CDC no aprobó cierre de frontera con México que ha permitido expulsión acelerada de indocumentados

La red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no apoyaron en marzo pasado el cierre de la frontera de Estados Unidos con México ordenado por la Casa Blanca, cuyo objetivo era frenar la propagación del coronavirus, que por ese entonces ya había contagiado a casi 15,000 personas y matado a más de 200, según una investigación del diario The Wall Street Journal (WSJ).

Los CDC “interpusieron una orden el 20 de marzo que permitía a los agentes de la frontera devolver inmediatamente a México cualquier migrante que hubiesen encontrado cruzando la frontera, citando la amenaza del coronavirus” explicó el periódico.

Durante el evento público en el que se anunció la medida, el pasado 20 de marzo, en la Casa Blanca, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, aseguró que los CDC habían determinado que el coronavirus presentaba “un serio peligro para los inmigrantes, para nuestro personal de primera línea, agentes y oficiales y para el pueblo estadounidense”.

Sin embargo, el rotativo sostiene que, de acuerdo a una revisión de los documentos internos del Gobierno y entrevistas con personas involucradas en el proceso, dicha medida “fue impulsada por funcionarios de inmigración en la administración a pesar de las objeciones de altos funcionarios de laCDC“, que es en última instancia la autoridad para emitir una orden de estas características.

Según el WSJ dichos funcionarios advirtieron de que la promulgación suponía un uso inadecuado de los poderes en salud pública.

La orden que negaba la entrada al país a los migrantes que solicitaban asilo se emitió el mismo día que se anunciaron los cierres de las fronteras con México y Canadá, que “seguían dejando pasar a los ciudadanos estadounidenses y otros viajeros de negocios para moverse libremente entre las dos fronteras” recordó el WSJ.

La medida permitía a los Estados Unidos expulsar del país a los inmigrantes indocumentados sin ningún periodo de detención, ni el debido proceso. El anuncio generó el rechazo de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI).

“Esta política logra el objetivo perseguido dese hacía mucho tiempo, y que los funcionarios de la Administración Trump habían discutido públicamente, de desalentar o evitar que los migrantes en la frontera sur presentasen solicitudes de asilo”, sostiene el periódico neoyorquino.

El WSJ insiste en que, según las fuentes y documentos consultados, “la orden se encontró con una profunda resistencia por parte de los funcionarios de los CDC” y en que “no fue concebida por expertos en salud pública sino por Stephen MiIler, el principal asesor de inmigración de Trump, quien presionó tanto a la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de EE.UU. como a los CDC para que exploraran su viabilidad”.

El 10 de junio, tras una demanda de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) contra la política del Gobierno del presidente Donald Trump de usar normas de salud para expulsar a menores de edad sin el proceso debido, un juez federal detuvo la deportación de un niño hondureño de 16 años.