Jueza suspende una regla de Trump para restringir el asilo
La regla de la Administración Trump restringía la concesión de asilo a solicitantes con delitos menores
Un padre y su hijo llegan a Guatemala después de haber sido deportados pese a pedir asilo. Crédito: John Moore | Getty Images
Una jueza federal en California emitió este jueves una orden a nivel nacional para detener provisionalmente una nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump que restringía la elegibilidad de asilo para los solicitantes condenados por delitos menores.
En un nuevo revés para la Administración federal, la magistrada Susan Illston, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, detuvo la entrada en vigor de la nueva regla, que comenzaría a aplicarse este viernes 20 de noviembre.
La decisión se dio tras una demanda presentada a comienzos de mes por las organizaciones Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC” y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition, que desafía la nueva regla migratoria.
La medida presentada por el gobierno de Trump el 21 de octubre creaba amplias y estrictas barreras para los solicitantes de asilo culpables de delitos menores e incluso, en algunos casos, perjudicaba aquellos que solo habían sido investigados, alegan las organizaciones.
El tribunal reconoció que “la nueva regla habría privado a los solicitantes válidos de obtener asilo, independientemente de si se han rehabilitado, independientemente de si su conducta delictiva ocurrió muchos años antes, o independientemente de si han cometidos actos que el Congreso ha dicho no deberían hacer que un solicitante sea inelegible para el asilo”.
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La regla indica que entre quienes no podrán obtener asilo se cuentan los extranjeros que hayan sido condenados por dar alojamiento a inmigrantes indocumentados, o por ayudarles a ingresar o reingresar a Estados Unidos, así como los condenados por su vinculación con las actividades de pandillas callejeras.
Tampoco podrían recibir asilo las personas condenadas por conducir un vehículo mientras estaban intoxicadas, “sin importar si la condena está clasificada como un delito menor o un delito grave bajo leyes federales, estatales, tribales o locales”, cuando esa infracción haya causado lesiones graves o la muerte de otra persona.
Otros crímenes cuya condena resultaba en un impedimento para obtener asilo incluyen el abuso, la negligencia o el abandono de menores de edad, la violencia doméstica, cualquier crimen en el cual el extranjero haya hostigado, obligado, intimidado o amenazado con el uso de la violencia, o haya infligido lesión física contra su cónyuge o excónyuge.
Incluye también a extranjeros que hayan sido condenados por cualquier delito menor debido al uso de un documento de identidad falso a menos que, al abordar un medio de transporte esa persona haya usado tal documento para “salir de un país en el cual teme la persecución”.
Excluidos de que se les otorgue el asilo, además, están los extranjeros que reciban beneficios sociales de una agencia federal “o beneficios públicos de una entidad estatal, tribal o local sin la autorización legal”, o los que posean o trafiquen sustancias controladas más allá de una sola infracción por la posesión para uso propio de no más de 30 gramos.
La orden de la jueza se extiende hasta el próximo 9 de diciembre, cuando el tribunal celebrará una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes.
Esta es el segundo revés que recibe el gobierno en dos días. Este miércoles un juez federal en el Distrito de Columbia ordenó a la Administración que deje de utilizar la emergencia sanitaria para expulsar a niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera.
Desde marzo pasado los menores no acompañados y los inmigrantes detenidos eran sujetos a expulsión después que el gobierno impusiera una normativa (Título 42) que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
