Gobierno de Trump contrata ‘jueces a modo’ para negar asilo y deportar a más inmigrantes
La Junta de Apelaciones de Inmigración sería un instrumento más al servicio de las prioridades políticas del presidente
Crédito: MANDEL NGAN/ | AFP / Getty Images
Los cambios implementados en el proceso de contratación de miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) han permitido a la administración del presidente Donald Trump avanzar con su agenda política para rechazar a solicitantes de asilo, negar visas y deportar a más inmigrantes, según refieren documentos oficiales.
La BIA es el máximo órgano administrativo para interpretar y aplicar las leyes de inmigración con 21 miembros que son contratados por el Departamento de Justicia (DOJ) y que forman grupos de tres para revisar en apelación los fallos que emiten los jueces de inmigración y establecen precedentes legales.
Desde el 2018 el gobierno de Trump ha modificado las reglas para la contratación de miembros, reduciendo los plazos para presentación de solicitudes e incrementando de 17 a 21 el número de integrantes y contempla elevarlo a 23, lo que ha permitido colocar en la BIA a jueces de inmigración que son amantes de la deportación y les apetece rechazar a refugiados.
Informes y memorandos internos de funcionarios de gobierno que integran una demanda presentada en marzo por el American Immigration Council y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), precisan que los cambios realizados en el proceso de contratación de miembros de la BIA han permitido que el DOJ ocupe las vacantes con jueces de inmigración que tenían altos índices de rechazo de solicitudes de asilo y muchos de ellos con quejas formales por prejuicios sobre los inmigrantes.
El viernes pasado tres de esos jueces a modo rindieron protesta como nuevos miembros de la BIA, uno de ellos con un récord de 96% de rechazo a los casos de asilo que llegaron a su escritorios, además de haber sido acusado en varios casos de tomar decisiones basado en estereotipos.
Los documentos de la demanda sugieren la preferencia dada a jueces con más altos fallos en contra los inmigrantes y reflejan la influencia política ejercida sobre la BIA por el director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), James McHenry.
De acuerdo con Laura Lynch, asesora principal de políticas de AILA, el proceso de contratación que existía era ciertamente engorroso e ineficiente, sin embargo el nuevo plan del gobierno ha sido creado y ajustado a sus prioridades políticas, no es transparente y ofrece un margen de maniobra para la manipulación.
