Demandan a Sessions para proteger a víctimas de pandillas y violencia doméstica
Por cada medida que toma la Administración para restringir los derechos de los inmigrantes, los activistas responden con una demanda
Jeff Sessions. Crédito: Getty Images
WASHINGTON— Grupos defensores de los inmigrantes entablaron este martes una demanda contra el fiscal general, Jeff Sessions, para impugnar su decisión de junio pasado de restringir aún más el proceso de asilo, para negarlo a víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
Las restricciones que anunció en junio pasado Sessions para negar ayuda a víctimas de violencia doméstica o pandillas buscan minar las protecciones de asilo de EEUU, según denunciaron en la demanda entablada hoy en un tribunal de Washington.
En la demanda “Grace v. Sessions”, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), su filial en Texas, y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, cuestionaron las nuevas políticas que, por órdenes de Sessions, facilitan la “deportación expedita”, ignorando los precedentes legales establecidos por los tribunales y el derecho internacional.
La demanda colectiva, también dirigida contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue presentada en nombre de mujeres a quienes las autoridades les negaron las solicitudes de asilo porque, bajo las nuevas normas, presuntamente no demostraron “un miedo creíble a la persecución”. Ahora afrontan un proceso de deportación.
Entre las demandantes figuran tres mujeres detenidas en el centro residencial T. Don Hutton, en Texas. Identificadas solo por pseudónimos y sin apellidos, habían sufrido violencia física y sexual y que, por temor a ser asesinadas, huyeron con sus hijos y buscaron refugio en EEUU.
“Mina” escapó de Honduras con su esposo tras ser atacada brutalmente y recibir amenazas de muerte de pandilleros narcotraficantes, que ya habían matado a su suegro y amenazaron con hacerlo mismo con su marido.
“María”, una adolescente que quedó huérfana de madre, huyó de El Salvador después de enfrentarse a pandilleros –incluyendo un cuñado de ésta- que habían tomado su casa como base de operaciones.
La joven escapó un intento de violación de uno de los pandilleros y emprendió camino a EEUU con solo lo que llevaba puesto, según el documento.
En el último caso, “Grace”, dijo que escapó de Guatemala, donde sufrió la violencia y amenazas de muerte de su pareja, quien la violó a ella y a su hija durante años. La mujer, de una comunidad indígena, también fue víctima de violencia de los hijos de su pareja, también miembros de una pandilla.
“Nuestras demandantes, como muchas otras, están huyendo de una horrorosa persecución en sus países natales. Seguiremos defendiendo a los solicitantes de asilo, incluyendo víctimas de abuso doméstico y violencia de pandillas, contra los esfuerzos ilegales de la administración de eliminar las protecciones humanitarias que merecen”, dijo Thomas Buser-Clancy, abogado de ACLU de Texas.
El pasado 11 de junio, Sessions dijo que instruyó a los jueces de los tribunales de inmigración a que restrinjan aún más el proceso de asilo, de manera que, en términos generales, le puedan negar asilo a personas que huyan de la violencia doméstica o la violencia de las pandillas.
En esa ocasión, Sessions manifestó que el hecho de que un país no pueda combatir esos delitos o proteger adecuadamente del crimen a ciertas poblaciones vulnerables no es razón suficiente para establecer un reclamo de asilo en Estados Unidos.
De esta forma, Sessions revirtió una histórica decisión de 2014 de la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por su sigla en inglés), de que la violencia doméstica puede utilizarse como factor para solicitar asilo en este país.
Según el documento de 34 páginas, las nuevas políticas minan los derechos humanos fundamentales de las mujeres y el derecho internacional, que reconoce la violencia de género como base para reclamos de asilo.
“Este es un intento brutal de la Administración Trump para aniquilar las protecciones de asilo en nuestro país. Está claro que la meta de la Administración es denegar (asilo) y deportar al mayor número de personas posible, y lo más pronto posible”, dijo Jennifer Chang Newell, abogada gerente del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Eunie Lee, co-directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados subrayó que, además de violar las leyes y el derecho internacional, la Administración Trump “está poniendo en grave peligro la vida de nuestras demandantes y de miles de solicitantes de asilo”.
