‘La Migra’ en la mira por vigilancia extrema de inmigrantes
Aunque la oficina de Inmigración y Control de Aduanas busca ofrecer alternativas a la detención de inmigrantes, el sistema que actualmente opera ha desatado alertas de activistas, debido a la invasión excesiva en la vida de los indocumentados, lo cual tendría consencuencias personales y laborales severas
ICE es señalado por imponer un sistema de vigilancia extrema a inmigrantes. Crédito: Getty Images
En un año, el Gobierno del presidente Joe Biden ha duplicado el número de inmigrantes indocumentados a quienes pone bajo vigilancia extrema, aunque no estén en prisiones, pero las autoridades han sido reticentes en reportar detalles del programa.
Debido a ello, una coalición de organizaciones civiles presentó una demanda en contra de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para conocer detalles del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP), el cual permite el monitoreo invasivo de los inmigrantes durante las 24 horas.
La demanda fue presentada la semana pasada ante la Corte de Distrito Norte de California y alega que los grupos Community Justice Exchange, Just Futures Law y Mijente pidieron en septiembre pasado una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés) sobre el programa de vigilancia, pero ICE se negó a responder.
Ese sistema de vigilancia forma parte del Programa Alternativo de Detención (ATD), el cual permite dejar libres a inmigrantes indocumentados, pero deberán portar un grillete con GPS o permitir ser monitoreados a través de la aplicación de celular SmartLINK.
La demanda busca registros de ICE relacionados con el uso de la aplicación SmartLINK, que es propiedad B.I. Incorporated, una filial de GEO Group, la empresa que administra prisiones migratorias.
“Este programa sólo ha aumentado la cantidad de inmigrantes bajo la supervisión de ICE, sometiéndolos a una vigilancia invasiva a través del monitoreo de verificación de voz, grilletes en los tobillos y la aplicación SmartLINK”, acusa al demanda.
Los defensores de inmigrantes afirman que el monitoreo electrónico puede abarcar con “la vida completa de una persona”, conociendo todos sus movimientos, lo cual puede dificultar la obtención y el mantenimiento del empleo, afectar las relaciones saludables con familiares y amigos, además de provocar aislamiento social.
La demanda fue presentada por Catherine Crump, de la clínica Samuelson de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, en nombre de las organizaciones.
La estrategia de vigilancia extrema de inmigrantes ha sido documentada por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, que reportó que cuando el presidente Biden asumió la presidencia había 90,000 inmigrantes bajo ese programa, pero ahora había casi 200,000, en apenas un año.
“Estamos siendo testigos de un cambio profundo en las formas geográficas de vigilancia y control de los migrantes”, dijo el investigador del TRAC, Austin Kocher, sobre el reporte dado a conocer en febrero pasado.
