Exigen asistencia alimentaria para todos sin importar estatus migratorio

Desde el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, defensores, líderes comunitarios y proveedores de la salud alzaron sus voces para urgir al gobernador Gavin Newsom y a la legislatura estatal a adoptar un presupuesto que proporcione asistencia alimentaria, a todos los californianos sin importar su estatus migratorio.

“Necesitamos preguntarnos cómo el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) obtiene el financiamiento y los recursos para llevar a cabo sus operaciones. Una de esas maneras es recortando los fondos federales que ayudan a alimentar a California y que restringen explícitamente el acceso a los alimentos para los inmigrantes que buscan protección humanitaria”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center.

“Depende de cada uno de nuestros líderes electos defender a los inmigrantes en este momento, en lugar de quedarse de brazos cruzados mientras el presidente utiliza el hambre como arma con fines políticos”.

Si bien el presupuesto propuesto por el gobernador para el año fiscal 2026-27, amplía el Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP) para los inmigrantes californianos mayores de 55 años que cumplen los requisitos, excluye a las personas menores de 55 años.

Pero además no logra mitigar completamente el daño causado por las nuevas restricciones federales al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en virtud del proyecto de ley presupuestaria federal H.R. 1.

“Nuestras comunidades están siendo atacadas por la hostil política federal de control migratorio. Hay personas heridas, niños secuestrados y familias destrozadas. Como consecuencia de esta violencia, las comunidades quedan en condiciones aún peores que antes”, dijo Jackie Mendelson, defensora de políticas de la organización Nourish California.

“Independientemente de su estatus migratorio, la gente duda en ir a trabajar o a comprar alimentos por miedo. Si no actuamos, la inseguridad alimentaria solo empeorará”. 

Las comunidades inmigrantes han sido objeto de constantes ataques por parte de la administración Trump y sus partidarios en el Congreso. 

Los activistas estiman que los efectos del proyecto de ley H.R. 1 exacerbarán las desigualdades de larga data en el acceso a la asistencia alimentaria para las familias inmigrantes en California.

Por ejemplo, el estatus migratorio sigue siendo una barrera para el acceso de cerca de 70,0000 californianos de todas las edades a CalFresh, el programa contra la pobreza más exitoso de California.

Esto los ha llevado a exigir que California elimine las exclusiones injustas y cree una red de seguridad alimentaria que apoye a todos los californianos, independientemente de su lugar de nacimiento.

“El hambre no discrimina, y debemos hacer lo correcto. En estos tiempos difíciles, el Condado de Los Ángeles ya ha tomado medidas para proteger a los angelinos de las deficiencias en la financiación federal que han puesto en peligro la red de seguridad de la que dependen nuestras familias inmigrantes y trabajadoras”, dijo Hilda L. Solis, supervisora presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles 

“Esta es otra oportunidad para actuar con determinación, con el apoyo de nuestros socios locales y estatales, y así reafirmar nuestros valores como californianos”, enfatizó.

De acuerdo al Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, el condado tiene uno de los mayores índices de hambre. Se estima que una de cada cuatro vecinos enfrenta inseguridad alimentaria.

El aumento del costo de los alimentos y de los productos básicos de primera necesidad ha incrementado el número de personas que padecen hambre.

Ana-Alicia Carr, directora de políticas y coaliciones del Consejo de Políticas Alimentarias de Los Ángeles dijo que no debería sorprender que Los Ángeles sea un condado de inmigrantes, con más del 30%, o más de tres millones de personas, que se identifican como tales. 

“Datos recientes de la USC (Universidad del Sur de California) siguen mostrando que uno de cada cuatro hogares en Los Ángeles sufre inseguridad alimentaria. Nuestros sistemas actuales están fallando a quienes tienen buenas intenciones, por lo que nos enorgullece unirnos a los defensores de esta causa, tanto aquí como en todo el estado, para instar al apoyo a la iniciativa Food4All”.

La asambleísta Celeste Rodríguez dijo que las nuevas y devastadoras restricciones federales al programa SNAP obligarán a muchas familias a pasar hambre.

“Quiero ser clara: no lo vamos a permitir. California no puede ni permitirá que las decisiones federales perjudiquen a las familias que ya están pasando por dificultades”.