Tras la muerte de Anthony Ávalos, se realizará auditoría a servicios sociales del condado de Los Ángeles

El estado de California busca determinar si DCFS hace lo suficiente para proteger a los niños
Tras la muerte de Anthony Ávalos, se realizará auditoría a servicios sociales del condado de Los Ángeles
Manifestantes exigen cambios al DCFS.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

Tras la muerte de Anthony Ávalos, quien falleció después de presuntamente sufrir abusos a manos de sus padres, funcionarios del estado de California realizarán una auditoría del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) del condado de Los Ángeles, con el fin de determinar si la agencia hace lo suficiente para proteger a los menores.

El miércoles, el Comité Legislativo de Auditoría de California aprobó la solicitud de los senadores estatales Ricardo Lara (D-Bell Gardens) y Scott Wilk (R-Santa Clarita) y el asambleísta Tom Lackey (R-Palmdale) para una revisión por parte del estado. En ella, los funcionarios señalaron que el pequeño Anthony había sido el tema de 13 llamadas al DCFS y que posiblemente se declaró gay poco antes de su muerte.

“Desafortunadamente, esto no se trata de un caso aislado”, dice la misiva al comité, apuntando a la muerte de Gabriel Fernández, un niño de ocho años que fue abusado y torturado por su madre y novio en 2013, presuntamente porque sospechaban que él era gay.

En entrevista con Los Angeles Times, el senador Lara, quien es abiertamente gay, dijo que su hogar fue su único refugio cuando era niño. Por ello, las muertes de Anthony y Gabriel lo han impactado.

La auditoría evaluará si el DCFS cuenta con suficientes protecciones para los menores de la coumunidad LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer), que están desproporcionadamente representados entre los jóvenes de crianza y que enfrentan traumas adicionales debido al rechazo de sus familias y otras personas por su orientación sexual o expresión de género.

Los funcionarios también pidieron que se determine si las evaluaciones de seguridad que realizan los trabajadores sociales se hacen de manera puntual y precisa. De no ser así, el auditor tiene encargado indagar en “las causas fundamentales de estas deficiencias” y determinar cómo se pueden resolver.

El estado realizó una auditoría del DCFS hace seis años, en respuesta a otras muertes de menores. En ese entonces, informó el antedicho diario, el condado obstruyó sus esfuerzos durante meses, negándose a entregar los registros relacionados con las muertes de los niños. Por ello, dijo el senador Lara, es preciso que un tercero independiente analice las operaciones de la agencia, a pesar de que el condado actualmente realiza su propia investigación sobre el caso de Anthony.


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