Sin derecho a intimidar: leyes federales y estatales protegen a los votantes en las elecciones
Una guía del Centro Brennan compila las leyes que protegen a los votantes y a los funcionarios electorales
El derecho al voto es fundamental en la democracia de Estados Unidos. Crédito: CHRIS DELMAS | AFP / Getty Images
A medida que se acerca el día de las elecciones de 2022, muchos votantes y trabajadores electorales están cada vez más preocupados por las amenazas de intimidación promovidas por actores oficiales y privados, tanto en las urnas como fuera de ellas.
Tanto la ley federal como la estatal son claras: intimidar a los votantes o a los trabajadores electorales durante las elecciones es ilegal.
Desde 2020, ha habido más amenazas, politización y violencia en torno al proceso electoral.
Si bien estas no son preocupaciones nuevas, las fuentes y los objetivos de estas amenazas cambiaron en 2022. Afortunadamente, hay muchas leyes federales y estatales que abordan la intimidación y son lo suficientemente flexibles para dar cuenta de nuevas situaciones y los funcionarios electorales y las autoridades están trabajando para garantizar elecciones libres y justas.
Los funcionarios estatales que buscan combatir un aumento en la intimidación de los votantes durante las elecciones intermedias, pueden encontrar protección en una ley contra la discriminación de hace 57 años, según expertos en derechos electorales.
La Ley del Derecho al Voto de 1965 es la protección civil más fuerte a nivel federal, según Sean Morales-Doyle del Brennan Center for Justice, una organización no partidista y sin fines de lucro, que el viernes lanzó una nueva guía que describe las leyes clave contra la intimidación en las elecciones.
“La Ley de Derechos Electorales de 1965 no requiere la intención de intimidar para probar la violación de esa ley”, dijo Morales-Doyle, director del programa electoral y de derechos electorales del Centro Brennan en una entrevista en NPR. “Entonces, la persona que está intimidando no tiene por qué tener la intención de intimidar”.
Otra ley federal, la Ley del Ku Klux Klan de 1871, que es de cuando el Congreso aprobó leyes para tratar de impedir que grupos como el Ku Klux Klan intimidaran a los votantes, es también una salvaguarda para los votantes que sigue en vigor.
Y la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe la intimidación de personas por registrarse o intentar registrarse para votar.
La publicación de la guía del Centro Brennan se produce cuando las afirmaciones infundadas de fraude electoral de 2020 han provocado un aumento de las amenazas contra los votantes y los trabajadores electorales en varios estados.
En la última semana, 10 casos de presunta intimidación de votantes en ubicaciones de buzones en Arizona fueron remitidos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento, luego de que testigos informaran que numerosas personas, algunas armadas y con “ropa de camuflaje”, filmaron y fotografiaron a los votantes cuando regresaban sus papeletas.
La nueva oferta del Centro Brennan, a la que denomina “Guía de recursos sobre intimidación de votantes y trabajadores electorales”, describe las protecciones legales federales y estatales comunes para los votantes y la votación, así como una descripción general de las leyes federales aplicables e información sobre las leyes específicas estatales de Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Wisconsin.
A raíz de la supuesta intimidación de votantes en Arizona, Arizona Alliance for Retired Americans y Voto Latino presentaron una demanda esta semana acusando a los presuntos perpetradores, así como a Clean Elections USA y a la fundadora del grupo, Melody Jennings, de llevar a cabo una “vigilancia coordinada campaña de intimidación” con el “propósito expreso de disuadir a los votantes… de depositar sus boletas”.
El viernes, un juez federal rechazó la moción de los grupos de defensa para que emitiera una orden de restricción temporal contra CEUSA, Jennings y los diez perpetradores acusados no identificados, pero no cerró el caso.
Existe una variedad de leyes estatales y políticas locales que impiden la mala conducta de actores privados u oficiales en las urnas y más allá. Estas leyes y políticas actúan como salvaguardas para los votantes y trabajadores electorales contra la intimidación.
