Los CDC anunciaron una nueva moratoria de 60 días para los desalojos pero podría ser anulada por el Tribunal Supremo
Joe Biden admitió que la nueva moratoria podría ser anulada, pero buscaría la forma de que los más de $45,000 millones de dólares lleguen a las personas con dificultades para pagar el alquiler
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) decretaron una nueva moratoria “temporal” sobre los desalojos, así lo anunció la agencia el martes. Se anunció que la nueva moratoria será independiente de la anterior que expiró este fin de semana, sin embargo, podría ser anulada por el Tribunal Supremo.
La nueva orden tendría como fecha de expiración el 3 de octubre y sólo abarcaría los condados que experimentan niveles “sustanciales” o “elevados” de propagación del COVID-19. Se calcula que la moratoria actual incluye alrededor del 80% de los condados de Estados Unidos que equivale al 90% de la población estadounidense.
“La aparición de la variante delta del coronavirus ha provocado una rápida aceleración de la transmisión en Estados Unidos, poniendo a más estadounidenses en mayor riesgo, especialmente si no están vacunados”, dijo el martes la directora de los CDC, Rochelle Walensky. “Esta moratoria es lo correcto para mantener a la gente en sus casas y fuera de los entornos de congregación donde se propaga el COVID-19”.
Los CDC establecieron la protección federal en septiembre de 2020 pero el Tribunal Supremo advirtió hace una semana que no permitiría una nueva expansión de la moratoria sin la aprobación del Congreso y que el gobierno de Biden no podía prorrogar la anterior moratoria de desahucios mediante una acción ejecutiva. En junio, el Tribunal Supremo decidió mediante una votación cerrada que la prohibición de desalojos continuará hasta finales de julio.
Los temores de Biden
El presidente Biden dijo a los periodistas el martes durante una rueda de prensa que no está seguro de si la nueva moratoria de desahucios se convertiría en ley pero que cualquier litigio “probablemente daría algún tiempo adicional” para que los fondos de ayuda al alquiler fluyan. Biden incluso cree que la nueva moratoria podría ser anulada por el Tribunal Supremo.
Tanto la antigua moratoria como la nueva serían aplicadas para las personas que están atravesando dificultades económicas y que no pueden pagar su alquiler evitando que pierdan sus hogares y de esta forma ser menos propensas a adquirir la COVID-19. Sin embargo, la nueva orden solo será aplicada a las personas que vivan en un condado “que experimente niveles de transmisión elevados”.
El presidente reveló que ha consultado con expertos constitucionales para que asesoren a su gobierno para que al elaborar la nueva moratoria de desalojo puedan contar con mayores posibilidades de pasar por los tribunales, pero la mayoría de los expertos han opinado que cualquier nueva moratoria que impulsen los CDC podría estar destinada al fracaso.
El año pasado el Congreso destinó $45,000 millones de dólares para el pago de los alquileres para ayudar a los inquilinos con dificultades económicas y la moratoria fue extendida para evitar que estas personas fueran desalojadas hasta que recibieran el cheque de ayuda que les permitirá pagar el alquiler.
Los problemas y retrasos de la moratoria
Los estados y gobiernos locales, que son los encargados de distribuir los fondos, han pedido una gran cantidad de requisitos que pueden ser difíciles de cumplir para muchos inquilinos, además, se han enfrentado al problema de poder identificar a los propietarios de las viviendas y quienes son las personas que viven en ellas.
Por si esto fuera poco, los gobiernos no cuentan con suficiente personal para procesar las solicitudes de ayuda de manera rápida. Como resultado de este proceso a finales de junio solo se había pagado el 6.5% de los $45,000 millones de dólares.
En junio la National Low Income Housing Coalition mencionó que los programas de ayuda para el alquiler solo habían entregado menos del 20% de sus fondos a pesar de que los recursos habían estado disponibles desde diciembre del 2020.
Biden advirtió en su conferencia del martes que los tribunales podrían anular la nueva orden, sin embargo, no lo harán de manera inmediata por lo que podría otorgar un tiempo adicional mientras el gobierno busca cómo distribuir esos $45,000 millones de dólares a las personas que cuentan con un atraso en el pago del alquiler.
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