Organizaciones presionan a corporaciones en defensa del acceso al voto

Decenas de líderes comunitarios que son parte de la llamada Caravana Estatal por la Democracia se manifestaron este martes en las sedes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (LA28), Airbnb, Home Depot y Chase Bank, donde instaron a la clase millonaria y de negocios a que se comprometan a proteger el acceso al voto después de que la Corte Suprema respaldó el decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo.

“Venimos a expresar nuestra voz democrática y a decir que todos esos empresarios tienen que respetar al pueblo y el voto”, declaró el reverendo Edgar Rivera Colón, de la organización Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clue Justice) frente al edificio de LA28. “La democracia se defiende en la calle como en la corte”.

Los manifestantes ingresaron al inmueble para intentar dialogar con Casey Wasserman, un ejecutivo empresarial y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de LA28.

“Casey Wasserman nos ignoró totalmente y tenemos que hablar con gente tanto de Chase [Bank] como de Home Depot”, dijo el clérigo acerca de la responsabilidad empresarial.

La Corte Suprema de Estados Unidos votó 6-3 a favor del presidente Trump para comenzar a aplicar partes de una orden ejecutiva destinada a restringir el voto por correo. No obstante, impugnaciones legales adicionales podrían obstaculizar la implementación del plan de Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre, cruciales para los demócratas que quieren recuperar ambas cámaras del Congreso.

El fallo del lunes introdujo más incertidumbre sobre las reglas de votación para las elecciones legislativas al mantener viva la posibilidad de que Trump imponga las políticas descritas en el decreto de marzo, el cual otorgó al Servicio Postal de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) funciones sin precedentes en la administración de las elecciones.

La orden fue emitida en una opinión no firmada, a pesar del desacuerdo de los tres jueces liberales de la corte: Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

El voto de la supermayoría conservadora de los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch -nombrados por Trump-, además de John G. Roberts, Samuel Alito y Clarence Thomas, significa que el DHS puede elaborar listas específicas de las personas que considera aptas para votar en los estados gobernados por demócratas que habían impugnado el plan ante los tribunales.

La jornada de acción comunitaria en Los Ángeles, a la que se unieron representantes del sindicato Unite Here Local 11, CHIRLA, ACCE y otras, se produjo pocas semanas después de que Trump se negara a descartar la declaración de una emergencia de seguridad nacional para tomar el control de las elecciones de mitad de mandato y en un momento en que las encuestas indican que casi dos tercios de los votantes de California consideran que la interferencia de la administración Trump en las elecciones es una preocupación importante.

Preocupados por el fraude electoral

Según una nueva encuesta realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley, los californianos están más preocupados por una posible interferencia de la administración Trump en las elecciones de medio término que por el fraude electoral, el voto ilegal de personas que no son ciudadanas o la interferencia extranjera.

Una mayoría de los votantes -el 61%- señaló la posible interferencia federal como una “preocupación” de cara a noviembre, una cifra ligeramente superior al 59% que citó la posible interferencia extranjera en los mismos términos, según el sondeo realizado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley y copatrocinado por Los Angeles Times.

En comparación, el 41% de los votantes de California identificó el fraude electoral y el 37% señaló el voto de personas no ciudadanas como preocupaciones importantes, reveló la encuesta.

“Los resultados muestran que los californianos están preocupados, pero el origen de esa inquietud entre demócratas y republicanos proviene de fuentes muy distintas”, señaló la codirectora del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, G. Cristina Mora.

“Los demócratas confían plenamente en la capacidad del Estado para celebrar elecciones justas, pero temen la injerencia de la administración Trump. En cambio, los republicanos tienen poca confianza en los funcionarios electorales de California y parecen ver con buenos ojos la supervisión federal de los comicios. “El trasfondo de este temor e inquietud no podría estar más polarizado a medida que nos acercamos a noviembre”, dijo Mora.

Un momento “aterrador”

A pesar del fallo de la Corte Suprema, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sigue impedido de implementar la orden ejecutiva del presidente Trump que restringe el voto por correo debido a una orden judicial independiente respaldada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).

“Trump ordenó al Servicio Postal que dejara de recoger las boletas enviadas por correo, lo cual, por supuesto, negaría el derecho al voto a millones de personas en todo el país, y particularmente en California”, indicó Kurt Petersen, copresidente del sindicato Unite Here Local 11, a La Opinión.

“Ese es solo uno de la serie de intentos indignantes para impedir que la gente vote. Siento que estamos retrocediendo. Están utilizando impuestos electorales o haciendo todo lo posible para asegurarse de que los trabajadores, en particular, no tengan la oportunidad de votar, porque saben que si lo hacen, las posibilidades de supervivencia de Trump -o de que su coalición consiga lo que busca- disminuyen. Así que sí, estamos viviendo un momento realmente aterrador”.

La iniciativa de la Caravana Estatal por la Democracia forma parte de “Hands Off Our Vote” (No toquen nuestro voto), una jornada de acción con paradas en el Área de la Bahía, Los Ángeles y San Diego. El objetivo es exigir a las corporaciones más grandes del país -que tienen influencia ante la administración Trump- que firmen el compromiso “Business for Democracy” (Empresas por la Democracia) y se comprometan a defender el proceso electoral.

“Cabe esperar que, cuando el caso se examine en cuanto al fondo, los tribunales reconozcan que la Constitución de los Estados Unidos deja muy claro que son los estados los que administran las elecciones, bajo cierta supervisión del Congreso, pero no del poder ejecutivo del gobierno federal”, consideró Darren Wright, un votante.

Exigencias a las corporaciones

Los manifestantes del martes en Los Ángeles señalaron que, ahora que la democracia está bajo ataque, poderosas corporaciones como Airbnb, Home Depot y Chase tienen el poder y la responsabilidad de defenderla.

“Casey Wasserman (presidente de LA28) y su junta directiva deben abordar la presencia de cinco miembros designados afines al movimiento MAGA (Make America Great Again), incluyendo a Kevin McCarthy y Ryan Preibus, y se comprometan a proteger los procesos democráticos y los derechos de los votantes”, añadió el reverendo Edgar Rivera Colón.

La misma petición fue formulada a Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase.

“Exigimos rendición de cuentas”, subrayó Lula Muhammad, de ACCE. “Chase tiene un historial en materia de prácticas crediticias abusivas”.

Muhammad subrayó que JPMorgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Cuenta con unos 4 billones de dólares en activos y fue una de las instituciones bancarias que otorgaron préstamos abusivos durante el fiasco inmobiliario de 2008.

“Todos recordamos eso. Y luego, tras venderles la casa a un precio inflado, ejecutaron la hipoteca contra esa gente, a sabiendas de que les habían cobrado demasiado dinero. Miles de familias trabajadoras acabaron en la calle. Mucha gente se suicidó por culpa de esto. Sé de muchas personas que perdieron sus hogares en aquella época y se quitaron la vida debido a lo que hicieron empresas como J.P. Morgan Chase y otros bancos”, recordó.

“Ahora exigimos que Jamie Dimon no solo dé la cara, sino que alce la voz ante la administración Trump para que no restrinja a los votantes con derecho a voto”, añadió Muhammad.

Por su parte, Kurt Petersen enfatizó que en el área de West Adams ya hay casas Airbnb que se ofrecen por 68,000 dólares para los Juegos Olímpicos LA 28.

“¿No es increíble? Están vendiendo nuestra ciudad. Airbnb tiene una visión para los Juegos Olímpicos. Su visión olímpica consiste en convertir 250,000 viviendas en alojamientos de Airbnb. 250,000 viviendas”, dijo el líder sindical. “¿Vamos a permitir que hagan eso? Y cabría esperar que, a estas alturas, LA 28 entendiera que no pueden ganarnos; recordemos cuando el COI y la FIFA intentaron traer sus eventos al SoFi Stadium antes de la Copa del Mundo”.

Ni Casey Waserman ni Jamie Dimon respondieron a mensajes de La Opinión acerca de su postura ante la manifestación.