Shakira rechaza la última oferta de la fiscalía de Barcelona por las acusaciones de fraude fiscal que pesan sobre ella
Tras semanas de negociaciones, el equipo legal de Shakira ha rechazado la última oferta que le presentó la fiscalía de Barcelona, por lo que la cantante ahora podría ir a juicio por fraude fiscal.
Shakira. Crédito: Luke Walker | Getty Images
Shakira y la fiscalía de Barcelona llevaban semanas negociando un posible acuerdo para evitar que la cantante tuviera que ir a juicio por las acusaciones de fraude fiscal que pesan sobre ella desde hace años.
Sin embargo, y como ha podido confirmar la agencia estatal Efe, el equipo de la artista ha rechazado la última oferta que le ha presentado el ministerio público, que habría supuesto una rebaja de su condena pero, asimismo, la admisión de culpa por parte de la colombiana. Sus representantes emitieron un comunicado en el que han vuelto a defender la inocencia de la diva, así como su plena confianza en que el sistema judicial respaldará su versión de los hechos.
Shakira y sus abogados siempre han sostenido que ella actuó conforme a la legalidad, explicando que los impuestos que no pagó en España durante los años 2012, 2013 y 2014 fueron abonados en aquellos países a los que correspondían sus tributos. Sin embargo, tanto el juez instructor de su caso como la Audiencia Provincial de Barcelona dictaron que existían “indicios más que suficientes” para enjuiciar a la artista, quien ciertamente vivía en Barcelona durante esos años, junto a su ya ex pareja Gerard Piqué y los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha.
La resolución presentada por el último de los órganos mencionados determinó que Shakira tenía la “obligación legal” de tributar en España al margen de que su carrera profesional se desarrollara parcialmente en otros muchos lugares del mundo. Finalmente, la colombiana pagó a la Agencia Tributaria los más de 14 millones de euros que debía, así como elevados intereses, a fin de librarse de sus problemas legales. No obstante, el entramado de sociedades que habría creado para desviar fondos podría ser constitutivo de delito, siempre que así lo certifique el tribunal que se encargará de juzgarla ahora.
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