Continúan las protestas por moratoria de la pena de muerte en California
En California actualmente hay 23 casos de condenados a la pena de muerte en los que se han agotado todas las apelaciones posibles
Fiscales de Distrito de los condados Riverside y Orange y familiares de personas asesinadas por condenados a la pena capital protestaron frente al muro de las víctimas en Riverside. Crédito: KESQ/Twitter
Los fiscales de Distrito de los condados Riverside y Orange y familiares de personas asesinadas por condenados a la pena capital, protestaron este jueves contra la reciente suspensión de las ejecuciones firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom.
“Las condenas a pena de muerte no se manejan como una infracción de tráfico”, señaló Todd Spitzer, fiscal de Distrito del Condado de Orange, durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Riverside, al sureste de Los Ángeles.
Spitzer recalcó que estas condenas siguen un estricto proceso legal de revisiones y apelaciones.
“Son revisadas por el juez de la Corte Superior asignado al caso, por un jurado, por la Corte Superior de California y por la corte novena de apelaciones”, argumentó el fiscal frente a un muro que conmemora las víctimas de asesinatos y donde hay grabados más de 2.000 nombres.
Spitzer destacó que en California actualmente hay 23 casos de condenados a la pena de muerte en los que se han agotado todas las apelaciones posibles.
“Es con un golpe de bolígrafo que el gobernador ha tomado esta decisión, que viola los derechos constitucionales y el sistema judicial”, criticó el fiscal de Orange.
“He is a chicken”. Orange County DA Todd Spitzer slamming Gov. Newsom’s moratorium on death penalty saying it violates constitutional rights of the victims’ families. @KESQ pic.twitter.com/sN1vxoqva2
— Jeremy Chen🦚 (@JeremyChentv) May 9, 2019
Por su parte, el fiscal del condado Riverside, Mike Hestrin, expuso: “Para mí, esto no es acerca de la pena de muerte. Es acerca del cumplimiento de la ley”.
En conmovedoras intervenciones, familiares de algunas de las víctimas de condenados a la pena máxima presentaron sus testimonios y mensajes.
Joe Bonaminio recordó el caso de su hijo, el militar veterano y oficial de policía de Riverside, Ryan Bonaminio, quien fuera asesinado en servicio en noviembre de 2010, y señaló que cumplir la condena del asesino de su hijo “no es acerca de revancha, es acerca de justicia”.
También se hizo presente James Jordan, hermano de Susan Jordan, una adolescente de 15 años secuestrada y asesinada en Riverside en 1980.
Igualmente, se personó en la rueda de prensa Marilyn VanKleef, madre de Jason VanKleef, quien fuera asesinado a la edad de 18 años en marzo de 2001 por un hombre que también mató a otros dos adolescentes de 15 y 17 años en Rialto, en el condado de San Bernardino.
Entre otros funcionarios electos y autoridades, estuvieron presentes Julie Peterson, asistente del fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino; Sergio Díaz, jefe de la policía de Riverside y el alguacil Chad Bianco, del Condado de Riverside.
La protesta de hoy es la segunda parada de la “Gira de la justicia por las víctimas de asesinato”, que comenzó en Sacramento, cabecera estatal, el pasado 11 de abril.
Según datos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, actualmente hay 736 reos condenados a pena de muerte en el estado.
Desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital en California más de 900 personas, pero solo 13 han sido ejecutadas. Desde ese año además han muerto 79 de estos condenados por causas naturales y 26 más por suicidio.
El pasado mes de marzo, el demócrata Newsom anunció una moratoria de las ejecuciones en California, estado en el que no se ha aplicado la pena capital desde 2006 debido a una querella legal en torno a los protocolos para la utilización de la inyección letal.
El gobernador californiano aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de raza negra y a aquellos que no pueden pagar “una representación legal costosa”.
Además de anunciar la suspensión de las ejecuciones, Newsom, que tomó posesión como gobernador en enero pasado, anunció el cierre de la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín, en el norte de California.
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