La delegación de Migración en Chiapas, en la mira por… ¡Tráfico de indocumentados!

MEXICO.- Dirigir la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chiapas es como sacarse el premio mayor de la lotería, dicen activistas defensores de los derechos humanos que observan en el terreno el arribo de miles y miles de migrantes, como nunca antes.

Por eso tienen en la mira a Paola López, la actual titular y quieren su cabeza.

“Debería renunciar ahora mismo”, dijo Irineo Mujica, representante de las organizaciones binacionales Pueblos sin Fronteras y Pueblos Unidos Migrantes. “Su esposo es parte de la red de polleros”.

“En Chiapas los traficantes de migrantes están en contubernio con el INM y la Guardia Nacional”, sostiene Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana.

Mujica y Villagrán son los dos únicos defensores de la sociedad civil que apoyan abiertamente la logística de la estancia y el paso por México las caravanas de los indocumentados en Chiapas. Su atención se centra hoy en Tapachula, donde están varados alrededor de 150, 000 extranjeros.

Los inmigrantes indocumentados están en espera de una oportunidad que se llama visa humanitaria. Esta les permite de avanzar hacia Estados Unidos. A ellos se unen diariamente miles en busca de lo mismo.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció que revertirá la aplicación del Título 42 en el mes de mayo próximo y la reacción de lado sur se traduce en esperanza de llegar al Sueño Americano. 

El Título 42 fue invocado durante la administración del ex presidente Donald Trump desde el inicio de la pandemia con el fin de proteger la “seguridad nacional”. La disposición legal permite al gobierno de EEUU expulsar de manera inmediata a los indocumentados, sin el debido proceso.

De lado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la par visas humanitarias a los inmigrantes necesitados desde el inicio de su gobierno en 2018 y acordó con EEUU recibir en la frontera norte a los solicitantes de asilo para que esperen en México la respuesta a su petición de refugio en la Unión Americana.

Esas políticas se convirtieron en más poder en las puertas de lado sur. Los defensores de derechos humanos dicen que los funcionarios mexicanos “aprovechan todo” para hacer dinero. 

“Para las autoridades mexicanas no hay migrantes por nacionalidad, sino migrantes ricos y pobres; los que pueden pagar y los que no pueden. Su paso con visas humanitarias depende de cuanto se pague y por eso vemos a tanta gente esperando”, precisa Luis Villagrán en entrevista con este diario.

Se venden las citas para las visas, se venden las visas, los códigos QR de cualquier trámite, el paso por tierra, por mar, por aire… agrega Irineo Mujica, quien durante la última década ha abogado por la estrategia de las caravanas migrantes. 

Mujica considera que éstas son una opción para los indocumentados más pobres que huyen de la pobreza y violencia de sus países y no pueden pagar a la red de traficantes para pasar por México. Una red que que incluye a las autoridades y obtiene ingresos por casi 7,000 millones de dólares anuales, de acuerdo con reportes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

En días pasados, la Fiscalía General de la República detuvo a Juan Pablo Flores, esposo de la delegada en Chiapas Paola López.

Paola López tomó posesión del cargo el 22 de diciembre pasado en sustitución de Aristeo Taboada, un general en retiro que se vio envuelto en un escándalo por la muerte de 56 indocumentados a bordo de un tráiler que habían pasado dos retenes del INM sin ser detenidos.

La experiencia de López dista del perfil de su antecesor con experiencia de confrontación militsr. Lejos de los cuarteles, ella estudió derecho y criminología. Previamente ocupó cargos en diversos sectores de la administración pública como la Fiscalía del Estado de Chiapas, el Instituto Nacional Electoral y en el INM fue subdelegada.

A su currículum oficial, sus críticos agregan que ella ha usado sus conocimientos de la realidad chiapaneca para que su marido montara una empresa de transporte que “no es otra cosa que tráileres” para el tráfico de migrantes.

“Si revisamos todos los reportes de los tráileres detenidos en México que van llenos de migrantes vemos que ocurren en Oaxaca, en Monterrey  San Luis Potosí, no en Chiapas y todos salieron de aquí y aquí hay seis puestos de detención migratoria que debieron detectarlos”, precisa Villagrán. “Se dice que el tráiler donde murieron los 56 eran del esposo de la delegada”.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), en el año 2002, cuando se empezaron a contabilizar las deportaciones de extranjeros en México, de los 138,000 reconocidos, más de la mitad eran detenidos y expulsados en Chiapas; en 2021, de los 120,000, sólo  20,000 (una quinta parte) salieron del estado.

En los últimos registros de enero y febrero pasado, la proporción es similiar a la de 2021.

El discurso oficial

Juan Pablo Flores fue detenido en la primera semana de abril. Era delegado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa) en el estado de Chiapas, de acuerdo con su perfil de la red social LinkedIn.

Tras su detención, la FGR no emitió ningún comunicado sobre las causas de su detención. Este diario indagó al respecto en el área de Comunicación Social del INM  ¾todos los funcionarios deben ser autorizados en esta área para hablar con la prensa ¾ pero ésta argumentó incompetencia. 

Irineo Mujica dice que entre los migrantes se sabe que “desde hace meses” el ministerio público federal seguía la pista a Juan Pablo Flores por la venta de pases directos en las carreteras y por avión con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional y el INM.

Se sabe, incluso, de los apodos de la gente que opera la logística: “El Carro chocón”, “La Gorda blanca” y “El Shrek”…

Tras la detención de Flores, Mujica se publicaron versiones periodísticas sobre la renuncia de Paola López. El INM, lo desmintió mediante una publicación en Twitter. No habló de una posible investigación en la zona sur a funcionarios.

En marzo pasado, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que, desde que comenzó su administración, fueron dados de baja 1, 800 agentes migratorios por corrupción, deshonestidad o inasistencias, dijo.

Garduño fue cuestionado por reporteros tras la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la 36 región militar, ubicada en Tapachula, Chiapas.

No detalló en cuáles delegaciones del INM de todo el país trabajaban los funcionarios cesados. Tampoco habló de acciones que pudieran impedir la corrupción.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales sugieren al INM permitir la observación de grupos de la sociedad civil de diversos perfiles para detectar malas prácticas desde raíz y no cuando se tienen las crisis encima.

En Tapachula, los inmigrantes han tenido que recurrir a protestas de todo tipo para que les den respuesta a sus solicitudes de visa humanitaria. Desde manifestaciones callejeras a motines. 

También se cosieron los labios con agujas e hilo desde que los medios de EEUU hablaron de la eliminación del Título 42 y organizaron dos caravanas que pretendían llegar a la Ciudad de México para denunciar las irregularidades en Migración, pero fueron reprimidas por la Guardia Nacional en cuanto salieron de Tapachula. 

Ahí mismo, el Viernes Santo comenzó a organizarse la tercera con extranjeros de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Haití, África y Centroamérica que busca las visas que consideran el pase directo a Estados Unidos porque pueden circular por el país sin ser detenidos.

Cuando las 50 personas se cosieron los labios, más de 800 personas recibieron visas humanitarias y la comunidad migrante de África y haitianos obtuvieron cerca de 2000 Formas migratoria múltiples”. 

Pero no se dieron a través de un mecanismo sistematizado y ordenado sino como una respuesta al caos. “Fueron dos meses de persecución de lucha, desgaste emocional y una tortura para las familias porque la delegada Paola López se negaba a darle esas visas hasta que el presidente López Obrador envió al doctor Castuera (un mediador)”.

Días después, la problemática con el INM siguió con otra modalidad. A través de mensajes de WhatsApp se convocó a alrededor de 3,000 indocumentados al Parque Ecológico de la ciudad de Tapachula. 

El convocante fue supuestamente Migración para entregarles códigos QR como pases de salida de la entidad. El caos generó tal expectativa que se temió un desbarajuste imposible de controlar.

Desde las oficinas de la capital mexicana, el  INM desmintió la convocatoria.

“Esta autoridad lamenta que se engañara de esta manera a quienes se encuentran en contexto de movilidad, y les invita a acudir a las oficinas del INM en esta localidad, para iniciar el proceso que permita regularizar su estancia en México”.

 La institución  cuenta con canales de difusión e información a través de redes sociales como Twitter (@INAMI_mx) y Facebook (@InamiMX), así como la página web oficial https://www.gob.mx/inm, donde da a conocer los requisitos para obtener un estatus migratorio en territorio nacional.

El  viernes pasado anunció la apertura de 100 ventanillas de trámites de atención y servicio en las nueve sedes localizadas en el estado.

“Los invitamos a acudir de manera directa para recibir atención personalizada, sin necesidad de recurrir a intermediarios, gestores o los denominados ‘coyotes’”, dijo sin más.

La ubicación de las sedes migratorias con ventanillas de trámites están ubicadas en sitios estratégicos:

• Tapachula, en calle Vialidad 435, Fraccionamiento Las Vegas, municipio de Tapachula.
• Talismán, en Carretera 200, Tepic-Puente Talismán, Ejido 
• Talismán, municipio de Tuxtla Chico. 
• Ciudad Hidalgo, en Puerto Fronterizo Ciudad Hidalgo, Puente Internacional Rodolfo Robles.
• Unión Juárez, en Buenos Aires y 5 de Mayo, Unión Juárez. 
• Tuxtla Gutiérrez, en Libramiento Norte Oriente, Fraccionamiento Las Palmas, junto a la Universidad Pablo Guardado Chávez.
• San Cristóbal de Las Casas, en Diagonal Hermanos Paniagua 28, Barrio San Ramón. 
• Comitán, carretera internacional entronque a Tzimol, Guadalupe Chichimá.
• Ciudad Cuauhtémoc, carretera Panamericana, Ejido Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa.
• Carmen Xhan, carretera Federal Trinitaria Lagos de Montebello entronque Lázaro Cárdenas, Carmen Xhan.

El colapso de Tapachula

La descentralización de trámites hacia otras entidades de Chiapas es visto con buenos ojos por los locales de Tapachula. La ciudad tenía alrededor de un cuarto de millón de habitantes antes de los flujos masivos de la década pasada. Para 2020 sumó oficialmente poco más de 350,000 y en los últimos dos años se agregaron más indocumentados.

En estos días, las cifras extraoficiales hablan de 150,000 personas sin papeles y sin casa. Juani García, habitante de la ciudad, dice que si bien los migrantes no mueren de hambre porque Chiapas es una región muy fértil, sí padecen de falta de servicios tanto ellos como los vecinos. 

“Se apropiaron de las áreas verdes, parques y otros espacios públicos para utilizarlos como campamentos, baños púbicos y hasta como moteles; incursionaron en la prostitución clandestina, narcomenudeo y comercio informal”, relata.

“Recientemente agredieron a los inspectores de Servicios Públicos que intentaron ponerlos en orden”.
El activista Luis Barragán observó que este rechazo de la población y la xenofobia es generado por la mala administración de la crisis del INM donde trabajan funcionarios que tienen años en el instituto y saben cómo evadir nuevos controles de corrupción.

Afirma que la actual delegada ha hecho mucho daño a los migrantes y a los defensores de los derechos humanos. “En los últimos tiempos he recibido más amenazas de muerte e intimidaciones, se han creado 50 perfiles falsos de periodistas en las redes para desacreditarnos”.

Irineo Mújica agrega que la táctica de la Guardia Nacional es infiltrar a los migrantes. La estrategia ha llevado a gente inocente a prisión, entre ellos a la activista Cintia Alvarado, acusada de organizar la venta de códigos QR y luego puesta en libertad por falta de pruebas. 

“Ningún gobierno mexicano ni el actual ni el pasado han querido reconocer que el INM está corrompido y necesita rehacerse”.

Otro problema es la falta de justicia. De diciembre del 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) inició cuatro mil 138 carpetas de investigación por tráfico de personas, de las cuales, se judicializaron 1,225 y sólo 420 recibieron sentencia condenatoria.

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