Duplican fondos federales para protección contra desalojos en EE.UU.: da servicios legales a familias en riesgo de perder su vivienda
Se espera que estos fondos federales de protección contra desalojos ayuden principalmente a minorías e inquilinos con dominio limitado del inglés
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) anunció que duplicará el tamaño de su programa de protección contra desalojos, que busca financiar asistencia legal para inquilinos que deben meses de renta y buscan quedarse en sus hogares.
La subvención de HUD de $20 millones, no proporcionará ningún tipo de alivio directo de alquiler; en cambio, financiará servicios legales y representaciones para familias que enfrentan órdenes de desalojo.
Los fondos también se pueden usar para ayudar a los propietarios a acceder a asistencia de emergencia para el alquiler y, en general, ayudarán a reducir la cantidad de casos en los tribunales de desalojo de todo el país.
Se espera que el programa de subvenciones ayude particularmente a las minorías, que están representadas de manera desproporcionada entre los desalojados, así como a los inquilinos con dominio limitado del inglés y las personas con discapacidades, dijo el departamento.
Los fondos se asignarán a través del Programa de subvenciones para la protección contra desalojos a 11 organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales, con subvenciones que oscilan entre $1 millón y $2.4 millones.
Los beneficiarios de la nueva ola de fondos incluyen a Pine Tree Legal Assistance de Portland, Maine, y la ciudad de San Antonio, Texas.
En noviembre pasado, HUD ya había asignado subvenciones a otras 10 organizaciones, con lo que ahora suman 21 las que podrán brindar este servicio.
Esta expansión respaldará programas estatales, regionales y locales adicionales en el noreste, el sur y el oeste de los Estados Unidos.
La secretaria de HUD, Marcia Fudge, describió la nueva financiación como una duplicación de un método comprobado para aliviar el daño financiero causado por la pandemia de covid-19.
“Necesitamos seguir haciendo todo lo que podamos para ayudar a las personas a mantener viviendas de calidad”, dijo Fudge en un comunicado.
“Sabemos que el acceso a los servicios legales y los programas de desviación de desalojos funcionan. Ayuda a las personas a evitar los desalojos y protege los derechos de los inquilinos”, agregó.
De acuerdo con el rastreador Evictions Lab, de la Universidad de Princeton, en lo que va de este año se ha registrado una tendencia preocupante del aumento en la tasa de solicitudes de desalojo.
El rastreador indica que en seis estados y 31 ciudades los propietarios han solicitado 855,963 desalojos desde mediados de marzo de 2020.
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