México se compromete a reiniciar la investigación de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa

MÉXICO – El titular de la Procuraduría General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, se comprometió este miércoles con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, a reconstruir la investigación desde cero.

Tras una reunión de poco más de dos horas con el Fiscal, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, contó a medios que Gertz Manero se mostró enfático en reiniciarla, debido a los múltiples errores de la investigación desarrollada en la administración anterior.

“En sus propias palabras dijo: está investigación está muy mal y hay que volverla a reconstruir, no veo por donde pueda avanzar con lo que tenemos”, dijo Rosales a medios al reproducir los dichos del Fiscal durante la reunión.

Rosales dijo que en el encuentro, al que dio entrada el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente se retiró, se habló de lo que hay que hacer para evitar más liberaciones de algunos implicados “y que es lo que hay que hacer para recomponer y reconstruir está investigación”.

En tanto, el Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, confirmó las palabras de Gertz Manero y dijo que la FGR empezará de nuevo la investigación y su compromiso es que sea “una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados”.

Añadió que empezarán “desde una base sólida, limpia, en donde quitemos todas estas irregularidades, delitos que se cometieron en contra de personas que incluso fueron inculpadas”.

Apenas el pasado sábado el juez primero de distrito de procesos penales de Tamaulipas ordenó la libertad de 24 expolicías municipales de Guerrero acusados por la desaparición de los estudiantes.

Los 24 liberados eran policías en Iguala, Cocula y Huitzuco, municipios del estado de Guerrero, la noche que los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, entregados al crimen organizado, que los habría asesinado, quemado y tirado sus restos a un río, según la versión oficial del caso, muy criticada por familiares y expertos.

Con la liberación de estos 24 acusados ya han dejado la prisión 77 de los 142 acusados en el caso Ayotzinapa, en tanto otros 65 continúan en prisión.

Rosales contó que el Fiscal les dijo que están buscando a los estudiantes “con vida” y que además de reconstruir la investigación impulsarán las líneas de investigación ya existentes.

En marzo, en Ciudad de México, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, dijo que el caso tiene “grandes pendientes” y una “gama de líneas de investigación” en temas de telefonía y balística.

Además de que se debe procesar a miembros de varios cuerpos policiales y militares de los que se tienen pruebas de su participación u omisión.

Por su parte, el vocero y padre de uno de los desaparecidos, Melitón Ortega, calificó la reunión de positiva por la presencia del presidente de México y por la voluntad de colaboración del Fiscal.

Horas antes, López Obrador hizo un llamado a todos aquellos que tengan información sobre la desaparición de lo estudiantes a que ayuden porque “es una herida abierta”.

“Tiene que ver con la justicia, con el humanismo y con el prestigio de México. Convoco a todo el que tenga información para que se sane, se cierra esta herida que nos afecta a todos como pueblo, sociedad y nación”, apuntó. Dijo que todo lo que se pueda hacer, independientemente de los procesos legales, “es una aportación, es un servicio que se presta a la patria, si se informa lo que se sabe”.

Los familiares y la Fiscalía se reunirán nuevamente en diciembre en espera de que se den los primeros avances de la nueva investigación.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.