La Corte Suprema revisa un caso que puede destruir el derecho al voto de grupos minoritarios

La Corte Suprema escuchó el martes los argumentos en un caso que podría poner otro clavo en el ataúd de la histórica Ley de Derechos Electorales, aprobada por primera vez en 1965 y destinada a eliminar la discriminación racial contra los votantes minoritarios y garantizar su derecho al voto.

Desde 2013, la Corte Suprema anuló o mutiló sensiblemente dos veces partes importantes de la ley. Un intento por promulgar una nueva Ley de Derechos Electorales nombrada por el difunto representante John Lewis no pudo romper una maniobra obstruccionista del Partido Republicano en el Congreso.

Ahora, una vez más, la ley de 1965 está en el tajo, esta vez sobre la cuestión de cómo las legislaturas estatales pueden trazar los límites de los distritos del Congreso cuando los votantes del estado están distribuidos por raza.

En cuestión está el plan de redistribución de distritos del Congreso de Alabama adoptado por la legislatura estatal republicana después del censo de 2020.

Más de una cuarta parte de la población del estado es afroamericana, pero solo en 1 de 7 distritos los votantes de las minorías tienen una posibilidad real de elegir al candidato de su elección.

Los votantes afroamericanos se concentran en ese distrito, por lo que son una gran mayoría allí o se distribuyen en los seis distritos restantes, para que su poder de voto se diluya. Es una práctica conocida como “empaquetado y agrietado”.

La Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto prohíbe las reglas de votación que resultan en una denegación o reducción del derecho al voto debido a la discriminación racial.

El caso marca una de las disputas más importantes que la corte escuchará este término, ya que los jueces, incluida Ketanji Brown Jackson, la primera jueza afroamericana de la corte, consideran varios casos con implicaciones relacionadas con la raza.

Qué sucedió con los distritos electorales en Alabama

En enero, un panel de un tribunal federal de tres jueces dictaminó por unanimidad que que la configuración de distritos electorales era ilegal según la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, que garantiza a los grupos minoritarios igualdad de oportunidades para participar en el proceso electoral y que Alabama podría y debería haber creado dos distritos electorales compactos con una mayoría, o casi una mayoría, de votantes negros: dos distritos en lugar de uno solo.

El estado apeló a la Corte Suprema, que por una votación de 5 a 4 bloqueó el fallo de la corte inferior, que ordenó un nuevo mapa para las elecciones de 2022, a nueve meses de distancia. Eso fue demasiado para el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, un antiguo crítico de la Ley de Derechos Electorales, pero que esta vez disintió, junto con los tres liberales de la corte. Roberts dijo que no pudo encontrar “ningún error aparente” en la forma en que el tribunal inferior aplicó los precedentes existentes.

Contrarrestando ese argumento, los votantes afroamericanos de Alabama sostienen que el argumento del estado se reduce a una proposición al revés: que cualquier esfuerzo por erradicar la discriminación racial es inconstitucional porque autoriza a enfatizar consideraciones de raza en los mapas electorales.

Te puede interesar:

– El Tribunal Supremo acepta un caso que puede cambiar las elecciones en Estados Unidos
– ¿El aumento de población latina ayuda o no a fortalecer su representación en el Congreso en estados republicanos?
– Gerrymandering: quién fue el político que le da el nombre a una de las trampas electorales más famosas del mundo