¿El Entendimiento Bicentenario de seguridad entre México y EE.UU. mató a la Iniciativa Mérida?

El pasado 8 de octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el Entendimiento Bicentenario como un nuevo marco de colaboración en materia de seguridad

¿El Entendimiento Bicentenario de seguridad entre México y EEUU mató a la Iniciativa Mérida?

Ken Salazar y Marcelo Ebrard ponen en marcha acciones del "Entendimiento Bicentenario". Crédito: Agencia Reforma

MEXICO.- En el discurso político de lado sur del río Bravo, el programa de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir la inseguridad Entendimiento Bicentenario “mató” a la Iniciativa Mérida por considerar que ésta atizaba más la violencia al priorizar el combate frontal al crimen organizado.

En el análisis de organizaciones civiles y expertos en seguridad, el nuevo acuerdo sobre el que se presentaron avances en días pasados es casi intangible porque carece de mecanismos de evaluación, no existe un plan de acción, no se sabe con qué recursos contará, ni cuando pueda comenzar a implementarse. 

 Además aún no tiene la aprobación de ninguno de los dos congresos.

“Parece un catálogo de buenas intensiones”, advirtió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Entre esas intensiones positivas, Roberto Zepeda, académico del Centro de Investigaciones de Norte América de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó la inclusión del tema de salud  y que se  plantee como primer punto “proteger a nuestra gente”.

“Esto implica un cambio de paradigma, porque lo que se busca es propiciar una seguridad más enfocada en las personas”.

El pasado 8 de octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el Entendimiento Bicentenario como  un nuevo marco de colaboración en materia de seguridad y prometieron que en los siguientes meses diseñarían el plan para la implementación durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el resto del mandato de Joe Biden.

El anuncio se tomó con esperanzas tras diversos episodios de tención como las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump para frenar la migración; la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional por las autoridades estadounidenses en octubre de 2020 y la reforma que limitó las actividades de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

Para el 31 de enero, ambos países presentaron tres metas, once áreas de coordinación, 26 objetivos conjuntos y 102 acciones de cooperación.

Se prometió por ejemplo, la supervisión y la coordinación en los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera; aumentar la supervisión y la coordinación en los puertos de entrada aéreos así como los marítimos; subir la supervisión y la coordinación del comercio electrónico (eCommerce).

Aumentar el Intercambio de Información Bilateral sobre el Tráfico de Armas de fuego; desmantelar la producción de estupefacientes y reducir la capacidad de venta y distribución así como fortalecer la ley para combatir el tráfico de drogas sintéticas y precursores.

La lista de prioridades es similar a otros marcos y acuerdos previos en la relación bilateral.

Para el analista Stephan Brewer, de la organización civil WOLA, que vigila los derechos humano en las Américas, lo más importante de este nuevo acuerdo “no es el peso simbólico ni diplomático del encuentro, sino el impacto potencial del nuevo acuerdo en las condiciones de seguridad y salud en este momento crítico”.

En México, destaca, los últimos tres años han sido de niveles récord de violencia homicida, con más de 36,000 muertes, aunados a una crisis de más de 95,000 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría durante los últimos siete años.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que más de 10, 000 fallecieron por sobredosis entre mayo de 2020 y abril de 2021; México también enfrenta el uso problemático y las sobredosis de drogas.

Retos

Tanto para WOLA como para los analistas mexicanos uno de los pies por el que puede renguear el Entendimiento Bicentenario  es la falta de mecanismos de medición.

En 2018, cuando el presidente aún no anunciaba sus políticas de seguridad, la organización México Evalúa, puso en términos numéricos qué significaría una reducción de la violencia que en ese año cerraría con 35, 000 homicidios dolosos.

“¿Cuántos municipios tendríamos que atender para alcanzar el objetivo? Si se ordenan todos los municipios por la cantidad de homicidios que aportan al total para 2018, tendríamos que tener una reducción de 30 % de homicidios en 60 municipios para en tres años alcanzar una disminución de 15.4% y tan sólo para acercarnos al 25% sería necesario”, precisó en su momento el investigador David Ramírez-de-Garay

La propuesta no se secundó oficialmente a nivel federal, estatal o municipal y los asesinatos continuaron al alza hasta la fecha.

WOLA subrayó a través del analista Brewer la importancia de que en todos los rubros del Entendimiento Bicentenario, se establezcan indicadores claros para medir resultados, recordando que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. identificó deficiencias en el monitoreo del impacto de la Iniciativa Mérida con referencia a sus metas, objetivos y riesgos.

Según Brewer, una fuente de la cancillería mexicana afirmó que con el nuevo acuerdo no habría verificaciones de derechos humanos del Capitolio, no recibirían equipo militar ni apoyo directo del Pentágono y se acabaría la licencia de espiar y de actuar con toda libertad dentro de México para las agencias federales estadounidenses

“Estas últimas afirmaciones generaron confusión, puesto que las normas estadounidenses que buscan prevenir que Estados Unidos brinde asistencia a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos, conocidas como la Ley Leahy, no pueden ser derogadas mediante un acuerdo bilateral entre dos poderes ejecutivos”, dijo.

Al comparar los textos que anuncian el Entendimiento Bicentenario con los cuatro pilares de la Iniciativa Mérida, los analistas aprecian diversas áreas de continuidad, aunque con ajustes y evoluciones y limitadas las áreas concretas de común acuerdo y prioridad entre los dos gobiernos.

“No obstante lo anterior, sería un error para todas las partes no aprovechar este momento para impulsar y exigir que el nuevo acuerdo se traduzca en avances reales para la población”, detalla WOLA en su análisis.

Por tanto, urgió a lograr un modelo de salud pública en materia de drogas, superando plenamente el fallido paradigma de una “guerra contra las drogas, la despenalización del uso de las drogas y la creación de mercados regulados así como transformar el entorno de impunidad en México que actualmente fomenta la violencia en sus diversas formas.

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