Un acueducto revela la guerra por el agua en México

MEXICO.- Es una guerra política, social y económica abierta entre casi todos los sectores de una sociedad. Están involucrados presidentes de la República de diversos mandatos así como indígenas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y gobernadores; la ciudad contra el campo; activistas sociales y antropólogos; empresarios y sicarios.

La discordia: el Acueducto Independencia en el estado de Sonora que desvía agua del río Yaqui hacia Hermosillo, la capital del estado.

Se debate si debe seguir funcionando o no y ha puesto a pique a moderados contra radicales, a Andrés Manuel López Obrador contra el líder de la izquierda histórica y cuatro veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas porque el primero propone una solución consensuada mientras el segundo pidió cancelar el acueducto.

Por un lado, el acueducto opera ilegalmente tras un fallo de la SCJN que dio la razón a la etnia Yaqui; por otro, la cancelación signicaría dejar sin agua a millones de personas, que dependen totalmente de esta obra que impusieron el ex gobernador Guillermo Padrés y el ex presidente Felipe Calderón desde 2010. 

La discusión pública se complicó desde finales de septiembre pasado, cuando el presidente acudió a una ceremonia de “Petición de Perdón al Pueblo Yaqui” por los agravios en su contra durante la Colonia, el Porfiriato y otros tiempos. 

En ese contexto, Cuauhtémoc Cárdenas, quien se encontraba como maestro ceremonias,  pidió resolución al conflicto y justicia por los asesinatos de defensores del agua de la etnia. 

Luis Urbano, un activista social de 35 años de edad, fue asesinado a balazos el pasado 8 de junio, en Ciudad Obregón. Tomás Rojo Valencia, activista y vocero del pueblo originario yaqui, desapareció el 27 de mayo en la comunidad de Vícam y su cuerpo fue hallado el 17 de junio.

Desde su trinchera, el vocero de la etnia Alberto Bizcarra, lamentó que se quiera explicar cada uno de los asesinatos con argumentos falaces para tapar el problema.

“No compartimos la idea de que la desaparición se fraguó en el inframundo del crimen organizado, sabemos que nuestros compañeros estaba desafiando estructuras de poder, financieras que quieren convertir el agua en una mercancía, no en función de beneficio colectivo”, dijo Alberto Bizcarra, uno de los voceros.

Una década

El Acueducto Independencia se planeó hace once años como parte de la infraestructura que salvaría el abastecimiento de agua potable a varias ciudades afectadas por la grave sequía en el estado fronterizo del norte porque la presa Abelardo L. Rodríguez se secó.  Así surgió la alternativa de desviar alrededor de 75 millones de metros cúbicos del Río Yaqui.

Este río arrastraba desde 1940 un conflicto porque el entonces presidente Lázaro Cárdenas restituyó a la etnia además del territorio del que había sido despojado el derecho al uso del  50% del agua, pero la comunidad nunca recibió todos los recursos  hidráhuilicos y hasta la fecha aún hay regiones donde esta población carece de agua potable para subsistir.

A pesar de los antecedentes, se dio luz verde al proyecto, aún con manipulaciones al estudio de impacto ambiental y con una consulta a las comunidades sin información completa. Por ello, los agricultores del pueblo Yaqui de Vícam, coordinados en el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua, presentaron un amparo a la SCJN que les dio la razón en 2013. 

Las autoridades locales y federales no acataron la resolución y siguieron desviando el agua. Desde entonces, la etnia ha hecho protestas de todo tipo, tomando carreteras, bloqueando los cruces hacia Estados Unidos entre otras acciones. 

Desde entonces, voceros de la lucha de los Yaquis contra el Acueducto Independencia han sufrido detenciones y ataques, señaladas de tener sesgo político por organizaciones como Amnistía Internacional, como sucedió a los representantes Mario Luna y Fernando Gutiérrez, detenidos y encarcelados en 2014. 

Después siguieron los homicidios contra Urbano y Rojo y se radicalizó el movimiento también del otro lado de la moneda para temor de la población de Hermosillo y otras ciudades que se abastecen de la cuenca como Ciudad Obregón, Empalme y Guaymas.

El otro lado del conflicto

Martín Zalazar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo manifestó que las demandas de los yaquis son muy “simplistas” y carecen de empatía.

“El trasvase de agua beneficia a miles de hermosillenses y debe mantenerse” advirtió.  “Al menos, mientras no haya una opción alterna como una desaladora por ejemplo, la capital de Sonora necesita de esa agua proveniente del Acueducto Independencia para los hogares y la actividad económica”.

El presidente mexicano coincide con esta visión. Dijo que sería “un error” cancelar el funcionamiento del acueducto e insiste en que debe compartirse el agua del Río Yaqui. Según sus cálculos puede ser suficiente para cumplir tanto las necesidades de la tribu como el abastecimiento de la capital sonorense si se logra un acuerdo de aprovechamiento.

Para ello firmó junto a los ocho gobernadores tradicionales del pueblo yaqui, el Plan de Justicia que establece una inversión del Gobierno mexicano por 11,000 millones de pesos (530 millones de dólares) en el territorio indígena en obras de salud, educación, vivienda y desarrollo social además de otros planes para el agua.

“La modernización de los sistemas de riego y de una racionalización apropiada del recurso son soluciones que pueden ayudar”. detalló. 

Además promueve la creación de  un nuevo Distrito de Riego que sería solamente controlado por los yaquis”.

Pero el Movimiento Ciudadano por el Agua no está satisfecho con la propuesta porque dicen que no hay 700 millones de metros cúbicos de agua  garantizada y no se sabe de dónde se van a obtener si aceptan que continúe la operación del Acueducto Independencia.

“La totalidad del caudal del Río Yaqui ya se encuentra concesionada entre los pueblos a lo largo de su cuenca, productores agrícolas y empresas mineras y la promesa de la administración federal con millones de litros prometidos podrían no llegar nunca”, dijo Zalazar.

 “No exigimos más que lo que siempre ha sido nuestro, no exigimos más agua de la que se acordó”, agregó Alejandro Aguilar, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, quien ha acompañado a la etnia en sus demandas. 

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