Tres derechazos de la justicia a Trump en un solo día complican sus planes de frenar la inmigración

La semana que se concluye este domingo no ha sido una de las más tranquilas para la administración del presidente, Donald Trump.

Mientras que el mandatario fue puesto por el Congreso en el centro de una investigación de juicio político por intentar supuestamente obtener la ayuda de su homólogo ucraniano para debilitar a su rival político Joe Biden, tres jueces tomaron decisiones que complican sus planes para endurecer las políticas de inmigración del Gobierno.

Los reveses judiciales llegaron el mismo día, el viernes 27 de septiembre, procedentes de tres cortes diferentes: dos en California y una en el Distrito de Columbia.

Rechazada la solicitud para detener indefinidamente a niños y familias migrantes

En el primer caso, la magistrada Dolly Gee, de la Corte de Los Angeles, California, rechazó la solicitud de la administración Trump para detener a niños y familias migrantes por un tiempo indefinido.

El Gobierno pretendía poner fin al acuerdo Flores, que rige las condiciones de detención de los niños inmigrantes, incluido cuánto tiempo pueden permanecer bajo custodia. Para justificar su posición, sostuvo que que el acuerdo, de 1997, debería terminarse ya que las autoridades han emitido nuevas reglas para las condiciones de detención de los niños, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La jueza estableció que el pedido viola el mismo acuerdo judicial que el Gobierno intenta desechar. Y aseguró que no se sentía preparada para aceptarlo, por lo que lo bloqueó temporalmente, a la espera de una decisión final, ha reportado el sitio web de noticias BuzzFeed News.

Vida más difícil para ICE a la hora de detener a migrantes en California

El mismo día, el juez federal del Distrito Central de California Andre Birotte emitió una orden permanente que le complica la vida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a la hora de detener a migrantes, según reportó el Los Angeles Times.

El magistrado prohibió a ICE depender únicamente de bases de datos para enviar solicitudes que piden a las agencias policiales mantener bajo custodia a inmigrantes detenidos hasta dos días más de lo que harían normalmente. El propósito de la agencia federal es tener más tiempo para evaluar si deporta a esas personas.

Birotte consideró que esas bases de datos muchas veces contienen “datos incompletos y  errores significativos” o “no están diseñados” para proporcionar la información suficiente para determinar si hay que deportar una persona. Los errores consecuentes, según el fallo, han llevado en algunas ocasiones (77 en 2016) a detener a ciudadanos estadounidenses

Según su decisión, que afecta las peticiones de ICE procedentes del Distrito Central de California, la agencia ahora también tiene prohibida la emisión de esas solicitudes a las fuerzas del orden público estatales y locales en estados donde no existe un estatuto explícito que autorice los arrestos de inmigración civil contra los detenidos.

LA Times explica que la decisión del juez tiene impacto, porque en ese distrito está el Pacific Enforcement Response Center, un centro de ICE que emite solicitudes de ampliación de detenciones de indocumentados (el año pasado fueron más de 45,000) a 43 estados, además de que all Distrito de Columbia y Guam.

Mientras que ICE asegura a través de un portavoz que está evaluando la decisión del juez y eventuales respuestas legales, la abogada de la Unión Estadounidense Por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) Jessica Bansal mantiene que se trata de “un duro golpe” para los programas de deportaciones de ICE y los que “promueve” Trump para atrapar a migrantes a través de la policía.

En California, la policía ya no consideraba esas peticiones de detención de ICE por fallos anteriores de la justicia que se lo prohibían. Pero las fuerzas policiales de otros estados sí lo han seguido haciendo.

Durante los últimos cinco años, ICE casi duplicó las peticiones enviadas a las autoridades de California para que retuvieran por más tiempo a los migrantes bajo su custodia, según un reporte.

Un freno al plan de deportación acelerada de miles de migrantes

La última de las tres decisiones judiciales dirigidas contra políticas que la administración del presidente quiso aprovechar llegó de la mano de la jueza del distrito de Columbia Ketanji Brown Jackson, quien bloqueó el viernes por la noche un plan de la administración del presidente, Donald Trump, para ampliar el uso de un proceso que acelera la deportación de inmigrantes indocumentados sin la participación de los tribunales de inmigración, según reportan distintos medios.

El procedimiento de “expulsión acelerada” se estuvo utilizando para devolver rápidamente a México a migrantes que fueran atrapados en territorio de EEUU dentro de un área de 100 millas (160 kilómetros) del límite marcado por la frontera sur y que la hubieran cruzado como muy temprano dos semanas antes de ser detenidos.

Pero en el pasado mes de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), emitió un reglamento para ampliar esta “deportación expedita” al caso de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no lograsen demostrar que permanecieron en EEUU al menos dos años.

La medida excluiría a ciudadanos y residentes legales, tal y como explicó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). Tampoco afectaría a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.

La jueza emitió este viernes una orden judicial preliminar que frena temporalmente este intento del Departamento de Seguridad Nacional de ampliar la expulsión acelerada.

Como cuenta la web de noticias BuzzFeed, la orden de la jueza entra en vigencia de inmediato: de momento, el DHS no podrá implementar la política, a la espera de que se cumpla el proceso de apelaciones sobre esta cuestión.

El día anterior, Trump firmó una orden ejecutiva que permite a autoridades locales y estatales rechazar a refugiados si demuestran que no tienen la capacidad o los recursos para recibirlos, después de que su administración decidiera reducir en un 40% el número de refugiados que admitirá en EEUU en el año fiscal 2020.

Por Francesco Rodella

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