El presidente Biden destaca la asistencia de emergencia para frenar los desalojos

En los meses recientes aumentó el número de familias que reciben asistencia de emergencia para pagar el alquiler. Sin embargo, no se registró un marcado incremento en la cifra de personas desalojadas de sus viviendas, pese a que expiró una moratoria federal a los desahucios.

Cifras del Departamento del Tesoro, a cargo de supervisar el programa de Asistencia de Emergencia para Alquiler, revelaron que el número de familias que reciben los beneficios aumentó un 10% durante septiembre, pasando de 459,000 familias en agosto a 510,000 en septiembre.

Citando datos del Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton, el Departamento del Tesoro señaló que “no ha habido un aumento importante de desalojos a nivel nacional después de que expiró la moratoria federal, y las solicitudes de desalojo permanecen por debajo de los promedios históricos”.

Aunque a finales del año pasado el Congreso autorizó $46,500 millones de dólares en asistencia de emergencia, el lanzamiento del programa se vio afectado por una lenta entrega de la ayuda. Según los funcionarios del gobierno, fueron los socios municipales y estatales los responsables del entorpecimiento del proceso por lentitud en su reacción y burocracia excesiva.

“Una diferencia significativa”

Entonces, el gobierno emitió nuevas directrices durante el verano, para que los estados redujeran el papeleo y permitieran a los solicitantes “avalar por sí mismos” las adversidades sin tener que presentar estados bancarios.

Los fondos de asistencia para el alquiler están “haciendo una diferencia significativa en la prevención del temido incremento en los desalojos, pero es todavía insuficiente”, admitió Gene Sperling, asesor de Biden en estas labores.

“Incluso con este mejor desempeño –agregó—sabemos que si no lo hacemos mejor a nivel nacional, cientos de miles de familias aún enfrentarán de manera innecesaria un riesgo de ser desalojadas”. El gobierno federal permitió que la moratoria terminara con julio, pero la reactivó unos días después por la presión de aliados políticos. A finales de agosto, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no tenía autoridad para suspender los desalojos, y el Congreso no ha intervenido.

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