasas de matrícula estatales reducidas a los inmigrantes indocumentados considerados residentes de Kentucky.

La ley federal prohíbe a las instituciones públicas de educación superior ofrecer a los inmigrantes indocumentados beneficios que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. Esta normativa, según el gobierno de Donald Trump, contradice abiertamente la ley federal y, por lo tanto, es inconstitucional en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

“Esta demanda surge tras dos órdenes ejecutivas firmadas recientemente por el presidente Trump que buscan garantizar que los inmigrantes ilegales no obtengan beneficios para los contribuyentes ni un tratamiento preferencial”, sentenció el Departamento de Justicia.

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