Censo de 2020 incluirá pregunta sobre ciudadanía, dice secretario de Comercio

Activistas advierten de que inclusión de pregunta desalentará participación de inmigrantes y minorías

Censo de 2020 incluirá pregunta sobre ciudadanía, dice secretario de Comercio
El día oficial del Censo 2020 es el 1ro de abril./ Archivo
Foto: Impremedia

WASHINGTON— El Departamento de Comercio dijo este lunes que incluirá una pregunta sobre ciudadanía en los formularios del censo de 2020, pese a las advertencias de que eso podría producir un bajo conteo de inmigrantes y minorías, con malas consecuencias. California de inmediato alistó una demanda para impugnar la decisión.

En un memorándum de ocho páginas, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, aprobó la solicitud que hiciera el pasado 12 de diciembre el Departamento de Justicia para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el conteo decenial de 2020.

Ross dijo que, tras consultas con la Oficina del Censo, miembros del Congreso y las partes interesadas, determinó que la inclusión de la pregunta en los formularios del censo de 2020 “es necesaria para proveer información completa y precisa” sobre la población nacional.

El gobierno de California, que ya ha demandado 28 veces a la Administración, sobre todo  por su política migratoria, inició otro litigio por considerar que la movida sobre el censo es inconstitucional, dijo una fuente que solicitó el anonimato.

“Estamos listos para hacer lo que debemos para proteger a California de  un Censo deficiente. El incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 no sólo es una mala idea– es ilegal”, afirmó el fiscal general de California, Xavier Becerra.

En una columna de opinión publicada en el diario “San Francisco Chronicle”, Becerra acusó a la Administración de querer “descarrilar” el proceso del censo y de politizarlo, en medio de su continuos ataques contra los inmigrantes.

Un bajo conteo poblacional perjudicaría desproporcionadamente a California, que tiene una alta concentración de inmigrantes, porque pondría en riesgo al menos uno de sus escaños en la Cámara de Representantes y un elector en el Colegio Electoral, y privaría a las ciudades y condados del estado de su tajada en el desembolso de fondos federales, advirtió Becerra.

El Departamento de Comercio tenía plazo hasta el próximo sábado para responder a la solicitud del Departamento de Justicia, que argumentó que eso ayudará a proteger la “sección 2” del “Acta del Derecho al Voto” de 1965, que vela por el derecho al sufragio de las minorías en EEUU.

Desde diciembre pasado, sin embargo, grupos cívicos en todo el país advirtieron de que, en el clima político actual, los inmigrantes indocumentados en particular no querrán rellenar los formularios del censo por temor a que su información sea compartida con las autoridades de Inmigración.

Los resultados del censo, que se realiza cada diez años desde 1790, según estipula la Constitución, determinan el desembolso de casi $700,000 millones en fondos federales,  la demarcación de distritos electorales, y la representación ante el Congreso. Un conteo impreciso o a la baja  perjudicaría a las poblaciones que el Departamento de Justicia dice querer proteger, según activistas.

Pero el Departamento de Comercio desoyó esas advertencias y, de las soluciones disponibles, escogió la “opción D”,  que permitirá incluir la pregunta en el censo decenial –que ya se usa en la “Encuesta Comunitaria Estadounidense” (“American Community Survey (ACS)”- y cotejar los resultados con archivos administrativos.

Según Ross, ni la Oficina del Censo, que depende del Departamento de Comercio, ni los activistas pudieron “documentar que, de hecho, la tasa de respuesta declinaría” con la pregunta sobre ciudadanía.

Si, como aseguran los activistas, los inmigrantes indocumentados no participarían en el censo por temor al uso indebido de su información, eso no disminuiría la tasa de participación de personas que de todas maneras no lo harían, dijo Ross.

Ross argumentó que entre 1820 y 1950, casi todos los censos deceniales incluyeron una pregunta sobre la ciudadanía de los habitantes en alguna forma, y que tanto la ACS como la Encuesta Poblacional Actual (CPS) también la utilizan.

Además, Naciones Unidas recomienda la inclusión de la polémica pregunta, y otras democracias en el mundo la usan, entre éstos Australia, Canadá, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, México, España y el Reino Unido, dijo.

Activistas condenan decisión y prometen resistencia

La semana pasada, activistas de grupos cívicos habían advertido de posibles acciones legales si la Oficina del Censo prosigue con sus planes de preguntar sobre el estatus migratorio de los habitantes, y hoy un creciente número de organizaciones y líderes demócratas condenaron la decisión.

En declaraciones a este diario, Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, en inglés), afirmó que la decisión es “una afrenta a la obligación constitucional del gobierno federal de realizar un conteo completo de toda la población de EEUU”.

“NALEO se sumará a centenares que creen en  una democracia justa para luchar contra esta decisión, y asegurar un Censo preciso y justo”, prometió Vargas, quien advirtió de “consecuencias catastróficas para los latinos y todos los estadounidenses”.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo que es urgente que el Congreso apruebe la iniciativa que presentó la semana pasada para impedir la inclusión de la pregunta en el Censo de 2020.

Senadores demócratas presentan medida para prohibir pregunta sobre ciudadanía en Censo

Vanita Gupta, presidenta de la “Leadership Conference on Civil and Human Rights” (LCCHR), condenó que, a su juicio, Ross cediera a las presiones del presidente Donald Trump y el fiscal general,  Jeff Sessions, e instó al Congreso a que revierta la errónea decisión.

“Trabajaremos con nuestra coalición, la comunidad empresarial y funcionarios locales y estatales bipartidistas y otros líderes cívicos para revertir esta desacertada decisión”, prometió Gupta.

Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, dijo que la decisión de Ross es un “claro intento por politizar el  proceso” y, escudándose detrás de la ley electoral,  la Administración pretende usar la pregunta para discriminar contra las minorías y los inmigrantes.