Fiscal de Florida demanda a OpenAI y a Sam Altman por presuntos riesgos y daños de ChatGPT
Las autoridades de Florida aseguran que la agresiva estrategia comercial de OpenAI ha provocado adicción conductual y daño cognitivo en los menores de edad
El combate legal de Florida refleja un clima de creciente litigio contra las grandes tecnológicas en el país. El estado ya registra antecedentes alarmantes, como una demanda reciente contra el chatbot Gemini. Crédito: Michael Dwyer/ Archivo | AP
El estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusándolos de comercializar ChatGPT sin las medidas de seguridad adecuadas y de ocultar presuntamente riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, especialmente entre menores de edad.
La acción legal fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien sostiene que la empresa priorizó el crecimiento comercial y la expansión de su tecnología por encima de la protección de los usuarios.
La demanda, presentada ante un tribunal estatal, acusa a OpenAI de prácticas comerciales engañosas, negligencia, responsabilidad por productos defectuosos y perjuicio público. Además, busca sanciones económicas y cambios en el funcionamiento de la plataforma para reforzar los controles de seguridad y supervisión parental.
Según el documento judicial, ChatGPT habría contribuido a diversos daños potenciales, entre ellos conductas adictivas, afectaciones al pensamiento crítico y situaciones relacionadas con autolesiones o violencia. La fiscalía también argumenta que la herramienta fue diseñada para mantener a los usuarios interactuando durante largos periodos, lo que incrementaría la recopilación de datos y el valor comercial de la compañía.
“Las empresas de inteligencia artificial no pueden ignorar los riesgos asociados a sus productos mientras continúan expandiendo su alcance”, afirmó Uthmeier al anunciar la demanda.
Florida vincula la demanda con una investigación sobre un tiroteo
La acción civil se produce meses después de que la fiscalía estatal iniciara una investigación penal relacionada con el uso de ChatGPT por parte del presunto responsable de un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, incidente que dejó dos personas fallecidas y varios heridos.
Las autoridades estatales sostienen que revisan conversaciones mantenidas entre el sospechoso y el chatbot para determinar si la plataforma pudo haber facilitado información o recomendaciones relacionadas con actos violentos.
Aunque la investigación criminal continúa abierta y no se han presentado cargos penales contra OpenAI, el caso se ha convertido en uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno estatal para impulsar mayores regulaciones sobre la inteligencia artificial.
Uthmeier aseguró que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidad cuando existen indicios de que sus herramientas pueden ser utilizadas de manera perjudicial, especialmente por menores o personas vulnerables.
Crece el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial
La demanda marca un nuevo capítulo en el creciente debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Florida se convierte así en el primer estado en emprender una acción judicial de esta magnitud contra OpenAI y Altman por cuestiones relacionadas con diseño, seguridad y protección de usuarios.
El litigio también refleja la postura adoptada en los últimos años por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha impulsado iniciativas para establecer límites al uso de tecnologías basadas en IA y fortalecer las herramientas de supervisión parental.
Hasta el momento, OpenAI no había emitido una respuesta pública detallada sobre la demanda. En ocasiones anteriores, la compañía ha defendido sus sistemas de seguridad y ha señalado que continúa implementando medidas para reducir riesgos y mejorar la protección de los usuarios.
El caso podría convertirse en una referencia nacional para futuras disputas legales sobre el alcance de la responsabilidad de las empresas que desarrollan inteligencia artificial y el papel de los gobiernos en la supervisión de una tecnología que avanza rápidamente en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
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