Proponen dar hasta $600 a inmigrantes para comprar comida

Si no fuera por los bancos de comida, Elsy Chávez no sabe que hubiera hecho para alimentar a su familia durante la pandemia del coronavirus. “Yo trabajaba en la limpieza y mi esposo en restaurantes. Los dos quedamos sin empleo. Ahora él ha regresado a trabajar, pero le han dado muy pocas horas. No alcanza para todo”, dice Elsy.

Por eso, dos veces la semana, sale de su casa a las 6 de la mañana para llegar temprano al banco de comida más cercano.

“Regreso como a las 10 de la mañana. Cada vez hay más gente pidiendo alimentos. En la línea hay hasta 300 personas de todas las edades. Es triste. A veces me quiero venir a mi casa, abandonar la espera, pero necesitamos la comida“, dice.

Así que cuando escuchó que en Sacramento se discute una medida para darles a las familias inmigrantes una tarjeta por entre $300 y $600 al mes para que puedan comprar comida durante seis meses, se puso feliz. “Sería maravilloso. Lo necesitamos mucho. Es horrible estar sin dinero “, dice.

A pesar de que California produce más comida y riqueza que cualquier otro estado de la nación, los californianos, y en especial los inmigrantes, están batallando para poner comida en su mesa en medio de la pandemia de COVID-19.

Los problemas de hambre que se presentan en California motivaron al asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago a presentar la SB 286, una medida de emergencia para apoyar con comida durante seis meses, a los californianos que han perdido su empleo e ingresos por COVID-19 sin importar su estatus migratorio.

Se trata de un proyecto de ley impulsado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, la Asociación de Bancos de Comidas, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Western Center on Law & Poverty.

“Es una ayuda que beneficiaría no solo a las familias inmigrantes afectadas por la pandemia sino a la economía local”, explicó Joseph Villela, cabildero de CHIRLA.

Precisó que la propuesta consiste en dar entre 300 y 600 dólares al mes por familia en tarjetas para que puedan comprar comida en los bancos de alimentos.

“Queremos que se apoye a las personas indocumentadas de bajos recursos que están por debajo del nivel de pobreza. Calculamos que son 1.5 millones en el estado”.

Y recordó que se han hecho estudios que demuestran que son los latinos los que van a la casa con hambre. Además enfatizó que en el caso de los inmigrantes, los que menos tiempo llevan en el país, tienen diez años pagando impuestos, por lo que merecen que se les ayude.

Comida para todos

El asambleísta Santiago, autor de la AB 826 también conocida como “Comida para Todos”, señaló que más de 7 millones de californianos están desempleados o han perdido sus ingresos, y no pueden poner comida en sus mesa.

Los inmigrantes indocumentados – dijo – han sido golpeados muy duro por el virus y han quedado fuera de la mayoría de las redes de apoyo, ya que no tienen derecho a cupones de alimentos como CalFRESH ni a beneficios por desempleo.

“Cualquier ayuda que les llevemos puede salvar sus vidas. La hambruna no debe ser consecuencia de esta crisis de salud, y por eso estamos peleando para proveer asistencia alimentaria”.

La información colectada por las organizaciones de salud demuestran que las minorías, particularmente los latinos y las comunidades indocumentadas han contraído desproporcionadamente el virus y están batallando para pagar sus alimentos, la renta y otras necesidades.

Demanda sin precedente

“Lo que comenzó como una crisis de salud es ahora una crisis de hambre. Los bancos de alimentos enfrentan una demanda que no tiene precedentes debido a que muchos californianos han sido excluidos de otras formas de asistencia alimentaria y no tienen a dónde ir”, dijo Andrew Cheyne, director de Asuntos de Gobierno de la Asociación de Bancos de Comida de California.

“En la actualidad, uno de cada cuatro californianos tiene hambre, y esto es una necesidad aún mayor entre latinos y minorías”, agregó.

Jessica Barthlow del Western Center on Law and Poverty, dijo que aunque los trabajadores del campo siembran un tercio de los vegetales y dos tercios de las frutas y nueces del país, y han continuado trabajando durante la pandemia pese a la amenaza de su salud, no hay ningún plan estatal o federal para evitar que sus familias pasen hambre.

“La AB 826 es todo lo que tenemos. Por eso imploramos a la legislatura que la apruebe y al gobernador que la firme”.

Se espera que esta semana la medida sea aprobada por el Comité de Asignaciones Fiscales del Senado. El costo aún no se ha definido.

Si es hecha ley por el gobernador Gavin Newsom, entraría en vigor en enero del año 2021.