Adultos mayores cerca de irse a la calle en la ciudad angelina de Bell

Un total de 115 casas móviles que albergan a más de 350 residentes de edad avanzada, muchos de los cuales sufren diversas discapacidades, están al borde de un desalojo masivo por parte de las autoridades gubernamentales de Bell, una ciudad de 35,000 habitantes conocida por su historial de corrupción.

Un informe sobre el impacto del reasentamiento y del plan de reposición del Bell Mobile Home Park de la Autoridad de Vivienda Comunitaria de Bell (BCHA), que integran la alcaldesa Ana María Quintana, la vicealcaldesa Mónica Arroyo y los concejales Ali Saleh, Pablo Sifuentes y Francis Flores, no menciona en ninguna parte probables sitios específicos donde podrían ser reubicadas las familias. De las 115, solamente 59 fueron entrevistadas.

“La mayoría de los 59 hogares encuestados son hispanohablantes y están compuestos por un total de 122 adultos y 58 niños (de 17 años o menos)”, indica el reporte. “Suponiendo que haya al menos un ocupante en los hogares no entrevistados, hay al menos 236 residentes en el parque. Hay un total de 46 personas mayores conocidas (de 62 años o más) y 34 residentes que informaron tener una discapacidad”.

El 14 de octubre, el Ayuntamiento de Bell decidiría si van a adoptar el reporte y esclarecer si es suficiente para reubicar a la gente.

“Hace falta mucha información. Muchos no contestaron y es por esa razón que la gente tiene temor de ser desplazada del parque”, declaró Herbert Martínez, abogado de Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA), la entidad que representa legalmente a los vecinos del Bell Mobile Home Park.

Martínez describió que en el reporte no hay un indicio de dónde se obtendrá para pagar la remoción de las familias. La ciudad ha argumentado que no cuenta con fondos para dar mantenimiento a los parques.

“Ellos necesitan indicar si van a usar sus propios fondos, si los van a recibir de alguna entidad, y aclarar cómo van a ayudar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los niños para que no pierdan servicios locales”, añadió el abogado. “No han dicho qué van a hacer con esos parques. No está claro qué van a construir y conocerlo es requisito por la ley”.

El cierre propuesto también ha suscitado preocupación por parte de la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, y de la senadora estatal de California, Lena González, quienes han expresado su apoyo a la preservación de las comunidades de casas móviles asequibles de Bell y a evitar el desplazamiento de los residentes.

“Estamos luchando contra una crisis de vivienda, y mi prioridad es conservar la vivienda asequible que aún existe, y lograr que la gente permanezca en sus hogares”, dijo Hahn a La Opinión. “He exhortado a la ciudad de Bell a reconsiderar sus planes. Me preocupa lo que les esperaría a estos residentes, sobre todo a las personas mayores que dependen de ingresos fijos. Los parques de casas móviles son el último bastión de vivienda asequible que nos queda, y sigo queriendo trabajar con la ciudad de Bell para plantear otras soluciones”.

“Solo gente con dinero”

El parque, ubicado en 4874 E Gage Ave, Bell, CA 90201, se encuentra en una zona comercial considerada atractiva para los desarrolladores. 

Desde 2020 ha habido un interés de las autoridades municipales de Bell por vender el terreno donde se asientan las viviendas en el parque. Se localiza entre las avenidas Atlantic, Gage y Wilcox, muy cerca de la autopista 710 y del Centro Islámico de la ciudad, a donde acude la comunidad libanesa, incluyendo el exalcalde y concejal Ali Saleh.

“Los árabes [libaneses] sí tienen dinero para comprar, ustedes no”, fueron las presuntas palabras que la concejal Mónica Arroyo le dijo a la señora Luz Meza, residente del Bell Mobile Home Park, sobre la razón por la cual querían desalojarlos. La comunidad libanesa de Bell representa el 6% de la población.

La señora Meza, quien renta un espacio de terreno por 20 años, dijo que paga aproximadamente $900 al mes.

“Ellos (la ciudad) dicen que están pagando mucho dinero con nosotros porque pagan la luz y ‘biles’ (facturas)”, dijo a La Opinión. “Yo pago casi $679 al mes por agua, luz, basura y gas, casi $8,000 al año. Por eso, cada vez que los veo les digo sus verdades”.

Meza, de 69 años y madre de un joven adulto con autismo, indicó que si las autoridades de Bell argumentan que no tienen dinero, por qué no rentan los más de 30 espacios vacíos que hay en el parque y que se están cayendo porque no los cuidan ni les dan mantenimiento”.

“Aquí, la ciudad solo quiere gente con dinero para embolsárselo, y como nosotros no tenemos los recursos que ellos quieren, nos están sacando”, añadió. “Ellos quieren el espacio para ofrecérselo a los árabes porque quieren fincar hoteles”.

La concejal Mónica Arroyo no respondió a La Opinión para desmentir a la mujer.

¿Quién compra las casas?

La Autoridad de Vivienda Comunitaria de Bell (BCHA) aprobó el 24 de junio la venta de nueve unidades residenciales en Pine Avenue por $1.8 millones, poniendo fin a la titularidad pública de dichas propiedades. 

Las propiedades, ubicadas en el 6629 y el 6633 de Pine Avenue, comprendieron un edificio de apartamentos de cinco unidades y cuatro viviendas unifamiliares. Pertenecían a la BCHA, un organismo público cuya responsabilidad principal era proporcionar vivienda a residentes de ingresos bajos y muy bajos.

Desde 2012, la Autoridad de Vivienda ha actuado como sucesora en materia de vivienda de la antigua Agencia de Reurbanización de Bell, asumiendo la titularidad de la mayor parte de sus activos tras el escándalo de corrupción y malversación de fondos del exadministrador de la ciudad, Robert Rizo, a lo largo de varios años a finales de la década de 2000.

En junio, el Concejo Municipal de Bell -que son los mismos funcionarios de BCHA- aprobó la venta durante una sesión en la que actuaba como junta directiva de la Autoridad de Vivienda Comunitaria de Bell.

En dicha oportunidad, Ali Saleh se abstuvo de participar en este punto del orden del día, alegando que posee una propiedad en las cercanías. Los cuatro miembros latinos restantes de la junta directiva de la Autoridad de Vivienda Comunitaria de Bell aprobaron la venta por unanimidad. El comprador fue Ali Elhadi Khalil. 

Acusa a autoridades

Enrique Canales, quien ha vivido por 27 años en una casa móvil en Bell Mobile Home Park, dijo que cuando se instaló allí, lo hizo pensado que sería para el resto de su vida. Canales manifestó su malestar con las autoridades gubernamentales.

“Nos han traicionado nuestros propios latinos. Mire, hay algo curioso: hay un libanés de origen entre los cinco del gobierno (Ali Saleh). Ese sí ayuda a su gente, pero los otros cuatro que son hijos de inmigrantes son unos hijos de la ching…”.

En el reporte del presunto reasentamiento emitido en julio, se señala que el alquiler de los espacios oscila entre $492.83 y $800.00 mensuales, con un promedio de $613.81, y se afirma que la ciudad no ha aumentado los alquileres en el parque desde hace 15 años.

Agrega que hay 66 casas móviles o prefabricadas de una sola sección, 25 de doble sección, 25 remolques -que son los modelos más antiguos de casas móviles que generalmente cuentan con enganche de remolque- y una autocaravana utilizada como vivienda.

Silencio de la alcaldía y un comunicado

La alcaldesa Ana María Quintana no respondió cuál sería su postura respecto del posible desalojo de las familias ni si planeaba ayudar a los residentes de escasos recursos de Bell Mobile Home Park.

De la misma manera, Ali Saleh, quien ha estado en el gobierno de la ciudad por 15 años, no respondió dónde serán reubicados todos los residentes del parque que podrían verse desplazados, ni dónde hay viviendas adecuadas en la ciudad de Bell para ellos, ni tampoco si existe otro parque de casas móviles u otra opción de vivienda de reemplazo accesible.

En nombre de ambos, el administrador de la ciudad, Michael L. Antwine II, emitió un comunicado.

“Los beneficios económicos [de reubicación] de cada residente se calculan de manera distinta, basándose en los datos específicos de su hogar. El proceso de reubicación incluirá referencias a opciones de vivienda disponibles dentro de la ciudad de Bell y en las comunidades circundantes”, se lee.

“Un especialista en reubicación ayudará a los residentes con las solicitudes de vivienda y el transporte para visitar posibles nuevos hogares, además de brindar apoyo para identificar viviendas accesibles para personas mayores y residentes con discapacidades”, agrega el comunicado.

Antwine II añadió que la asistencia económica para la reubicación se determina de forma individual, no mediante una suma única establecida por los miembros del concejo municipal de Bell y que dicha asistencia se calcula conforme a la legislación del estado de California, y se basará en las circunstancias particulares de cada hogar.

“El informe incluye tasaciones profesionales, opciones de vivienda de reemplazo comparables y disponibles, costos de mudanza y los requisitos aplicables de California. Se prevé que los propietarios reciban el valor justo de mercado de sus viviendas en su ubicación actual y podrían optar a asistencia adicional para la mudanza o para la vivienda de reemplazo. Los inquilinos que reúnan los requisitos podrán recibir asistencia para la mudanza y el alquiler, según las circunstancias de su hogar y el costo de una vivienda de reemplazo comparable”.