Preocupación por el trato de los niños indocumentados en los centros de detención de ICE
El Departamento de Justicia radicó una moción para terminar el acuerdo Flores, argumentando leyes recientes y reglas internas de la agencia

Bajo el acuerdo Flores los niños migrantes tenían un periodo máximo de retención bajo ICE. Crédito: Eric Gay | AP
Este mes, una jueza federal rechazó el intento de la administración Trump de poner fin a un acuerdo judicial vigente desde los años 90 que establece protecciones básicas para el trato de niños inmigrantes bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.
Conocido como el acuerdo del caso Flores, el acuerdo de 1997 establece estándares de cuidado, como requerir que los niños sean devueltos lo antes posible a un familiar u otro adulto responsable, y que se les mantenga en el entorno menos restrictivo posible. Las condiciones de detención deben también ser seguras e higiénicas.

Pero la realidad es que cualquier detención es perjudicial para los niños y la administración debería ponerle fin a esta práctica y utilizar enfoques más humanos.
En mayo, el Departamento de Justicia radicó una moción para terminar el acuerdo Flores, argumentando que leyes recientes, junto con políticas y reglas internas de la agencia, lo hacen innecesario.
El mes siguiente, un grupo de abogados de inmigración presentó una demanda para detener los intentos del gobierno. La demanda cita personas detenidas en dos centros donde, por ejemplo, 40 de las 90 familias que entrevistó RAICES, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes, hablaron de negligencia médica. En un caso, un bebé de nueve meses, según reportes, perdió ocho libras durante un mes de detención.
Algunas investigaciones han demostrado que aun cuando los niños son detenidos junto a su familia, la detención puede tener consecuencias graves para su salud física y mental. Un estudio sobre las condiciones en el centro de detención de familias en el condado Karnes, en Texas, encontró cuidado médico inadecuado para enfermedades crónicas existentes, casos de malnutrición y la tuberculosis.
Además, encontró protocolos inadecuados en la evaluación de la salud mental. Expertos en salud pública concluyeron que “no existe una manera humana de detener a niños y niñas, y ninguna versión de la detención familiar es aceptable”.
La administración Biden efectivamente frenó la práctica de detener a familias con niños en centros de detención migratorios, lo cual fue común durante la primera presidencia de Trump. La administración Biden aumentó el uso de monitoreo electrónico, programas de gestión de casos y otras alternativas a la detención.
Las alternativas a la detención han demostrado ser exitosas. En un programa, el 99 % de las familias cumplieron con sus citas con la autoridades de inmigración, y el costo fue significativamente menor al de la detención. Ahora, la administración Trump no solo está reanudando la detención generalizada de familias, también ha hecho cambios que van a aumentar el número de niños bajo custodia federal.
Es difícil evaluar el trato a los niños indocumentados porque la administración ha obstaculizado la supervisión en los centros de detención. La administración ha bloqueado a miembros del Congreso de ejercer su derecho legal de visitar estos centros.
También ha cerrado oficinas dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que monitorean las condiciones de detención en tiempo real.
Leecia Welch, abogada con Children’s Rights —una organización sin fines de lucro que representa a menores bajo custodia del gobierno— dijo recientemente al New York Times que el fallo de este mes de la jueza federal de distrito Dolly M. Gee del Distrito Central de California sobre el acuerdo Flores “es un gran alivio”.
“Flores es la última línea de defensa contra los planes de esta administración de acorralar y detener a menores indefinidamente en condiciones que ningún niño merece”, señaló Welch.
La primera administración Trump intentó y fracasó en deshacerse del acuerdo Flores en 2019. Ahora se anticipa que apele el último fallo, y ese caso puede llegar a la Corte Suprema de EE.UU.
En vez de apelar, la administración debería ponerle fin a la detención familiar y utilizar la gestión de casos, que es un enfoque más económico y humano e igual de eficiente. Y cuando sea necesario detener a menores, el gobierno debe obedecer las disposiciones del acuerdo Flores para mejorar las condiciones y para trasladar rápidamente a los niños fuera de los centros de detención.
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