Inmigrante herido por ICE sigue bajo custodia del FBI tras salir del hospital, a pesar de fianza
Una jueza federal pareció inclinarse hacia la duda razonable, al otorgar fianza de $50,000 dólares tras considerar que la huida pudo ser una respuesta al miedo
Patrick Kolasinski, el abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, sostiene que su cliente movió el automóvil después de recibir un primer disparo, lo que contradice la narrativa gubernamental. Crédito: Sophie Austin | AP
Un inmigrante que resultó gravemente herido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California y que fue trasladado a custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) inmediatamente después de recibir el alta médica, permanece bajo custodia federal a pesar de que una jueza le otorgó una fianza de $50,000 dólares para salir en libertad condicional, en un caso que ha generado cuestionamientos por el uso de la fuerza y la actuación de las autoridades federales.
Carlos Iván Mendoza Hernández, de 36 años, fue baleado el pasado 7 de abril durante una intervención en la ciudad de Patterson, ubicada al sur de Sacramento. El operativo ocurrió cerca de la Interestatal 5, donde agentes federales intentaban detenerlo.
De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, los agentes abrieron fuego en defensa propia luego de que Mendoza presuntamente intentara atropellar a uno de ellos con su vehículo. Sin embargo, su abogado, Patrick Kolasinski, sostiene que su cliente movió el automóvil únicamente después de recibir un primer disparo, lo que, afirma, contradice la narrativa gubernamental.
La jueza federal Allison Claire determinó que no había evidencia suficiente para determinar que el salvadoreño representaba un peligro y que su intento de huida pudo ser reacción de supervivencia.
No obstante, la magistrada accedió al pedido del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) para que otro juez revise su decisión de fianza, por lo que lo mantiene detenido.
Mendoza Hernández fue sometido a cuatro cirugías y se presentó en silla de ruedas en el tribunal.
Versiones encontradas y uso de la fuerza
El caso ha quedado marcado por relatos contradictorios sobre lo ocurrido durante el operativo. Mientras las autoridades describen a Mendoza como un individuo peligroso con presuntos vínculos criminales, su defensa rechaza estas acusaciones y asegura que no existen antecedentes penales en Estados Unidos.
Según Kolasinski, su cliente fue sometido a múltiples cirugías —al menos tres— debido a las heridas de bala, incluyendo una lesión en la mandíbula que le dificultaba hablar. A pesar de su estado de salud, fue dado de alta y transferido directamente a custodia del FBI sin notificación previa a su familia ni a su equipo legal.
“Estamos en estado de shock. No se encontraba en condiciones de recibir el alta”, declaró el abogado a medios estadounidenses.
Las autoridades federales han señalado que Mendoza era buscado en El Salvador en relación con un caso de homicidio y que podría tener vínculos con pandillas. No obstante, la defensa presentó documentos judiciales que indicarían que fue absuelto de ese cargo años atrás, y que no existe una orden de arresto vigente en su país de origen.
Proceso judicial y cuestionamientos legales
El proceso legal del caso continúa en medio de incertidumbre. Hasta el momento, no se han detallado públicamente los cargos específicos que enfrenta Mendoza bajo custodia federal. Paralelamente, una jueza federal determinó que no había evidencia suficiente para considerarlo un peligro, otorgándole una fianza de 50,000 dólares, aunque su liberación quedó en suspenso mientras se revisa la decisión.
El incidente también ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias migratorias en Estados Unidos, particularmente en el contexto de operativos dirigidos a personas sin estatus legal. En los últimos meses, diversos casos han generado críticas y demandas de mayor transparencia en este tipo de intervenciones.
Imágenes de video difundidas por medios locales muestran a varios agentes rodeando el vehículo de Mendoza antes de que este se moviera, aunque no está claro en qué momento se produjeron los disparos. La falta de audio en el material ha dificultado establecer una secuencia precisa de los hechos.
Mendoza Hernández, quien tiene una hija ciudadana estadounidense y trabajaba en labores de reparación tras incendios, permanece bajo custodia mientras avanza su proceso. De ser declarado culpable de agredir a un agente federal, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
El caso continúa bajo investigación, mientras organizaciones civiles y la defensa insisten en esclarecer lo ocurrido y garantizar el respeto al debido proceso.
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