Investigan exigencia de Trump de $230 millones al Departamento de Justicia

La organización sin fines de lucro Democracy Forward hizo una petición bajo la Ley de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener documentos sobre la exigencia de $230 millones de dólares del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia (DOJ), debido a investigaciones y acusaciones en su contra.

Se pide que se entreguen copias de los formularios de reclamación, como los que se presentan bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios Federales, que Trump o sus representantes habrían presentado, además de comunicaciones internas entre empleados del DOJ y abogados externos vinculados al mandatario.

La reclamación de Trump busca “pagos de compensación” por los supuestos daños derivados de las investigaciones federales en su contra ?incluidas la pesquisa sobre la interferencia de Rusia en su campaña presidencial y el allanamiento a la residencia de Mar-a-Lago?, aunque hasta ahora ningún documento ha sido públicamente confirmado por el gobierno, reconoce Democracy Forward.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, recordó que los casos judiciales contra el presidente Trump han tenido varias etapas, además de señalar que el republicano ha “intimidado a fiscales federales con décadas de experiencia para que desestimen múltiples casos”.

“Todos los estadounidenses deberían estar preocupados por este flagrante acto de corrupción”, señaló Perryman sobre la intención de Trump de obtener de su propio gobierno $230 millones de dólares. “Democracy Forward trabaja para esclarecer cualquier comunicación relacionada con la propuesta o adopción de esta idea ilegal. Llegaremos al fondo de lo que está sucediendo en nombre del pueblo estadounidense”.

El presidente ha dicho que si recibe el dinero lo donaría para acciones de beneficiencia pública o para el propio gobierno.

Los cuestionamientos éticos sobre la compensación que podría exigir Trump también indican que la autorización inicial correría a cargo de funcionarios nombrados por el mandatario, incluida la fiscal general Pam Bondi, quien fue su abogada personal.

¿Qué se pide exactamente?

La petición bajo FOIA requiere los formularios y cualquier respaldo utilizado para solicitar indemnización al gobierno federal por parte del mandatario o sus representantes, incluidos correos electrónicos, mensajes de aplicaciones (como Signal o WhatsApp) y otros registros de comunicación que involucren a altos funcionarios del DOJ, asesores externos o el mismo Trump, desde el 1 de agosto de 2023 hasta la fecha para los formularios, y desde el 20 de enero de 2025 para las comunicaciones.

También se pide un índice detallado de documentos retenidos, en caso de que el DOJ decida denegar parcial o totalmente la entrega.

La organización –que ha liderado varias demandas contra el gobierno ferderal– argumenta que la solicitud es claramente de “interés público”, porque aborda la rendición de cuentas del gobierno y la separación de poderes, lo que justificaría la exención de tasas de procesamiento.

Impacto e implicaciones políticas

La posibilidad de que Trump reciba el pago ha generado alarma en círculos legislativos y de ética pública, debido que el presidente podría estar en posición de aprobar él mismo un pago al que él mismo aspira.

Además, Democracy Forward señala que el proceso plantea preguntas, como: ¿puede un expresidente que vuelve al poder reclamar dinero del estado por investigaciones a las que fue sometido? ¿Y puede ese mismo mandatario tener influencia sobre la decisión de aprobar dicho pago?

Hasta ahora, el DOJ no ha confirmado públicamente la existencia de la reclamación ni su monto, pero sí señaló que “ante cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen la orientación de los oficiales de ética de carrera”.

Mientras tanto, la organización ha anunciado que esperará la respuesta del DOJ dentro del plazo que impone la FOIA (normalmente 20 días hábiles), y que, en caso de no recibir la documentación, está preparada para acudir a los tribunales para forzar la liberación de los registros.

¿Por qué importa este caso?

Este caso desata varios cuestionamientos sobre la democracia estadounidense, indica Democracy Forward, como la rendición de cuentas de los poderosos, la transparencia del Ejecutivo federal y los límites del poder presidencial y el sistema de contrapesos.

El esfuerzo de Democracy Forward mediante la FOIA es una herramienta que podría beneficiar a los ciudadanos y los medios de comunicación, ya que se tendría acceso a información de primera mano sobre el proceso.

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