Juez federal presiona a Texas por utilizar la denuncia ciudadana para aplicar la ley del aborto

Un juez federal presionó a los abogados del estado de Texas el viernes sobre el diseño “muy inusual” de una ley que delega en los ciudadanos y no en las autoridades para su cumplimiento y sobre la legalidad de una prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo, que no hace excepciones por violación o incesto.

Los abogados del Departamento de Justicia y los abogados del estado de Texas presentaron sus casos el viernes en una audiencia virtual ante el juez Robert Pitman del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.

Lo que está en juego durante este caso es la capacidad de las mujeres en Texas para abortar después de aproximadamente seis semanas de embarazo, un tiempo antes del cual muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas.

El gobierno del presidente Joe Biden plantó cara ante esa ley estatal, pidiendo que se bloquee, en un intento de frenar una norma que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado.

La audiencia judicial de más de tres horas supuso el primer pulso entre el Departamento de Justicia y las autoridades de Texas, desde que entró en vigor ese veto casi total al aborto, en el segundo estado más poblado del país.

El juez federal Robert Pitman estudió durante la sesión la petición del gobierno de Biden de suspender de forma preliminar la implementación de la ley, que entró en vigor hace justo un mes, y por la que el Departamento de Justicia ha demandado a Texas.

Un mecanismo “poco habitual”

Aunque Pitman no anunció ninguna decisión durante la audiencia y dijo que seguiría estudiando el tema, sus preguntas en la sesión dejaron clara su estupefacción ante el mecanismo diseñado por Texas para hacer cumplir la ley, que se basa en demandas presentadas por ciudadanos.

“Si el estado tiene tanta confianza (como dice) en que limitar el acceso de una mujer al aborto es constitucional, ¿entonces por qué se ha tomado todo el trabajo de crear este (mecanismo) de actuación tan poco habitual?”, preguntó Pitman.

El fiscal de Texas encargado de defender el caso, Will Thompson, respondió que, en su opinión, el mecanismo no es tan extraordinario y que no es cierto que el estado haya recurrido a ideas “poco habituales” para conseguir que la medida saliera adelante.

La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta $10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.

Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en las autoridades.

Fue ese vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor hace un mes con el beneplácito del Tribunal Supremo, a pesar de que contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como “Roe versus Wade”.

Veto al aborto “apoyado en justicieros”

El veto de Texas -que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas-, es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores en varios estados.

El Departamento de Justicia recordó durante la audiencia que el veto de Texas viola la decisión del Supremo de 1973 y otra posterior de 1992, que permite a los estados de EE.UU. restringir el aborto, pero solo una vez que el feto pueda sobrevivir fuera del vientre materno, alrededor de las 24 semanas.

“Ningún estado puede prohibir los abortos a las seis semanas. Texas sabía esto, pero igualmente quería un veto de seis semanas, así que recurrió a un esquema sin precedentes apoyado en justicieros”, afirmó el representante del Departamento de Justicia en el caso, Brian Netter. Ese sistema, añadió, está “diseñado para asustar a los proveedores de abortos que podrían ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales”.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que intentan interrumpir voluntariamente su embarazo cada año en Estados Unidos son pobres, de acuerdo con el centro de estudios Guttmacher Institute, y para muchas de ellas no es una opción desplazarse a otro estado para poder acceder a un aborto.

Si el juez Pitman aceptara la petición del Departamento de Justicia y frenara de forma preliminar la aplicación de la ley, las clínicas de Texas podrían volver a practicar temporalmente abortos después de las seis semanas de gestación.

No obstante, el estado de Texas apelaría seguramente la decisión y llevaría el caso a la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país.

Es posible que el asunto vuelva a llegar al Supremo, aunque pocos expertos legales creen que esa corte entre a valorar la constitucionalidad de la ley.

Hay otras dos vías que podrían acabar con la ley de Texas: una demanda presentada por proveedores de aborto que está pendiente de audiencia en el Quinto Circuito, y dos demandas presentadas por particulares contra un doctor texano que confesó en un artículo de opinión que había violado el veto.