¿Por que el LAPD no difunde el video captado por cámaras corporales?

Cuando en 2015, el alcalde Eric Garcetti anunció que al menos 860 agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) portarían cámaras corporales, recibió fuerte bienvenida por parte de la comunidad activista, puesto que dichos aparatos pretendían mantener al margen a agentes que violaban los derechos de personas que arrestaban, que golpeaban o que incluso mataban.

No obstante, hubo un grupo de manifestantes que se opusieron a que los agentes portaran los dispositivos de filmación.

“Ustedes podrán manejar las cámaras y usarlas en contra de nosotros”, señaló Aloni Bonilla, quien en enero de 2015 intentaba comprobar en una corte federal que fue golpeada por un agente de la Patrulla de Carreteras de California (CHP). El incidente fue grabado por la cámara de un hospital, pero no se aceptó como evidencia.

Y mientras que el LAPD no coincide con este argumento, sí ha restringido la difusión de la mayoría de los incidentes captado por la cámara que portan sus agentes, alegando que el material solo ofrece cierta información del incidente y podría disuadir al público sobre la realidad de los hechos.

Pero la Comisión Civil que rige al LAPD considera que, para cerciorar la confianza por parte de la comunidad, se debe permitir la distribución de tal material, razón por la que esta semana anunció que se planea eliminar algunos obstáculos que impone el departamento para restringir esto.

Las cámaras registran las interacciones de la policía con el público, y han sido adoptadas por un número creciente de departamentos no solo en el condado de Los Ángeles, sino en todo el sur de California en los últimos años. Si el LAPD aclara sus políticas sobre la liberación pública, eso la convertirá en la rara agencia encargada de hacer cumplir la ley en el condado que proporciona detalles específicos sobre si se dará a conocer el video.

La comisión planea trabajar con el Proyecto de Patrullaje de la Universidad de Nueva York para recoger opiniones y recomendaciones del público, mismos agentes de policía y otras partes interesadas sobre la liberación no sólo de video de cámaras corporales sino también de cámaras montadas en el tablero de patrullas y cámaras de seguridad privadas recogidas durante las investigaciones.

Se espera que el proyecto haga recomendaciones al panel a finales de este año sobre qué tipos de video deben ser vistos por el público y cuándo deberían ser liberados al público. Una pregunta es si el LAPD publicará videos de tiroteos de alto perfil, que a menudo terminan siendo utilizados en juicios.

Y es que la mayoría de los reglamentos en cuestión de difusión de este tipo de videos son bastante impreciso. Un análisis que trabajó KPCC, al tomar en cuenta la política de 14 agencias del condado de Los Ángeles, arrojó los siguientes datos:

• Los Ángeles, Long Beach y la policía de Downey no abordan la publicación de video en sus políticas escritas. Eso deja al público en la oscuridad en cuanto a cuándo, o si es que alguna vez, estas agencias compartirían videos de incidentes críticos.
• Nueve departamentos citan la ley de registros públicos y otros estatutos en su política sobre la cámara. Pero lo hacen sin comprometerse a publicar el video siempre que sea posible ni a enumerar exenciones específicas.
• En Pasadena, una política recientemente actualizada promete publicar el video al público “en la mayor medida posible”, pero especifica los casos en los que no se publicará el video.
• La política de South Pasadena establece que el video sólo será puesto en libertad bajo orden judicial, o si el Jefe de Policía decide liberarlo.