México confía en que apelación en tribunal contra productoras de armas de Estados Unidos avance para bloquear poder letal de cárteles

El Gobierno mexicano confía en que la demanda contra productoras de armas avance en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, ya que eso permitiría enfrentar mejor el tráfico de armas que empoderan a cárteles en México.

“Desde el inicio del litigio sabíamos que cualquiera de las partes apelaría la decisión de la Corte”, dijo Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana. “El Gobierno de México tiene confianza en los argumentos que hemos presentado ante la Corte de Apelaciones”.

La demanda original de México fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, donde el juez Dennis Saylor decidió a favor de las empresas productoras, que reclamaron que ese tribunal no tenía jurisdicción para atender la querella.

Dicha decisión ocurrió incluso después de que organizaciones civiles, expertos en derecho, 13 entidades de los Estados Unidos y los gobiernos de Antigua & Bermuda y Belice respaldaran la demanda del Gobierno mexicano contra productoras de armas.

Los argumentos de los “amigos de la corte” que apoyaron al Gobierno mexicano se centran en los peligros que representan las prácticas de ventas y distribución de armas por 10 empresas: Smith & Wesson Brands Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp., Glock, Inc., Sturm Ruger & Co., Witmer Public Safety Group, Inc., Baretta Holdings SPA, Glock Ges. m.b.H., y Colt’s Manufacturing Co. LLC.

Ahora, dijo Celorio, se espera una decisión favorable en el Tribunal de Apelaciones.

“Un resultado favorable permitirá que el Gobierno de México pueda probar que las prácticas comerciales de la industria de las armas en Estados Unidos facilitan activamente el tráfico de sus armas de fuego a territorio mexicano”, expresó el experto a este diario.

Tras la decisión del juez Saylor, el Gobierno mexicano presentó una demanda en Arizona, donde los productores de armas aplicarían el mismo argumento.

Las decisiones en procesos de apelaciones pueden tardar entre tres y seis meses, luego de una audiencia donde las partes exponen sus posturas sobre el caso.

Armas empoderan a grupos criminales

México ha argumentado que el 80% de las armas traficadas a México provienen de los EE.UU., mientras el otro 20% de Europa.

Se estima que 500 y 800 mil armas ingresan en forma ilícita a México desde los Estados Unidos, según reportes de la SRE con base en otros estudios.

Un caso reciente sobre el tráfico de armas para cárteles mexicanos ocurrió esta semana, cuando el Departamento de Justicia reveló el arresto de dos estadounidenses por intentar enviar más de 90 rifles de asalto y lanzagranadas a miembros del narcotráfico.

Yuendry Rodríguez Hilario, de 28 años, y Saleh Yusuf Saleh, de 24, residentes de Cleveland, fueron acusados por el delito de tráfico de armas por la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, luego de que fueran descubiertos intentando enviar a un cártel de la droga en México estaba compuesto por decenas de fusiles AR-15 y AK-47, así como lanzagranadas.

“La mayoría de las armas provienen de Estados Unidos y no sólo es fácilmente comprar las armas, si no que a las empresas a las que estamos demandando que son las más grandes Smith & Wesson, Glock, Colt”, explicó Celorio en una entrevista previa a este diario en junio de 2022. “Estas empresas sabiendo que sus productos los utilizan criminales y organizaciones del crimen organizado en México no hacen algo para evitarlas”.

Acciones paralelas

Además de este esfuerzo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha empujado una agenda contra armas con el presidente Joe Biden, logrando integrar el tema en el Entendimiento Bicentenario contra el crimen organizado.

El Gobierno mexicano también celebró el nuevo decreto firmado por el presidente Biden para endurecer las revisiones del historial de una persona que adquiere armas.

“El Gobierno de México reconoce la decisión del presidente Biden de incrementar revisiones de antecedentes no penales para las personas que deseen adquirir armas, difundir información sobre aquellos vendedores de armas de fuego que violen la ley, así como analizar la manera en que la industria de las armas promueve sus productos al mercado civil haciendo alusión a actividades militares”, expresó la SRE.