Rosario Robles formaliza colaborar con Fiscalía de México en caso Estafa Maestra

Representantes legales de la ex funcionaria acudieron a la Fiscalía de México para formalizar colaboración de Rosario Robles con las investigaciones

Abogados de Rosario Robles acuden a Fiscalía de México para formalizar colaboración en investigaciones.

Abogados de Rosario Robles acuden a Fiscalía de México para formalizar colaboración en investigaciones. Crédito: Madla Hartz | EFE

Rosario Robles, ex funcionaria mexicana, presentó formalmente a la Fiscalía General de la República de México (FGR) su solicitud de un criterio de oportunidad, un beneficio que, en caso obtener, hipotéticamente podría devolverle la libertad.

Representantes legales de la ex funcionaria acudieron a la dependencia federal para entregar un escrito en el que manifiestan que ella está dispuesta a colaborar con las investigaciones por los desvíos de la llamada Estafa Maestra.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, se trata en este momento de un escrito de trámite que en los próximos días ampliarán con información adicional.

Robles, a través de su defensa, informó el lunes pasado su voluntad para solicitar el criterio de oportunidad a la Fiscalía, un beneficio con el que pretende que sea retirada la acción penal en su contra, a cambio de aportar información contra personas de mayor jerarquía o de delitos más graves.

El martes pasado, sus abogados indicaron en forma preliminar que, entre otras cosas, está dispuesta a declarar contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y sobre el financiamiento de la Estafa Maestra para las campañas del PRI en el Estado de México, así como en las intermedias de 2015 y la presidencial de 2018.

El criterio de oportunidad es una figura legal que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que permite a la Fiscalía otorgar inmunidad penal, a cambio de información que contribuyan a consolidar o darle mayor alcance a sus investigaciones.

Desde el 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga está presa en el Penal de Santa Martha Acatitla, sujeta a un proceso por el delito de uso ilícito del servicio público, basado en la supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos.

Además, el pasado 31 de octubre se libró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de ellos un delito con penas de 20 a 40 años y con prisión preventiva de oficio.

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