‘Latinos acusados de corrupción son la excepción’, consideran expertos y actores políticos

Las acusaciones de corrupción pública contra el concejal de Los Ángeles, José Huizar han llevado a reflexionar sobre los muchos otros casos en los cuales los latinos se han visto involucrados en la última década, y algunos hasta han ido a parar a la cárcel. Pero a pesar de que más de una docena de políticos latinos han enfrentado la justicia, expertos y funcionarios electos consideran que este mal social es generado por el mismo sistema en el que vivimos.

Uno de los casos más sonados fue el del ex senador de Montebello, Ron Calderón sentenciado a tres años y medio de prisión federal en 2016 por aceptar decenas de miles de dólares en sobornos de agentes encubiertos del FBI; y por parte de un directivo de hospital a cambio de favores oficiales. Su hermano el exasambleísta Tom Calderón, fue sentenciado a pasar unos meses en la cárcel, luego de llegar a un acuerdo tras aceptar que lavó algunos de los sobornos que recibió su hermano. Ron Calderón salió libre a principios de 2019.

Ni qué decir del escándalo de corrupción en la ciudad de Bell de 2010, en el que aunque los principales cabecillas, el ex administrador de la ciudad, Robert Rizzo y su asistente Angela Spaccia no eran latinos, sí hubo algunos concejales latinos involucrados como Teresa Jacobo, Óscar Hernández, Luis Artiga y Víctor Bello.

En 2013 en Cudahy,  los concejales Osvaldo Conde, David Silva; y el empleado municipal Ángel Perales se declararon culpables de extorsión federal y recibir sobornos por $17,000 de un informante del FBI que supuestamente quería abrir una clínica de marihuana.

En 2017 en la ciudad de South El Monte, el exalcalde Luis Aguinaga fue sentenciado a un año en la cárcel por un esquema de corrupción y sobornos por $45,000.

En South Gate, Albert Robles, quien fuera concejal, tesorero, y subgerente de la ciudad de South Gate, y más tarde miembro del Central Basin Municipal Water District pasó diez años años en una prisión federal por corrupción y lavado de dinero. En 2013, una corte de apelaciones echó abajo las condenas de corrupción y lavado de dinero, pero permaneció la sentencia por sobornos.

En Lynwood, dos exconcejales, uno de ellos latino fueron condenados por malversación de fondos al ser acusados de recibir estipendios en comisiones de la ciudad, y no hacer nada. También emplearon las tarjetas de crédito de la Ciudad para conciertos, ir al golf y a un club de strippers. Fernando Pedroza fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Murió hace un año al salir de la cárcel.

Uno de los casos más recientes es el de John Noguez, asesor del condado de Los Ángeles, exalcalde de la ciudad y concejal de Huntington Park, arrestado en octubre de 2012 por presuntamente participar en un esquema de sobornos al aceptar $185,000 de un consultor tributario para bajar las valuaciones de ciertas propiedades en el condado . Se declaró no culpable, y está en espera de un juicio.

Sin embargo, una corte de apelaciones ordenó desechar el caso por una violación técnica.

Y apenas en junio, el alcalde de Pico Rivera y dueño de una compañía de consultoría en educación, Gustavo Vidal Camacho de 54 años fue acusado por reembolsar indebidamente a sus familias y amigos, dinero donado a un candidato que competía por un asiento en la Junta Directiva Escolar de Montebello.

El 8 de octubre, él y Luis Díaz Rojas, dueños de DelTerra Group serán instruidos de cargos en una corte del centro de Los Ángeles por el delito grave de conspirar para cometer identificación apropiada; y un delito menor de una contribución electoral bajo un nombre falso o identificación inapropiada de un donante de campaña.

Al concejal Huizar, el 23 de junio, agentes del FBI lo arrestaron en su casa por presuntamente dirigir una empresa criminal al usar su posición en el Ayuntamiento para solicitar y aceptar sobornos por al menos $1.5 millones a cambio de favorecer a desarrolladores inmobiliarios.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años en una prisión federal. Huizar salió libre bajo fianza, y deberá presentarse en la corte el 20 de julio para la lectura de cargos.

Son más los latinos honrados

El doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor del Departamento de Estudios Chicano y Chicana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dijo que hay que tener cuidado al asociar corrupción con latinos.

“Hemos tenido una explosión de políticos latinos, pero no una explosión de latinos corruptos”, precisó.

Y observó que la corrupción es tan vieja como la república, pero en el caso de los latinos no es un problema sistemático de esta comunidad.

Claro que ha habido casos de latinos involucrados en la corrupción muy preocupantes. Sin embargo, enfatizó que “son muchos más los honrados”. 

Y citó el caso del fiscal del estado, Xavier Becerra que está actuando para que quien quiera que se involucre en corrupción sea condenado, y no se le ha visto ninguna intención de minimizar el caso de Huizar.

Pero consideró que decir que un político por ser latino es corrupto, es un prejuicio. “Los casos como el de José Huizar son excepciones. Se trata de personajes que vienen de experimentar la pobreza y de pronto se encuentran en una tienda de juguetes”.

Y más allá, opinó que tenemos un sistema corrupto al que algunos políticos que son débiles no pueden resistirse como es el caso de Huizar.

Agregó que la corrupción era peor antes, y la hemos visto en italianos, alemanes, irlandeses, afroamericanos y latinos. “La corrupción más avanzada la tenemos en la presidencia del país; y en las últimas dos décadas se ha enjuiciado a dos presidentes. Además los corruptos reales se quedan muchos años en el poder”.

Por unos pocos pierden todos

El alcalde de Maywood, Eddie De la Riva, dijo que la corrupción es un problema sistemático que se presenta en todos los grupos étnicos, cuando se meten a la política o al servicio público gente que no tiene las mejores intenciones y solo buscan su lucro personal. “Por unos pocos, perdemos otros;  y si vemos más latinos involucrados en Los Ángeles es porque la población latina es muy grande, pero esto pasa en todas las razas”.

Consideró que muchos cuando llegan al poder, se les olvida de dónde vienen y del sacrificio de sus padres.

“La tentación siempre está ahí, y si eres débil y te dejas influenciar vas a caer”.

De la Riva estimó que mientras la gente no sea más activa en sus comunidades, no se involucre, se informe y  haga caso solo de los chismes, seguirá la corrupción.

Al preguntar al concejal de Cudahy, Jack Guerrero si piensa que los latinos somos más propensos a caer en corrupción pública cuando ocupamos puestos públicos, o es un problema que se da por igual en todas las razas, dijo que los latinos no están más o menos predispuestos a la corrupción que otros grupos étnicos. 

Sin embargo, expuso que “los líderes latinos en nuestra región tienden a representar comunidades desfavorecidas con una participación electoral muy baja, controles y equilibrios limitados, poca supervisión, y sistemas terribles que crean condiciones propicias para que políticos poco éticos participen en la corrupción”.

¿Qué piensas que mueve a un político a caer en actos de corrupción, en particular a los latinos? 

• Desafortunadamente, los políticos operan en un ambiente de “pago por juego” con influencia significativa de vendedores, desarrolladores, y contratistas que contribuyen abiertamente a campañas políticas con muy poca transparencia. 

En muchos casos, agregó, los políticos no tienen una carrera profesional fuera de la política, y permiten que el entorno de “pago por juego” los consuma por completo. Con el tiempo, la influencia se vuelve intoxicante para los políticos poco éticos. Luego los votantes con poca información vuelven a elegir a los mismos políticos para perpetuar el ciclo.

Y ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de corrupción pública como ciudadanos comunes y corrientes?

“En primer lugar, los ciudadanos deben dejar de elegir la misma clase de político. Deberían elegir reformadores que busquen el cambio fundamental, como por ejemplo: límites de mandato, presupuestos equilibrados, rotación periódica de los administradores, proceso competitivo abierto para contratos, auditorías forenses, y transparencia inmediata con respecto a las contribuciones de campaña. Los ciudadanos también deben permanecer vigilantes, asistir a reuniones y supervisar a los políticos regularmente”.