ICE y el operador privado de cárceles GEO sufren revés legal en California
Un juez de san Diego respaldó la ley AB 32 de California que prohibe la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las existentes cierren
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el operador de cárceles privadas GEO Gruop sufrieron una gran derrota legal al tratar de eliminar la ley AB 32 de California, que prohibió la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado, destacaron este viernes activistas.
La coalición Dignity Not Detention, que impulsó la aprobación de la ley el año pasado, la cual entró en vigencia este 2020, aplaudió en una conferencia de prensa el fallo de la juez federal del Distrito Sur en San Diego, Janis Sammartino, que confirmó en gran medida la legalidad de la AB 32 el pasado jueves.
Según la decisión de la magistrada, cinco centros de detención de inmigrantes en el estado se eliminarían gradualmente en los próximos años.
“No permitiremos que estas cárceles privadas eludan nuestras leyes y la voluntad del pueblo por más tiempo”, dijo hoy Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants (FFI), organización que hace parte de la coalición.
“El fallo de es una gran reprimenda tanto para el ICE como para el Grupo GEO, y un revés para su plan ilícito para subvertir la legislación popular. Mientras esta lucha continúa, está claro que tenemos la Constitución de nuestro lado”, ahondó la activista.
En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO demandó al gobernador de California, Gavin Newsom, y al fiscal general Xavier Becerra alegando que el propósito de la medida era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pedía al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto.
Según la demanda, AB 32 afectará a 10 cárceles y centros de detención de inmigrantes administrados de manera privada en California con casi 11.000 camas en total, la gran mayoría de la capacidad de detención federal en el estado. GEO, que tiene su sede en Florida, administra siete de esas instalaciones.
También en diciembre el ICE firmó nuevos contratos para mantener abiertos los centros de detención de California y expandir algunas de estas cárceles migratorias como la de Adelanto, que está administrado por GEO.
No obstante, en otra derrota para el ICE y GEO, la juez también se negó a mantener afirmativamente esta serie de contratos multimillonarios de 15 años que las corporaciones penitenciarias celebraron con el Gobierno federal.
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