DeSantis es demandado en Florida por el envío de inmigrantes a Martha’s Vineyard
Una demanda más en contra del gobernador de Florida, la cual fue interpuesta en el Tribunal de Distrito Sur de Florida por parte de organizaciones por el envío de migrantes a Massachussets
Ron DeSantis es demandado en Florida por organizaciones que protegen a los migrantes. Crédito: Joe Raedle | Getty Images
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida por el envío de inmigrantes venezolanos con falsas promesas desde Texas a una isla Martha’s Vineyard en Massachussets, estado donde también enfrenta una demanda colectiva por parte de los afectados.
El Centro de Leyes de Pobreza del Sur (SPLC), Leontire & Associates, P.C. y el Instituto de Justicia Penal (CJI) de la Facultad de Derecho de Harvard presentaron una demanda federal en el Tribunal de Distrito Sur de Florida contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Jared W. Perdue, secretario del Departamento de Transporte de Florida.
Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida de $12 millones de dólares, se trasladó a 50 migrantes en su mayoría venezolanos, desde San Antonio, Texas a la isla Martha’s Vineyard en Massachusetts es inconstitucional.
“Florida está usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración“, alegan en la demanda, la cual argumenta que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de “acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional”.
George J. Leontire, director de Leontire & Associates expresó que, “la Constitución protege a los inmigrantes de la discriminación basada en la raza y el origen nacional y del trato arbitrario por parte del gobierno. Nuestra queja detalla que el plan del gobernador DeSantis infringe tanto la cláusula de supremacía como la cláusula de igual protección de la 14.ª Enmienda a la Constitución de los EE.UU. y, por lo tanto, es inconstitucional”.
Cuando se conoció el envío de los inmigrantes a Martha’s Vineyard y estalló la polémica, DeSantis defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del Gobierno del presidente Joe Biden, que según explicó, deja las fronteras de EE.UU. “abiertas” a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.
El gobernador republicano señaló que los inmigrantes que se encontraban en un albergue en Texas tras solicitar asilo político en la frontera viajaron a Martha’s Vineyard voluntariamente, pero los migrantes aseguran que abordaron el vuelo a Massachusetts bajo falsas promesas de trabajo y refugio.
El grupo de abogados de Massachussets que representa a los migrantes que decidieron realizar una demanda colectiva federal en contra de Ron DeSantis, hicieron algunas modificaciones a los documentos en donde agregaron al jefe de gabinete del gobernador, James Uthmeier.
En la demanda enmendada también está Perla Huerta señalada como la persona que encabezó las falsas promesas, Lawrence Keefe de Seguridad Pública de Florida, la empresa de aviones que los trasladó y su director general.
El organismo de control del Departamento del Tesoro de EE.UU. investiga, por su parte, si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de covid-19 para pagar los vuelos.
En Texas un alguacil abrió una investigación sobre el vuelo desde San Antonio y en Florida el senador estatal demócrata Jason Pizzo planteó una demanda para evitar que DeSantis use más dinero en la reubicación de inmigrantes, pero fue desestimada por motivos técnicos.
Pese a esta polémica, los votantes de Florida le dieron a DeSantis cuatro años más de mandato en las elecciones intermedias celebradas en noviembre. Una encuesta previa a las votaciones mostró que los votantes estaban de acuerdo con la reubicación de inmigrantes.
“El programa de reubicación no es más que un costoso truco político diseñado para alimentar las ambiciones políticas del gobernador DeSantis con una dieta de acoso xenófobo patrocinado por el estado”, expresó Ronald S. Sullivan, Jr., director del Instituto de Justicia Penal de la Facultad de Derecho de Harvard.
Con información de EFE
