Juez reconoció que elementos de la Marina participaron en la desaparición de personas en Nuevo Laredo
La Fiscalía General de la República investiga 47 casos de desaparición en Tamaulipas, y en ellos se señalan a efectivos de la Marina como los responsables
En 2021 se giró una orden de aprehensión contra 30 elementos de la Secretaría de Marina relacionados con los hechos. Crédito: Pedro Pardo | AFP / Getty Images
En el estado de Tamaulipas se han registrado cientos de casos de desapariciones a manos del crimen organizado, sin embargo, parece que también las autoridades han sido responsables de este delito.
Así lo dio a conocer un juez mexicano al reconocer que elementos de la Secretaría de Marina participaron en al menos una de las 47 desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018 en la ciudad de Nuevo Laredo.
Todos estos casos son investigados por la Fiscalía General de la República, y en ellos se señalan a efectivos de la Marina como los responsables.
La desaparición en la que se comprobó la actuación de marinos es la del joven Adolfo Ángel Chigo Villegas, de 14 años, quien fue capturado el 1 de abril de 2018 por los soldados de la Armada, sin que hasta el momento se sepa su paradero.
Sobre ese hecho, cinco testigos relataron que los marinos se desplazaban en dos vehículos oficiales y una camioneta blanca, pero la dependencia ha negado el uso de unidades particulares.
Pese a esto, en un video se observa que en la base “El Laguito”, la misma desde la que partieron los marinos acusados de desaparecer a Ángel, había al menos una camioneta blanca sin rótulos oficiales.
Al respecto, la Secretaría de la Marina ha señalado que cooperan para cumplimentar las órdenes de aprehensión contra sus elementos, y que respetan lo que las autoridades decidan.
En julio de 2021, la Marina Armada de México presentó una disculpa pública por la desaparición forzada de personas, ejecución arbitraria y actos de tortura que se registraron entre los meses de febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo.
En esa ocasión, el contraalmirante Ramiro Lobato dijo que se había girado una orden de aprehensión a 30 elementos de la Secretaría de Marina relacionados con los hechos, y ofreció una disculpa a las familias de las víctimas.
A un año de esa disculpa y a pesar de las evidencias presentadas por Fiscalía, los jueces liberaron a 23 de los 30 marinos detenidos por este caso y frenaron la investigación contra el capitán César Luis N, uno de los mandos vinculados, al no acreditarse que viajara en alguno de los vehículos que detuvieron al joven Adolfo Ángel.
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