Donaciones y fricciones

WASHINGTON, D. C. (EFE).— A las puertas de la campaña para las elecciones legislativas de Estados Unidos de noviembre, republicanos y demócratas han encontrado un motivo más para el enfrentamiento al anularse algunos límites a las donaciones para la financiación electoral.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió esta semana los topes a las contribuciones agregadas que un individuo puede aportar a candidatos, partidos y comités de acción política durante un ciclo electoral, en una decisión que podría aumentar la influencia de los más ricos en la política estadounidense.

A lo largo de los últimos días, se han sucedido las declaraciones y comentarios de políticos de ambos partidos sobre esta resolución que los republicanos han aplaudido como un impulso a las libertades individuales y los demócratas han repudiado, preocupados por un hipotético exceso de injerencia política de las grandes fortunas.

“Cada vez que una corte decide abrir las puertas a más dinero, esto destruye la fundación de las leyes de finanzas electorales designadas para prevenir que se pueda comprar al Gobierno. Hay demasiado dinero involucrado ya en la política y esta decisión de la Corte va a hacer que la situación sea peor”, dijo ayer a Efe la portavoz del Comité Nacional Demócrata, Pili Tobar.

“Aunque no estamos de acuerdo con la decisión, por lo menos la Corte expresó su conocimiento y preocupación sobre que más dinero sea dirigido a estos grupos externos. Esto reconoce el valor y rol de los partidos políticos a nivel nacional y estatal, quienes a diferencia de los grupos externos, tienen que declarar donaciones con completa transparencia”, agregó.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado, no obstante, su intención de lanzar una campaña para reformar las leyes de financiación electoral y hacerlas más transparentes.

“Esto es una amenaza existencial a quiénes somos y cómo hacemos nuestras campañas y gobernamos y debería ser algo rotundamente rechazado”, afirmó Pelosi.

Sin embargo, el Partido Republicano apoya mayoritariamente la decisión judicial, tal y como mostró el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, al celebrar que el Supremo permita a los donantes “tener la libertad de dar lo que quieran dar”.

“Es el derecho de un individuo, y no la prerrogativa del Congreso, determinar cuántos candidatos y partidos apoyan”, señaló el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

La sentencia del Supremo mantiene en 2,600 dólares la aportación máxima que cada persona puede realizar a un candidato para un cargo de ámbito federal.

No obstante, elimina los límites que hasta ahora existían a la cantidad total con que un donante podía contribuir a los partidos políticos o sus comités (74,600 dólares) o directamente a candidatos (48,600 dólares) en un ciclo electoral, que dura dos años.

Así, el Supremo autoriza a financiar a más candidatos (con los topes anteriores podían aportar el máximo a 18 aspirantes) o a realizar mayores contribuciones con los partidos.

La organización sin ánimo de lucro Sunlight Foundation, que persigue una mayor transparencia, denunció que con esta sentencia “un solo donante puede contribuir con más de 3.5 millones de dólares a un partido durante un ciclo electoral (o con el doble, si quiere asegurarse sus apuestas)”.

Por lo pronto, la resolución permite la entrada de más dinero en las campañas electorales, aunque podría reconducir a los partidos y los candidatos parte del dinero que ahora reciben los comités de acción política conocidos como “súper PAC”, criticados por su opacidad.

Estos grupos, que sobre el papel no forman parte de la estructura de la campaña de los partidos, aunque en la práctica las apoyan económicamente, surgieron a raíz de otra sentencia del Supremo de 2010, que abrió la puerta a las contribuciones ilimitadas de los empresarios en las campañas electorales por esta vía indirecta.

Tanto la sentencia del Alto Tribunal estadounidense de esta semana como la de 2010 afectan a otra decisión que se adoptó en 1976, dos años después de la revelación del caso Watergate, que estableció unos topes a las contribuciones de terceros a la elección de cargos políticos para evitar la corrupción.

En el pasado ciclo electoral (2011-2012), 2,972 donantes llegaron al máximo que podían conceder a los comités y 591, al máximo para los candidatos, que proporcionaron unos 107 millones de dólares a los demócratas y unos 163.2 millones a los republicanos, según los datos de la organización protransparencia OpenSecrets.