DHS deroga política de aprobación de contratos implementada por Kristi Noem
El nuevo secretario elimina la orden de su predecesora que obligaba a la revisión personal de gastos mayores a $100,000 dólares
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca el martes 24 de marzo de 2026 en Washington. Crédito: Alex Brandon | AP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio marcha atrás a una controvertida política de aprobación de contratos instaurada durante la gestión de la exsecretaria Kristi Noem, en una de las primeras decisiones adoptadas por su sucesor, Markwayne Mullin, en medio de presiones políticas y operativas sobre la agencia.
La medida, revocada oficialmente esta semana, exigía que todos los contratos, subvenciones o gastos superiores a 100,000 dólares fueran aprobados directamente por la oficina del secretario. Según el DHS, la eliminación de esta norma busca “reevaluar los procesos contractuales” para mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y permitir que las distintas unidades cumplan con mayor agilidad su misión de proteger la seguridad nacional.
Mullin ya había adelantado su postura durante su audiencia de confirmación, al calificar la política como una forma de “microgestión poco realista” que limitaba la capacidad operativa de las agencias bajo su mando. El nuevo titular ha prometido otorgar mayor autonomía a los directivos para agilizar la toma de decisiones.
Cuestionamientos por retrasos y afectaciones a FEMA
La política implementada por Noem fue ampliamente criticada por legisladores, expertos y organizaciones de gestión de emergencias, quienes señalaron que generó un “cuello de botella” administrativo sin precedentes. Investigaciones del Congreso revelaron que más de 1,000 contratos, subvenciones y apoyos fueron retrasados en apenas tres meses.
Uno de los organismos más afectados fue la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar la respuesta ante desastres naturales. Funcionarios advirtieron que la medida obstaculizó la distribución de recursos esenciales para comunidades afectadas, incluyendo fondos destinados a recuperación y mitigación.
Datos oficiales indicaban que alrededor de 2,200 millones de dólares en ayudas permanecían pendientes de aprobación, lo que incrementó la presión para revertir la política. Incluso legisladores republicanos, como el senador Thom Tillis, expresaron preocupación por el impacto en la respuesta a emergencias, especialmente tras eventos climáticos recientes.
La Asociación Internacional de Gestores de Emergencias respaldó la decisión de Mullin, calificándola como un paso necesario para restaurar la eficiencia operativa y reducir riesgos en situaciones críticas.
Cambio de rumbo tras controversias políticas
La revocación ocurre tras la salida de Noem del DHS, luego de meses marcados por polémicas en torno a su gestión. Durante su mandato, el umbral para la aprobación directa de contratos se redujo drásticamente de 25 millones de dólares, nivel utilizado en administraciones previas, a solo 100,000 dólares.
Críticos argumentaron que este cambio no solo ralentizó procesos clave, sino que también abrió la puerta a posibles interferencias políticas en la asignación de recursos. Legisladores demócratas, como Robert Garcia y Andy Kim, habían solicitado previamente la eliminación de la medida, al considerar que afectaba la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, la administración anterior enfrentó señalamientos sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y vínculos con figuras cercanas al expresidente Donald Trump, lo que intensificó el escrutinio público sobre el DHS.
El anuncio de Mullin también se produce en medio de un prolongado cierre parcial del gobierno federal, que ha afectado las operaciones del departamento y complicado la liberación de fondos. Mientras continúan las negociaciones en el Congreso, expertos advierten que, aunque la eliminación de la política podría destrabar procesos internos, sus efectos no serán inmediatos.
Por ahora, el DHS continúa revisando otras decisiones adoptadas durante la gestión anterior, en un intento por estabilizar la agencia, recuperar la confianza pública y garantizar una respuesta más eficiente ante emergencias en todo el país.
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