Migrantes en Florida, entre la resistencia y la fuga

El 1 de julio entrará en vigor una de las leyes antiinmigrantes más duras y muchos indocumentados no saben qué hacer

Migrantes en Florida, entre la resistencia y la fuga

Estela, migrante mexicana, en campos de cultivo de Florida. Crédito: Estela Martínez | Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO- Estela Martínez se aferra a lo positivo mientras maneja un tractor en los campos de Florida: sabe que su patrón la necesita para sacar adelante la cosecha de col, de pepinos y otras verduras, aunque esta convicción no logró persuadir a su sobrino quien ya está haciendo maletas para irse lo más lejos posible hacia el norte, a un lugar menos hostil.

“Yo me voy a quedar”, cuenta Estela en entrevista telefónica con este diario sobre la realidad en el estado donde los indocumentados están a punto de ser blanco de una de las leyes más duras en contra de la inmigración en Estados Unidos que entrará en vigor el próximo 1 de julio. 

“Estoy optimista de que no será tan malo como se dice, pero tengo un poco de miedo igual que otras trabajadoras. Me doy cuenta porque se siente la tensión rumbo al trabajo, la muchacha que nos da raite van con el Jesús en la boca para que nos vayan a detener”.

La mala vibra empezó antes de la entrada en vigor de la ley SB1718 que firmó el gobernador Ron DeSantis el 10 de mayo pasado y que obligará a las compañías de más de 25 empleados a comprobar en una base de datos federal (E-verify) el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas y sanciones.

Quienes no tengan una licencia de conducir del estado tampoco podrán tomar el volante por las carreteras de Florida y en los hospitales públicos habrá un papeleo de ingreso en el que se incluirá una pregunta sobre el estatus migratorio.

El poder conducir su propio coche ni siquiera para trasladarse y “partirse el lomo” bajo el inclemente sol y la humedad de Florida terminó con la paciencia del sobrino de Estela Martínez. El muchacho de 25 años no tiene familia en el estado, sino en la Chimalhuacán, la zona conurbada de la Ciudad de México, de donde es oriunda la familia y no tiene inconveniente de irse.

“En cambio yo estoy más complicada”, reconoce Estela. “Mi hija no se quiere ir porque ella nació aquí y toda su vida ha estado aquí, le gusta el calor y no quiere irse al frío de Nebraska, donde podríamos irnos porque allá tengo familia”.

La resistencia

Florida tiene una población de alrededor de 22.2 millones de habitantes, de los cuales, unos 772,000 son migrantes indocumentados cuya fuga podría generar pérdidas anuales por alrededor de 12,600 millones de dólares para la economía por la falta de mano de obra y consumo y por la reducción de impuestos, según coinciden centros de estudio como el Migration Policy Institute.

Yesica Ramírez, activista de la Farm Worker Association of Florida, dice que por esta realidad aunque muchos políticos han permanecido callados, lo cierto es que han dado todo el apoyo para la resistencia, entre ellos, alcaldes y alguaciles, igual que muchos dueños de granjas agrícolas.

“El otro día llegó a nuestras oficinas el dueño de una empresa. Era un gringo. Yo me quedé admirada de ver que nos pedía que ‘por favor’ fuéramos a hablar con la gente (indocumentada) porque estaban yéndose y él no quería que se fueran”, cuenta. 

“Yo le pregunté que si iba a despedirlos cuando entrara en vigor la ley y dijo que no y fue entonces que decidimos apoyarlo porque no queremos que ningún empleador los despida”. 

Ese tipo de señales son las que dan fuerza a los opositores de DeSantis, el gobernador republicano de 44 años que le hace competencia al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana con medidas radicales contra la inmigración. 

El año pasado, DeSantis envió a dos grupos de venezolanos indocumentados desde la frontera en Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos a bordo de dos aviones privados con presupuesto de un programa de traslado de migrantes que este año fiscal recibirá 12 millones de dólares con la entrada en vigor de la SB1718.

La batalla no es fácil, pero tampoco imposible, dice Yesica Ramírez, por lo que la Farm Worker Association of Florida, va con todo, junto con otras organizaciones que cuentan con aliados en el congreso, donde se quitaron dos medidas que sí hubieran expulsado en masa a los indocumentados del estado. 

La penalización a quien rentara una casa a indocumentados o los transportara dentro de Florida ya no será posible.

¿Qué sigue?

Estela Martínez tiene claro que no se irá a vivir a Nebraska, pero tampoco a la Ciudad de México. A sus 56 años tiene que tomar decisiones contundentes con base en experiencias de vida y éstas dictan que su país no es la mejor opción aunque tiene tres hijos allá.

“Entre 2003 y 2005 volví después de estar dos años en EEUU pero el dinero que ganaba vendiendo verduras no alcanzaba para nada”.

Por eso volvió para sembrarlas en Florida. “Es hermoso verlas crecer y de vez en cuando ayudo a mis hijos porque la economía no está bien allá”, resume y se aferra: participará en el paro de labores en el estado del próximo 1 de junio denominado “Un día sin mexicanos” y otras acciones de la comunidad que se están organizando.

La  Farm Worker Association of Florida, en voz de Yesica Ramírez, concluye que, por ahora, lo más urgente es combatir la desinformación y junto con el consulado de México realizan talleres para que conozcan sus derechos y no se guíen por rumores o falsa información que proviene de las redes sociales, de la misma comunidad y hasta de las oficinas de gobierno.

Hace unos días, autoridades escolares pidieron a una madre indocumentada una lista de requisitos para inscribir a su hijo ciudadano a la escuela, entre ellos una identificación de ella, pero no le aclararon que no tenía que ser oficial y la mujer entró en pánico. “Si no puedo inscribir a los niños a la escuela tengo que irme”, se quejó alarmada.

En otra ocasión, la organización recibió varias llamadas de Apopka y sus alrededores sobre la presencia de agentes de ICE pero, cuando los activistas fueron a verificar en la zona, se dieron cuenta de que eran policías forestales. 

“Hay que estar muy atentos e informados más importante es no caer en pánico”, alerta Ramírez.

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