Sr. López Obrador: “no recicle el programa Bracero, hay otras opciones”

MEXICO.- Los migrantes víctimas del robo del 10% de su salario durante el programa Bracero del siglo pasado no pueden creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera hacer una segunda versión, un “Bracero 2.0” para emplear a los miles de mexicanos que ven en el trabajo temporal de Estados Unidos una salida a la pobreza.

“No debe hacerse”, advierte José Antonio Foronda, asesor jurídico del Movimiento Unificado de Ex Bracero quien pelea para que se les devuelva el dinero a miles de ex jornaleros que hoy son ancianos y a quienes el Estado americano les retuvo entre 1942 y 1964 el dinero.

En lugar de dárselo directamente al final del contrato a cada trabajador se lo entregó al gobierno mexicano y éste lo desapareció. No se sabe quién se lo quedó.

El Programa Bracero fue esclavista. La explotación empezaba en México con los reclutadores, luego con sueldos de miseria; las autoridades de EEUU los revisaban como si fueran ganado, los dientes, los genitales; los albergaban en bodegas y los trataban como subnormales incapaces de ahorrar:  por eso se creó el fondo de ahorro que después desapareció, describe Foronda.

“De ninguna manera un nuevo convenio laboral debe inspirarse en Bracero y mucho menos sin que se salde la deuda histórica con las víctimas de éste”.

Durante la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006) se creó un fideicomiso para dar un pago de 36,000 pesos (alrededor de 3,000 dólares de ese tiempo) como una remuneración simbólica. El fideicomiso se mantuvo hasta el 2015 que Enrique Peña, a mitad de su periodo presidencial, le dejó fuera del presupuesto y luego López Obrador lo borró totalmente a pesar de que en campaña dijo que pagaría.

En 2013 un grupo de ex braceros demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ésta atrajo el caso… ¡hasta 2019! Hizo un llamado a ambas partes a “una amigable solución”. Demandantes y demandados llegaron a un acuerdo de hacer mesas de diálogo que siguen sin fecha.

Aún en estas condiciones López Obrador prupuso a Biden el programa Bracero 2.0 en su primer encuentro virtual la semana pasada.

¿Por qué se oponen organizaciones?

“Un programa Bracero 2.0 no es una respuesta humanitaria a la migración laboral México- Estados Unidos”, advirtió en un comunicado de prensa el Centro para los Derechos del Migrante, una organización binacional que brida apoyo legal a migrantes temporales que sufren abusos en EEUU.

Evy Peña, vocera de la organización en México, explica que el Programa Bracero facilitó la explotación y discriminación de los trabajadores mexicanos, y sirvió como inspiración para los defectuosos programas de visas de trabajo que hoy se otorgan principalmente para trabajadores del campo (H2A) y oficios (H2B).

Además, los programas de migración laboral temporal ahora vigentes están mal regulados, lo que permite a los gobiernos delegar sus responsabilidades y a los empleadores estadounidenses establecer estándares laborales de facto.

“Conforme crece la demanda por utilizar estos programas, la supervisión de ambos gobiernos parece volverse aún más ineficaz“, describe Evy Peña.  “En vez de incrementar las protecciones para persona migrantes, los gobiernos  buscan deslindarse de su deber y están esencialmente delegando sus responsabilidades a los empleadores, quienes controlan, no solo a quienes contratan, sino también bajo qué condiciones”, .

¿Qué proponen?

CDM propone, junto con Migration that Works, una coalición de organizaciones y académicos expertos en temas laborales y  migratorios en EEUU que en lugar de inspirarse en el programa Bracero se deberían considerar otro programa de avanzada diferente que incluya las demandas a favor de los derechos humanos de los trabajadores temporales

Por ejemplo, una certificación al empleador para que éste, en lugar de subcontratar a los reclutadores para buscar trabajadores en México, sólo soliciten la base de datos al gobierno federal de EEUU.

Esta base laboral debería incluir sólo competencias laborales, no la raza, edad, género, origen nacional y otras bases de discriminación.

También sugieren que una supervisión gubernamental a los programas de visas actuales y que se facilite a las empresas la contratación directa de los trabajadores migrantes sin necesidad de gestores porque éstos han sido el principal ejecutor de abusos, de cobros indebidos, de timos y engaños.

Si el gobierno estadounidense interviniera más —dicen — revocaría el certificado para contrataciones a todos los empleadores que no cumplan la ley. Por tanto, los activistas proponen  responsabilizar estrictamente a los empleadores por los abusos en todas las etapas de la migración laboral.

De igual forma, sugieren que el gobierno de EEUU establezca una comisión independiente para determinar el mercado laboral y transparentar cuánto se le va a pagar al empleado, ofreciendo salarios de mercado.

Sobre las obligaciones de México, el abogado Foronda propone algo muy sencillo: que se aplique en el convenio con EEUU la Ley Federal del Trabajo que ha servido para el programa de trabajadores temporales entre México y Canadá porque, a diferencia de Bracero, ha tenido menos quejas, no se les ha intentado retener ningún salario y opera desde 1974 hasta la fecha.

En seis capítulos, la ley actualizada hasta el 11 de enero de 2021 precisa que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito con la información general del trabajador, los servicios que prestará, el lugar, la duración de la jornada y la forma y el monto del salario además se debe indicar que el trabajador será capacitado en los planes y programas de la empresa.

En el artículo 28 obliga a los contratos indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante; que debe garantizar condiciones de vivienda decorosa e higiénica para el trabajador así como atención médica y los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas

El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio en México para todos los efectos legales y el contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que incluya la seguridad social y otras prestaciones.

Actualmente la Ley del Trabajo sí contempla a los agentes reclutadores a los que pone estrictos controles que luego no cumplen y las autoridades no vigilan.

“Ahí está todo”: no hace falta más”, advierte Foronda.

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