Fiscalía acusa a Laurence Gray, propietario de armería Grips By Larry, por apoyar a cárteles mexicanos
Gray no solo vendía armas de forma ilegal, sino que lo hacía con pleno conocimiento de que el destino final eran los arsenales de dos cárteles en México
Según la acusación, Gray habría intentado suministrar armas en mayo de 2025 al CJNG y, ese mismo año, conspirado para proveer armamento tanto a este grupo como al Cártel de Sinaloa. (Imagen ilustrativa) Crédito: Fiscalía de Distrito de Maryland/ Archivo | AP
En un caso que subraya la creciente severidad de la justicia estadounidense contra el tráfico de armas hacia el sur de la frontera, la Fiscalía Federal anunció cargos formales contra Laurence Gray, propietario de la armería Grips By Larry, por brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, compareció ante un tribunal federal en Phoenix para la lectura de cargos. La acusación formal modificada, presentada por un gran jurado el pasado 17 de marzo de 2026, vincula directamente al comerciante con operaciones de suministro para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS).
Del tráfico de armas al terrorismo
Lo que comenzó en 2025 como una investigación por tráfico de armas de fuego y compra de armamento mediante “testaferros” ha escalado a una dimensión de seguridad nacional. Según los documentos judiciales, Gray, quien operaba con una licencia federal de armas (FFL), ya enfrentaba procesos legales junto a Barrett Weinberger, de 73 años, por declaraciones falsas y transacciones ilícitas.
Sin embargo, la nueva acusación sustitutiva revela un giro determinante: las autoridades alegan que Gray no solo vendía armas de forma ilegal, sino que lo hacía con pleno conocimiento de que el destino final eran los arsenales de los dos cárteles más poderosos de México. El agravante radica en que, desde el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó oficialmente al CJNG y al CDS como organizaciones terroristas extranjeras, bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Este cambio de estatus jurídico permite que las penas sean significativamente más severas. Por el solo cargo de conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, Gray podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión y multas de un cuarto de millón de dólares.
Bajo la lupa de “Operación Recuperar Estados Unidos”
La captura y el procesamiento de Gray forman parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una ambiciosa estrategia del Departamento de Justicia (DOJ) diseñada para desmantelar las cadenas de suministro de los cárteles y frenar la violencia transnacional.
La iniciativa busca movilizar recursos federales para “lograr la eliminación total” de las organizaciones criminales que alimentan la crisis de seguridad y migración.
“La acusación alega que Gray, conscientemente, intentó proveer de armas de fuego al CJNG en mayo de 2025 y conspiró para abastecer a ambos grupos criminales ese mismo año”, señaló la fiscalía en un comunicado oficial.
La investigación, liderada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), pone de relieve la vulnerabilidad de la frontera de Arizona ante el flujo de armas de alto calibre. Mientras el caso avanza bajo la dirección del fiscal federal adjunto Marcus Shand, las autoridades reiteran que, pese a la contundencia de las pruebas presentadas, Gray se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio de ley.
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