California votará para proteger constitucionalmente el derecho al aborto en las elecciones intermedias de noviembre
Abortar es legal bajo el amparo de la jurisprudencia de California, pero desde el Partido Demócrata han querido salvaguardar este derecho procurándole estatus constitucional
El debate sobre el aborto llega así hasta los comicios de noviembre en los que también se votará al gobernador de California. Crédito: David McNew | Getty Images
Los californianos votarán si la Constitución de su estado debe proteger explícitamente el derecho al aborto, después de que la Asamblea estatal aprobara incorporar esa pregunta en las elecciones de medio término previstas para el mes de noviembre.
Se trata de una enmienda constitucional presentada por el Partido Demócrata, que cuenta con mayoría en este órgano, y que salió adelante para garantizar la interrupción del embarazo y el acceso a anticonceptivos a cualquier gestante que se encuentre en suelo californiano.
La decisión llega tras la derogación, el viernes pasado, de la sentencia Roe vs. Wade (1973), por parte del Corte Suprema de Estados Unidos, que protegía el derecho al aborto en el país.
Abortar es legal bajo el amparo de la jurisprudencia californiana, pero desde el Partido Demócrata han querido salvaguardar este derecho procurándole estatus constitucional.
Un movimiento que continúa al realizado por el estado de Vermont (noreste), pionero en aprobar una enmienda constitucional de estas características.
El debate sobre la interrupción del embarazo llega así hasta los comicios de noviembre en los que también se votará al gobernador de California, alcaldes de las ciudades de este estado y la renovación del Congreso de Estados Unidos, entre otros cargos de responsabilidad.
Hasta ahora, los legisladores demócratas habían presentado dieciséis proyectos de ley en los últimos meses para, según palabras del propio gobernador Gavin Newsom, erigirse como “estado santuario” de los derechos reproductivos.
Newsom firmó el viernes uno de estos proyectos de ley por el que se comprometió a proteger a las clínicas de salud reproductiva que previamente hubieran sido llevadas a juicios de responsabilidad civil por prestar servicios a pacientes que viajan desde estados donde el aborto está penado.
De la misma forma, anunció una partida de 125 millones de dólares adicionales para facilitar la llegada de gestantes procedentes de estados antiabortistas y aprobó que ciertos centros puedan costear todo el proceso, sin exigir copagos a las mujeres.
En cuanto se hizo público el fallo definitivo del Supremo, California, Washington y Oregón, los tres estados que conforman la costa oeste de Estados Unidos, refrendaron su compromiso a blindar el derecho al aborto mediante una serie de acciones conjuntas que calificaron como “West Coast offensive” (la ofensiva de la costa oeste).
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