Permitir las redadas en California ‘es un permiso para los ataques racistas’

El lunes por la mañana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó la solicitud de emergencia de la administración Trump para levantar una orden de restricción temporal que, en julio, impedía a los funcionarios federales de inmigración realizar detenciones sin sospechas razonables.

La orden de restricción detuvo las operaciones sin las órdenes judiciales adecuadas y que, en esencia, discriminaban a las personas por su apariencia en todo el sur de California. Algunas de estas redadas incluso dieron lugar a la detención de ciudadanos.

La sentencia del Supremo fue una sorpresa para algunos, pero no para todos, dada la continuidad de las redadas en las que se observa a agentes federales deteniendo de forma agresiva a personas fuera de los autolavados y de tiendas Home Depot.

Para los residentes de Los Ángeles como Jason Devora, propietario del camión de comida Jason’s Tacos en el este de Los Ángeles, la noticia no solo pone en el punto de mira a su negocio, que ya ha sido objeto de una redada, sino que también suscita preocupación por la posibilidad de un mayor escrutinio, y se pregunta cuáles serán los efectos a largo plazo sobre su negocio.

“Fue duro cuando vinieron por primera vez en junio, no solo se llevaron a mis empleados, sino también a los clientes que estaban haciendo pedidos”, dijo por teléfono.

“Sin papeleo, simplemente se los llevaron, y desde entonces el negocio ha ido mal. Ahora, con las noticias de hoy, creo que muchos negocios van a cerrar debido al miedo real que dejan estas redadas”.

Su camioneta de alimentos ha tenido que cambiar su horario de apertura y él está limitando el número de empleados que trabajan para garantizar su seguridad. Sin embargo, incluso con estas nuevas medidas, afirma que el futuro del negocio es incierto.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros que trabaja con inmigrantes en todo el sur de California, está de acuerdo con Devora y afirma que la sentencia del Supremo pondrá aún más en peligro la vida de la comunidad latina.

“Hoy, el Tribunal ha renunciado a su legitimidad ante la agenda autoritaria de Trump. Ha declarado abierta la veda contra los trabajadores inmigrantes, especialmente los jornaleros, que se encuentran entre los objetivos más expuestos y vulnerables de este régimen”, afirmó Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la NDLON.

“Es un permiso para los ataques racistas, la violencia ilegal y el terror indiscriminado que el tribunal más alto del país ha concedido a la Administración”, subrayó.

El grupo Unión del Barrio que ha estado sobre el terreno llevando a cabo redes de respuesta rápida y creando talleres para enseñar a la comunidad sus derechos, también mostraron preocupación.

“Este es otro ejemplo de cómo esta administración está haciendo todo lo posible por llevar a cabo acciones ampliamente inconstitucionales. Es una mancha en la historia de este país. Es una burla total a la ley”, afirmó Lupe Carrasco Cardona, educadora y miembro de Unión del Barrio. “Todo el mundo, sea ciudadano o no, tiene ahora que tener un plan para reunirse con su familia en caso de que sea detenido”.

Como educadora en Los Ángeles, Cardona ha sido testigo directa del impacto que las redadas han tenido en sus alumnos y sus padres. Explica que algunos tienen demasiado miedo para ir al colegio, mientras que otros muestran signos de que su salud mental se ve afectada por no poder concentrarse en sus tareas debido al miedo constante que sienten. También ha observado que cada vez más alumnos solicitan ver al psicólogo del colegio.

“Tenemos que asegurarnos de que nuestras comunidades estén bien informadas”, dijo Cardona. “Aquí en Los Ángeles queremos que la comunidad escolar se organice con sus vecinos más cercanos, así como con los negocios locales que los estudiantes y sus padres visitan con frecuencia”.

Yvette Saddik Jiménez, abogada de inmigración en Los Ángeles, dijo que las noticias de hoy -ayer- son desgarradoras y que afectarán gravemente a los clientes con los que trabaja actualmente.

“Nuestra comunidad ya tiene miedo de salir de sus casas, llevar a sus hijos al colegio, e incluso de llamar a la policía en caso de emergencia porque no quieren llamar la atención y provocar un posible enfrentamiento con el ICE”, afirmó.

“Como abogada latina me siento afectada. Sí, puede que sea abogada y ciudadana estadounidense, pero soy morena, hablo español en público, soy mexicana y, solo por eso, pueden convertirme a mí y a mi familia en un objetivo”.

Los funcionarios locales como la concejal Eunesses Hernández, cuyo distrito se ha visto afectado por las redadas del ICE, mostraron su apoyo a la comunidad.

“No se trata de la seguridad pública ni del estado de derecho. Se trata de codificar la intolerancia y revertir las libertades individuales para promover la agenda autoritaria y caótica de un tirano”, expresó. “Seguiré luchando por políticas que protejan a nuestros vecinos inmigrantes de la violencia y haré que todas las agencias gubernamentales rindan cuentas ante la Constitución que juramos defender”.

Mientras la preocupación sigue creciendo entre la comunidad de Los Ángeles, donde en los últimos tres meses se han producido algo más de 3.000 detenciones del ICE, los defensores de la comunidad instan a la gente a no perder la esperanza y a mantenerse informada sobre sus derechos.

“Lo que suceda a continuación depende de todos nosotros”, dijo Alvarado. “El sistema legal está fallando. Pero nosotros, el pueblo, no debemos fallar”.

El activista hizo un llamado a todas las personas de buena voluntad para que apoyen a los trabajadores inmigrantes.

“Para que apoyen a los jornaleros, a los trabajadores de lavados de autos, a los trabajadores agrícolas y a todos los demás inmigrantes que trabajan para mantener este país en funcionamiento, incluso ahora que están aterrorizados por Trump”, dijo Alvarado.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley