Corte bloquea limitantes en apelaciones de deportación: inmigrantes tienen mejor oportunidad
La Junta de Apelaciones de Inmigración perdió ante tribunales parte sustancial de una nueva regla que buscó complicar a inmigrantes la revisión de deportaciones
Tribunal echó atrás parte de una regla de la Junta de Apelaciones de Inmigracion. Crédito: Corte de Distrito de D.C. | Amazon
La Corte de Distrito de Washington, D.C. bloqueó partes sustanciales de una política del gobierno del presidente Donald Trump que limitaba las apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
De este modo se revierten las acciones de la BIA: 1) se retorna al plazo para presentar la mayoría de las apelaciones de 30 en lugar de 10 días; 2) cancela exigir la desestimación sumaria de las apelaciones a menos que la mayoría de los miembros permanentes voten en un plazo de 10 días para aceptar el caso para su revisión; y 3) permitir que se tomen decisiones de desestimación antes de que se creen las transcripciones o se transmitan los registros.
La decisión del juez Randolph Moss dará más tiempo a inmigrantes para los casos de deportación que requieran una revisión adicional.
“En un momento en que el derecho al debido proceso de los inmigrantes está bajo ataque, este fallo impide que la BIA llegue al punto de la autodestrucción”, declaró Emilie Raber, abogada principal del Amica Center for Immigrant Right, una de las organizaciones que lideró esta demanda. “Esperamos que esta decisión sea el primer paso de muchos para garantizar que los tribunales de inmigración dicten sentencias basadas en la ley y no en resultados predeterminados”.
La decisión del juez Moss fue emitida anoche en el caso Amica Center for Immigrant Rights et al. versus Executive Office for Immigration Review et al., enfocada en eliminar la revisión judicial significativa ante la BIA.
Los demandantes en el caso incluyen a Amica Center for Immigrant Rights, Brooklyn Defender Services, Florence Immigrant & Refugee Rights Project, HIAS y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que fueron representados por Democracy Forward, el Consejo Americano de Inmigración y el Centro Nacional de Justicia.
“El fallo de hoy preserva una vía vital para la revisión judicial en los procedimientos de deportación”, declaró Lucas Márquez, director de Derechos Civiles y Reforma Legal de Brooklyn Defender Services.
Agregó que este tipo de determinaciones judiciales son un recordatorio para las agencias gubernamentales, sobre cómo deben seguir los procedimientos adecuados al intentar “realizar cambios radicales en las regulaciones”.
Laura St. John, directora Legal del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, destacó que la decisión mantiene “una protección básica” para los inmigrantes que enfrentan la deportación.
“[Tendrán] la posibilidad de apelar su caso”, apuntó.
La demanda y la moción de amparo preliminar impugnó la Norma Final Provisional (IFR) del 6 de febrero de 2026, “Procedimientos de Apelación para la Junta de Apelaciones de Inmigración”, programada para entrar en vigor este 9 de marzo de 2026.
Un golpe al plan de deportaciones masivas
La decisión del juez Moss puede complicar la política del presidente Trump y la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las deportaciones masivas, ya que una persona tendría más tiempo para solicitar el bloqueo de su salida del país.
Laura St. John insistió en que la decisión en la Corte de Distrito de Washington, D.C. abre una ventana legal para miles de personas que podrían ser deportadas “apresuradamente”.
Stephen Brown, director de Servicios Legales de Inmigración de HIAS se expresó en el mismo tenor y destacó el respeto al debido proceso en EE.UU.
Mary Georgevich, abogada litigante principal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, celebró la decisión, a pesar de la imperfección de la BIA.
“Permitir la imprudente propuesta de la administración Trump de impedir que los inmigrantes tengan una oportunidad justa de revisión de malas decisiones habría resultado en que personas fueran devueltas al peligro y familias fueran separadas injustamente”, consideró.
Erez Reuveni, asesor principal de Democracy Forward, quien presentó los argumentos orales ante el tribunal destacó que esta decisión deja en claro: “Un tribunal federal ha dejado claro que el gobierno debe cumplir la ley y no puede privar a las personas de sus derechos básicos”.
Sigue leyendo:
· USCIS negará Green Card a quienes publiquen mensajes contra judíos en redes sociales
· ¿Es legal exigir a indocumentados registrarse ante USCIS?
· Gobierno de Trump contra indocumentados: DHS advierte que se autodeporten y no regresen
